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Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) fue intervenida, privatizada y desguazada. Sólo sobrevivieron las 21 hectáreas de Costanera Sur, donde ahora se levanta el  Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR). La escuela de aprendices, donde se formaron los operarios que daban vida a los talleres navales, no logró capear la embestida. Su ubicación era privilegiada y el verdadero hueso del negocio: ocho hectáreas en el barrio porteño de Retiro, donde se iban a levantar varias torres con inspiración neoyorquina. Finalmente el negocio no prosperó. Tampoco la causa judicial por  defraudación al Estado y administración infiel, que el juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral cuando ya había prescripto. Eso fue lo que denunciaron ante el Consejo de la Magistratura los abogados de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) cuando pidieron su juicio político, en mayo de 2011.

“Venimos a formular denuncia contra el juez Claudio Bonadio, a quien consideramos pasible de enjuiciamiento por haber incurrido, claramente, en la causal de mal desempeño de su función, prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional”, indicaron las organizaciones de abogados y pidieron la apertura del procedimiento de remoción del juez ante el Consejo de la Magistratura y solicitaron que se ordene su suspensión como magistrado. Se trata de una de los nueve expedientes abiertos en ese cuerpo, donde se pone en cuestión su labor como magistrado.

La causa se había iniciado en 1999, el primer llamado a declarar fue en septiembre del 2000. Eso ocurrió mientras la causa tramitó en el Juzgado Federal 2. Pero el 5 de diciembre de 2002, el expediente fue remitido al Juzgado 11, a cargo de Bonadío,  “y comienza la demora inexplicable”, precisaron en la denuncia que lleva las firmas de Ezequiel Nino (ACIJ) y Pedro Biscay (CIPCE).

“A tal punto (se produjo la demora) que recién en diciembre del año 2006 tuvo por concluida parcialmente la etapa preparatoria y en el mismo mes se requirió la elevación a juicio por la titular del Ministerio de Defensa, la Oficina Anticorrupción y el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, demostrando un claro interés en la prosecución de la causa. Sin embargo, el dictado de auto de elevación a juicio recién fue a fines del año 2009”, señalaron los abogados.

La decisión de Bonadio se concretó casi dos años después de la muerte de Erman González, quien falleció el 2 de febrero de 2007, a los 71 años. Había sido ministro de Acción Social, Economía, Defensa y Trabajo y tenía varias causas abiertas. Por una de ellas llegó a estar siete meses preso: el caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.

La presentación avanzó y Bonadio realizó su descargo por escrito en el marco del artículo 20 de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. Rechazó las acusaciones de “inactividad”, puso en duda la capacidad de las agrupaciones de abogados para cuestionar su labor en la causa “Boffil, Alejandro y otros s/ defraudación contra el Estado Nacional”, donde se investigaba la venta de acciones al consorcio Marítimo S.A., que adquirió el 90 por ciento de las acciones del astillero Tandanor pero no pagó ni el 20 por ciento de lo prometido.

En el escrito de 75 páginas, Bonadio dijo que la prescripción había sido definida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, que había señalado que como los hechos en cuestión databan de 1993 la causa tenía fecha de prescripción en 1999. “Si el hecho estaba prescripto al momento de haberse recibido la causa en el Juzgado Federal N° 11 a mi cargo, el reproche podría ser que se tramitó una causa prescripta, pero ése no es el caso”, escribió Bonadio.

“Los procesos por corrupción por lo general son extensos por los peritajes y la producción de pruebas que requieren, pero en estos casos notamos un accionar dilatorio muy particular”, explicó la abogada de ACIJ María Victoria Gama, que lleva el expediente en el que denunciaron a Bonadio por mal desempeño, que detalla –entre otros puntos- que el magistrado demoró más de cuatro años en llevar adelante la investigación que, finalmente, prescribió.