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El Ministerio Público Fiscal (MPF) instruyó a sus fiscales para que cuenten con la colaboración de los profesionales de las brigadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que asisten a las víctimas de violencia de género y/o intrafamiliar. Desde su creación en 2006, el programa “Las Víctimas contra las Violencias” del que dependen estos equipos lleva un registro de sus intervenciones en casos de violencia sexual, de género e intrafamiliar.

“Con lo que aportemos, el instructor de la causa puede apuntar a reconstruir una historia de agresiones”, dijo a Infojus Noticias Jimena Navas, coordinadora del equipo que asiste a las víctimas de violencia intrafamiliar. El programa acumula antecedentes de agresiones que no fueron denunciadas judicialmente por las víctimas, denuncias de vecinos y otros datos que pueden resultar valiosos para los operadores judiciales. Con esta información “no van a investigar el cachetazo que recibe una mujer como si fuera un hecho aislado”, concluyó Navas.

En el marco de sus actividades de articulación interinstitucional el Programa sobre Políticas de Género del MPF solicitó al programa ministerial o “Línea 137” un detallado informe sobre el funcionamiento de estas brigadas y lo hizo llegar a los fiscales. El documento especifica qué elementos de prueba pueden reunirse a partir de la actuación de la Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y la de Atención a Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual.

Mensualmente el programa sistematiza los datos de sus intervenciones. En diciembre de 2013 los operadores de la línea 137 atendieron 1422 llamadas. En 584 casos era la segunda, tercera o más veces que recibían un pedido de auxilio, orientación, contención, información y ayuda.

Al atender esos llamado si los operadores detectan un grado de emergencia una brigada se desplaza hasta el lugar. Un equipo de psicólogos y trabajadores sociales -acompañados por dos oficiales de la Policía Federal a cargo de la seguridad- se acercan para brindar asistencia a las víctimas. “Cuando llegamos vemos cosas que no aparecen en otro momento: encontramos a los chicos escondidos debajo de una cama o de una mesa y a las mujeres con la ropa destrozada o ensangrentadas”, explicó Navas. Según los datos registrados por el programa, alrededor de 90% de los agresores son hombres que mayormente tienen entre 19 y 40 años.

La prioridad de los profesionales es escuchar a las víctimas. “Hemos hecho entrevistas encerradas en un baño, en un shopping o arriba de un auto, en cualquier lugar donde la mujer se sienta cómoda y segura para hablar”, dijo Navas. La referente de las brigadas explicó que aún si la víctima decide no denunciar judicialmente el caso queda registrado y los datos que allí se consignan pueden ser valiosos para futuras intervenciones.

Navas aclaró que la penal es la vía más rápida para la protección de las víctimas. Para denunciar ante la justicia civil -que puede ordenar una medida de exclusión de hogar o prohibición de acercamiento del agresor- las mujeres deben esperar a que el juzgado esté abierto. Esto es: solo pueden hacerlo los días días y horas hábiles (de lunes a viernes de 7 a 1.30, menos los días feriados). “Si las agarra un fin de semana o un mes como diciembre, con gran cantidad de asuetos, no tienen donde recurrir”, explicó Navas y agregó que muchas veces para que las atiendan deben esperan entre 8 y 10 horas sin comer, ni dormir y con las marcas de la violencia en sus cuerpos.

Excepcionalmente la justicia penal puede ordenar esas mismas medidas para proteger a la mujer y sus hijos e incluso detener al agresor. Esto es importante, porque, en general, la red de contención social de estas mujeres es nula o está muy deteriorada. “Justamente los agresores suelen alejarlas de cualquier vínculo”, explico Navas. “Nos hemos encontrado con mujeres que prácticamente viven encerradas en sus casas, que han dejado o perdido trabajos, e incluso amigos”.

En este contexto, las autoridades del programa evalúan como fundamental que la justicia penal tome cartas en el asunto. “Esta interpretación depende de una concepción política: los operadores judiciales deben entender que estamos ante un delito y no frente a un conflicto familiar de puertas adentros”, precisó Navas. La formación de jueces y fiscales preparados para detectar las formas que adquiere la violencia de género es un factor fundamental para preservar a las mujeres y niños que padecen al agresor.

Actualmente el programa del ministerio de Justicia y Derechos Humanos –a través de la línea telefónica 137 que funciona las 24 horas- asiste a víctimas en la Ciudad de Buenos Aires, Posadas en Misiones y Resistencia en Chaco (en estos casos con intervención en interior del territorio provincial). Los operadores telefónicos además asisten y brindan orientación a quienes se comunican desde otras provincias, pero la conformación de equipos con posibilidad de asistir a las víctimas en sus domicilios o donde ellas lo requieran es una experiencia novedosa y única.