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“La gravedad de los hechos exigía otro tipo de respuesta en términos temporales”. Eso dijo la jueza porteña Cristina Lara sobre la causa que tuvo durante cuatro años imputados a los militantes sociales Diosnel Pérez Ojeda y Luciano “El Tano” Nardulli, acusados de “usurpación” y de ser organizadores de la toma del Parque Indoamericano en diciembre de 2010. Hoy se conocieron los fundamentos de la sentencia que la semana pasada los absolvió. “La prueba para acusarlos era bien poca”, remarcó la jueza.

Unas 118 páginas debió escribir la jueza Lara para fundamentar la absolución de los acusados porque “los hechos históricos que aquí se debatieron, produjeron en su momento una enorme conmoción social que tuvo en vilo a la sociedad en su conjunto”, explicó la jueza que llevó adelante el juicio.

También tomó nota de algo que se vio durante todas las audiencias que se realizaron desde el 16 de octubre pasado y que culminó el 3 de noviembre. Esto es “la falta de implementación de la ley 1770, comúnmente denominada ‘De urbanización’”, donde tanto los imputados como los testigos “han coincidido en que pese a que esta norma fue sancionada en el año 2005 sistemáticamente y sucesivamente fue incumplida por el Estado a través de tres administraciones gubernamentales”.

Un incumplimiento que para la jueza “atenta deliberadamente contra el acceso a una vivienda digna” porque “la desesperación, el dolor y la discriminación, son sensaciones o sentimientos que no son experimentables por vía de la imaginación”.

Lara también fue muy dura en sus fundamentos con la actuación de los fiscales que actuaron en la causa, el fiscal general adjunto Luis Cevasco y la fiscal Celsa Ramírez. También coincidió con los dichos de la defensa, que sostuvo que los fiscales no señalaron en qué consistió “la organización endilgada a los  imputados”. La jueza sostuvo que “la prueba reunida por la Fiscalía para sostener la acusación en contra de estas dos personas, era bien poca”.

“La gravedad de los hechos exigía, al menos desde este Poder Judicial, otro tipo de respuesta en términos temporales”, agregó ensayando una especie de autocrítica sobre el camino de esta causa. Por todo esto, y “ante la falta de convicción para afirmar la existencia del hecho imputado a Luciano Nardulli y Diosnel Pérez Ojeda, se impone la absolución de los encartados”, concluyen los fundamentos de la sentencia.

El Parque Indoamericano fue tomado por familias de las distintas villas que conforman la Comuna 8 de la CABA, aledañas al predio. Reclamaban soluciones habitacionales acorde a lo estipulado por la Ley 1770 de Urbanización. La Policía Metropolitana, con refuerzos de la Federal, realizó un operativo que desembocó en una fuerte represión y dejó un saldo de dos muertos: Rosemarie Chura Puña y Bernardo Salgueiro.

"Esta fue una victoria a medias del pueblo. Será completa cuando se juzgue a los responsable de los asesinatos de nuestros compañeros”, dijo a Infojus Noticias Nardulli apenas conoció la decisión de la justicia y su absolución.  “En vez de estar acá, deberíamos estar con los compañeros de la villa, que tienen el agua hasta los colchones. La tormenta les ha volado los techos”, expresó Pérez Ojeda.