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Diosnel Pérez y Luciano “El Tano” Nardulli, los dos militantes sociales acusados de organizar la toma del Parque Indoamericano en 2010, fueron absueltos por la jueza contravencional y de faltas Cristina Lara por “no haberse podido comprobar los delitos que se les imputaban”. 

“Esta fue una victoria a medias del pueblo. Será completa cuando se juzgue a los responsable de los asesinatos de nuestros compañeros”, dijo a Infojus Noticias El Tano Nardulli apenas salió de la Sala de Audiencias 5 de los tribunales porteños. Diosnel, emocionado se mostró conforme con el veredicto: “En vez de estar acá, deberíamos estar con los compañeros de la villa, que tienen el agua hasta los colchones. La tormenta les ha volado los techos”, dijo.

"Hace cuatro años que somos perseguidos"

Antes de la lectura del veredicto, tanto Pérez como Nardulli tuvieron la oportunidad de dirigirse a la jueza en sus últimas palabras. El primero en hablar fue Nardulli. Enfático en sus dichos, dijo sentirse un “perseguido político”: “Hace cuatro años que somos perseguidos por cuestiones políticas, ningún testigo de la Fiscalía nos pudo señalar”, dijo.

A su turno, Diosnel Pérez sacó de un sobre color madera una foto en al que se lo ve sosteniendo una rata de la cola: “Yo quisiera saber si al señor fiscal le pasa por encima una rata como esta, si no va a salir a pelear por sus derechos”, dijo.

Ambos hicieron uso de la palabra con el mismo eje: ellos estaban ahí por una política clara del Gobierno de la Ciudad de “criminalización de la pobreza y de la protesta”. Fue Nardulli el que interpeló a la Justicia para hacer notar que el Gobierno de la Ciudad no cumple la ley de urbanización pero nunca lo han llevado ante tribunales. De igual forma, Diosnel pidió que la Justicia actúe para poner tras las rejas a los policías que asesinaron a sus compañeros en la represión desatada sobre el Indoamericano para disolver la toma de tierras.

El fiscal General Adjunto de la Ciudad Luis Cevasco, había pedido una condena de dos años de prisión en suspenso para los dirigentes porque “carecen de antecedentes” y tienen una “actitud solidaria”.  En su alegato, intentó demostrar que los dirigentes populares habían participado de la  “organización” y tuvieron “participación activa”. El fiscal dividió en dos hechos la acusación: la toma, que según sus dichos, se inició el 6 de diciembre y la posterior “re-toma” que fue el 8.

Sin elementos para condenar

La jueza entendió que los hechos se dieron en esa cronología, pero que no hubo elementos para poder condenar a los militantes por el delito de usurpación. “Lo único que hicimos fue llevarle comida y agua a la gente que estaba bajo el sol con 35 grados de calor, eso no es un delito es ser humanos”, dijo Diosnel en sus últimas palabras.

El veredicto fue recibido con aplausos y abrazos por los acusados, y sus compañeros y familiares. “Estoy  muy emocionado, todo fue muy injusto, los que me conocen saben quién soy”, decía Diosnel.  Afuera, bajo la lluvia torrencial, militantes de la Corriente Clasista y Combativa y del Frente Popular Darío Santillán habían esperado el resultado del juicio con cánticos de apoyo a sus compañeros, y pudieron abrazarlos al salir. 

El debate terminó la semana pasada después de siete audiencias: una de ellas había sido suspendida porque, por la lluvia, Diosnel no pudo salir de su casa en la villa 20.

El Parque Indoamericano fue tomado por familias de las distintas villas que conforman la Comuna 8 de la CABA, aledañas al predio. Reclamaban soluciones habitacionales acorde a lo estipulado por la Ley 1770 de Urbanización. La Policía Metropolitana, con refuerzos de la Federal, realizó un operativo que desembocó en una fuerte represión y dejó un saldo de dos muertos: Rosemarie Chura Puña y Bernardo Salgueiro.

A Nardulli y a Pérez se los acusaba del delito de "usurpación" en  la toma del predio de Villa Soldati. El viernes declararon los últimos testigos y las partes expusieron sus alegatos. Para la fiscalía los acusados tuvieron una “participación activa”, mientras que para la defensa el juicio fue “una persecución política del  ministerio Público Fiscal y del gobierno de la Ciudad”.

 “Seguimos confirmando que se trata de una acusación imprecisa y vaga”, había replicado Paula Quinteros.  Durante su alegato, firme y cuidado, sintetizó que “lo que hemos escuchado no tiene relevancia penal”. Sostuvo que “la gente actuó en un estado de necesidad” y sobre los acusados dijo que “nunca se los acusó a ellos de manera directa por ocupar” lo que se suma a que “ninguno de los testigos los ubicó como organizadores”.