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Elena Liberatori, jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad, ordenó ayer que se suspendan las medidas disciplinarias anunciadas en una circular que emitió el Ministerio de Eduación de la ciudad de Buenos Aires como reprimenda a las tomas escolares por la reforma de los planes de estudio. La jueza consideró que violan el derecho de los estudiantes a la educación e implican “gravedad institucional” porque crean una sanción posterior a los hechos y no tiene en cuanta procedimientos democráticos de resolución de conflictos. "Se ha concretado una grave afectación en los derechos de los alumnos que resulten alcanzados por la punición ministerial", sostiene la jueza en una sentencia emitida ayer.

La circular indicaba la suspensión de las actividades extraescolares para los alumnos que tomaran los colegios secundarios: “no podrán participar de actividades extraescolares como campamentos, torneos, competencias, congresos, encuentros, salidas, viajes de investigación u otros. Asimismo, se debe hacer saber la medida a los organizadores de los torneos, competencias o de las actividades enunciadas precedentemente que involucren a alumnos pertenecientes a escuelas en situación de toma”, decía la circular emitida por la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación porteño.

La medida de Liberatori llegó en respuesta a un recurso de amparo presentado por José Machain, integrante del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Legislatura de la Ciudad. Este pedido argumentaba que las sanciones violan el derecho a la educación de los jóvenes ya que “las actividades prohibidas constituyen parte del proceso pedagógico formal”. Y que además la medida se aplicaba sobre los chicos “sin posibilidad de defensa ni recurso”.

El fallo de la jueza argumenta que antes de las tomas no existía ninguna norma que fijara el castigo que se impuso. “No existe ley previa que contemple el castigo que la autoridad educativa ha creado para la situación”. Por lo tanto, “estamos ante un caso de gravedad institucional por el cual una autoridad de inferior rango jerárquico pretende sancionar inventando la sanción de no participación en eventos.”

Liberatori también sostiene que las sanciones "adoptan criterios de acción que no condicen con una sociedad democrática y republicana plasmados en la Constitución de los porteños, tales como consultar y escuchar a los alumnos a la hora de los conflictos".

Respecto al derecho a la educación, Liberatori argumentó que "al prohibir la participación en una actividad deportiva o de estudio e investigación, está afectando de modo grave el proceso pedagógico de los destinatarios de tan singular decisión punitiva".

Además, la jueza considera que lejos de resolver el conflicto este tipos de sanciones “tiende por cierto a agravar la situación de crisis generada por las actitudes estudiantiles al efectuar la toma de su colegio. En suma, añade nafta al incendio".

La medida no afecta a los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires ya que esta institución no depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sino de la Universidad Nacional de la misma ciudad.