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Un imputado y un perito de parte declararon hoy en el juicio oral y público por la tragedia ferroviaria de Once donde murieron 52 personas y 789 resultaron heridas.  Ayer se cumplieron tres años de ese día.  La causa judicial tiene 29 imputados, entre ellos el motorman de la formación accidentada, Marcos Córdoba, y los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. El juicio comenzó en marzo del año pasado y se estima que podría haber sentencia en septiembre próximo.

Frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nª 2 declararon Antonio Eduardo Sícaro, ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y el perito de parte,  Carlos Alfredo Díaz, convocado por la defensa de Córdoba.

Sícaro comenzó ampliar su declaración indagatoria a las 10:45 y habló durante las siguientes dos horas. Visiblemente desganado, apoyado sobre la mesa que tenía delante y sobre la que tenía el micrófono respondió primero las preguntas del fiscal Fernando Arrigo, después las de la querella Nª 3 y luego las de las defensas.

Sus repuestas fueron escuetas y varias veces citó lo que habían respondido otras personas que declararon en la causa. Contador con posgrado en economía y administración de empresas, Sícaro estuvo en la CNRT entre el año 2007 y 2012. Varias de las preguntas que le hizo la querella tuvieron que ver con la no interrupción del servicio del ferrocarril Sarmiento a pesar de los informes técnicos que daban cuenta de los problemas que había. Sícaro explicó entonces que la interrupción del servicio, “normalmente la lleva a cargo el concesionario”. 

Durante el interrogatorio también fue consultado por la querellante Leila Leiva sobre si sabía que Trenes de Buenos Aires (TBA, concesionaria del ferrocarril Sarmiento) era “su propio operador técnico”. “Sí sabía y estaba legalmente autorizado”, respondió. Sícaro explicó que las fallas que se reportaban en el servicio se reportaban a la secretaria de Transporte. Y también agregó que no había riesgos para interrumpir el servicio.  

De acuerdo al requerimiento fiscal de elevación a juicio, Sícaro, al igual que 27 de los imputados, está acusado por los delitos de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo. Según el Código Penal, esos delitos tienen una escala de pena de 2 a 6 años de prisión y de 1 a 5 años de prisión, respectivamente. El único de los 29 imputados que tiene una calificación distinta es Córdoba, imputado por el delito de descarrilamiento culposo que tiene una pena de 1 a 5 años de prisión.

Sícaro era interventor de la CNRT al momento del accidente, el 22 de febrero de 2012. Medio año después fue ascendido a subsecretario de Regulación Normativa del Transporte, pero debió  renunciar en medio del malestar que generó entre los familiares y amigos de las víctimas su designación.

Tras un cuarto intermedio, a las 14.45 comenzó a declarar Díaz. Su testimonio ahondó sobre el uso y estado de los frenos de la formación conocida como “chapa 16”. Su extensa exposición se extiende hasta ahora y podría reanudarse en la audiencia de mañana.

El debate

El juicio por el accidente atraviesa la fase de testimonios de peritos técnicos, después llegará el de los contables, y luego declararán un grupo de testigos que no dieron su testimonio en la fase inicial del debate.

A lo largo de las 71 audiencias que se realizaron entre el año pasado y en este último mes, ya pasaron más de las 2/3 partes de los testigos previstos. En el debate, frente a los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini, y Rodrigo Giménez Uriburu, hay tres querellas, más de una docena de defensores, y trabaja el fiscal de juicio, Fernando Arrigo.

Los primeros meses del debate fueron los más intensos. En largas audiencias, los sobrevivientes del choque relataron lo que vivieron la mañana de ese miércoles 22 de febrero en la que el tren, conocido como “chapa 16” del ferrocarril Sarmiento, no frenó al ingresar en la terminal de Once y se estrelló contra el andén Nª 2.