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Seis familias fueron desalojadas de un ex hotel familiar del barrio de Almagro por orden de la jueza civil Virginia Simari. La magistrada resolvió que los “ocupantes” debían abandonar el edificio de Av. Díaz Vélez 3417/27 en forma pacífica o por la fuerza, sin importar que se tratara de adultos mayores, jóvenes y niños. Para eso, instruyó a efectivos de la Policía Federal, y desplegó un importante operativo sobre la cuadra del ex hotel. Las familias no se resistieron, pero exigieron que el Gobierno de la Ciudad les brinde otra alternativa que la calle.

El desalojo es la continuación de un proceso iniciado el año pasado, que tuvo una primera expulsión de otras dieciocho familias en noviembre. El juicio tramita en el fuero civil, ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 75. No hubo trámite ni expediente en el fuero administrativo porteño, sino que el conflicto se trató como un mero litigio entre privados. La causa, caratulada como un desalojo “por intrusos”. La demanda fue presentada por Lin, Yung Ching, que compró el hotel familiar todavía funcionando, y dejó de tratar con los huéspedes.

Con el tiempo y la imposibilidad de pagar un alquiler, las familias quedaron desamparadas y a la merced de un posible reclamo judicial del nuevo propietario. Dicho y hecho: les inició un juicio de desalojo contra todos los “ocupantes”. La primera orden de desalojo se dictó para el 29 de julio del año pasado. Las familias exigieron la asistencia del Estado porteño antes de abandonar el edificio. La policía se negó a utilizar la fuerza, y la orden fue suspendida por tres meses.

Mesa de diálogo

En la segunda oportunidad, la legisladora María Elena Naddeo y algunos referentes de la Junta Comunal de Almagro y Boedo lograron establecer una mesa de diálogo con las autoridades de la ciudad y la representación judicial. El gobierno de Mauricio Macri aceptó brindar un subsidio habitacional a las familias censadas, pero no se comprometió a dar una respuesta de fondo a la falta de vivienda. En esta nueva oportunidad también se hicieron presentes los funcionarios porteños, e incluso se acercaron agentes del programa “Buenos Aires Presente” (BAP).

El programa de asistencia apenas ofrece pasar alguna noche en los paradores públicos, siempre que haya espacio, y cuando las familias acepten dividirse. Las mujeres no pueden compartir parador con los hombres, y los chicos quedan bajo custodia de sus madres o hasta en salones separados de ambos progenitores. En los hoteles familiares y pensiones del barrio rechazaron a las familias: sólo aceptan individuos o parejas sin chicos ni mascotas.

Al término del desalojo, el coordinador de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, Jorge “Abasto” Barone, asistía a las familias para tratar de encontrar alguna alternativa. La organización está conformada por personas que atraviesan o han atravesado la situación de calle, y vecinos de edificios en conflicto con sus dueños. Nucleados desde allí, se movilizan para manifestar el apoyo a familias que sufren la inminencia de un desalojo y tratan de asistirlas.