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En el primer año de vigencia de la ley de Identidad de Género 3.000 personas ya rectificaron su documento. “Ahora podés alquilar un departamento o cobrar un cheque sin que duden sobre quién sos. Más del 50 por ciento de nosotras somos madres y ahora podemos ir a buscar a nuestros hijos a la escuela sin problemas”, cuenta Marcela Romero, y resalta la importancia que tuvo la ley para romper con los prejuicios.

Desde la aprobación de la Ley de Identidad de Género -que permite a las personas obtener la documentación que se adecúe a su identidad sexual más allá de su biología, y obliga al sistema de salud a ofrecer operaciones y tratamientos hormonales- es posible cambiar del DNI en menos de un mes y con un trámite administrativo ante el Registro Civil del lugar de nacimiento, o a través de las casas de las provincias (en ese caso lleva cinco meses).

Antes, el cambio de nombre era sólo por vía judicial y podía llevar hasta diez años. Así debió hacerlo Marcela Romero, referente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y presidenta de la Asociación de Travestis Transexuales Transgéneros Argentinas (ATTTA). Romero participó de la redacción de la ley y se enorgullece de la que llama “la mejor del mundo” en identidad de género. La ley es única en el mundo: no exige ningún tipo de examen ni tratamiento médico, como sí lo hacen las de Uruguay y México. Define identidad de género como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente”.

Romero consiguió la rectificación de su DNI a través de un amparo en 2009, pero le llevó 10 años. “Ahora, al ser un trámite administrativo, una persona trans puede hacerse el documento como le corresponde porque se trata de su derecho a la identidad. Eso rompe una barrera muy grande del estigma. El poder de ser una la que quiere ser y con derechos.”

La ley también garantiza que todas las personas puedan acceder a una reasignación de sexo y a tratamientos hormonales, ya sea en el sistema de salud público o privado. Antes, un médico sólo podía hacer la operación con una orden judicial, de lo contrario podía ir preso. Con la sanción de la ley se derogaron contravenciones de la dictadura que permitían detener a un alguien por travestismo.

“El primer paso fue romper esa barrera de discriminación q sentíamos cada vez que nos acercábamos al estado, luego de muchos años de estar excluidas del sistema educativo y del mercado laboral. La ley nos da el reconocimiento de nuestra identidad”, cuenta Romero. Desde las distintas asociaciones por la diversidad, trabajan en conjunto en proyectos como leyes de cupo y programas de terminalidad educativa, ya que muchas personas trans dejaron la escuela por la fuerte discriminación que sufrían. También trabajan en proyectos de inclusión laboral por ley de cupos, y firmaron convenios con el Ministerio de Desarrollo Social para incorporar a la bolsa de trabajo del PAMI a las chicas trans que estudiaron para cuidados de la 3era edad. Otros proyectos que apuntan a las compensaciones por discriminación para trans que tengan más de 40 años y hayan vivido la dictadura. Y se está avanzando en las jubilaciones, ya que la ley general prevé edades jubilatorias distintas para cada sexo: a los 60 años para las mujeres, y a los 65 para los hombres. Hace poco, la ANSES le otorgó la primera jubilación a una persona transexual, de 62 años.

La ley también abrió lugar a nuevos reclamos. Porque existe una demanda de personas trans que quieren acceder a la operación de cambio de sexo, como garantiza la ley. Pero hay un solo médico en el país que la realiza y trabaja en el Hospital Gutiérrez de La Plata. “Estamos pidiendo al Ministerio de Salud que empiece a implementar la ley y que se capacite a otros profesionales. También pedimos más tratamientos hormonales, porque casi no los hay. Lo bueno es que hasta hace un año todo estaba directamente prohibido. Ahora es un derecho”, dijo Romero.