Otros 33 imputados tuvieron penas de entre 20 y dos años de prisión. También hubo cuatro absueltos. La lectura de los fundamentos está previsto para el próximo 19 de marzo. El fallo fue cuestionado por familiares de las víctimas y organismos de DD.HH.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán condenó a 37 de los 41 imputados que fueron juzgados por delitos de lesa humanidad en la denominada megacausa "Jefatura II-Arsenales II", y dispuso que cuatro de ellos cumplan prisión perpetua, absolviendo a los cuatros restantes. El fallo, dado a conocer esta tarde, fue cuestionado por familiares de las víctimas y representanes de organismos de derechos humanos, que esperaban condenas mayores para los imputados que estaban acusados de cometer delitos de lesa humanidad contra 215 víctimas.
De los 41 imputados, fueron condenados a prisión perpetua los policías Luis Armando de Cándido, Ricardo Oscar Sánchez y Roberto Heriberto Albornoz y el militar Luis Orlando Varela. Entre los absueltos por el Tribunal figuran el sacerdote José Eloy Mijalchiyk y el escribano Juan Carlos Benedicto, dos de los cuatro civiles que formaron parte del histórico proceso.
El sacerdote Mijalchiyk fue absuelto por el tribunal.
Los otros dos absueltos son el gendarme Celso Alberto Barraza y el militar Luis Daniel de Urquiza, quienes recuperarán la libertad de inmediato, según lo dispuesto por el tribunal. El resto de los imputados recibió castigos que van de los 20 años de prisión hasta 2 dos años, pena que fue le aplicada a la ex policía María Elena Guerra.
La Fiscalía había solicitado prisión perpetua para 33 de los acusados, en tanto requirió penas de entre 4 y 25 años para los ocho restantes. Defensores de las víctimas adelantaron que apelarán la sentencia en algunos puntales.
Las primeras condenas fueron escuchadas en silencio, manteniendo la compostura solicitada por el tribunal antes de empezar con la lectura de la sentencia. A medida avanzaba exposición de la decisión de los jueces, el malestar y las manifestaciones de disconformidad tomaron fuerza. Al conocerse la absolución de cuatro imputados -entre ellos el civil Juan Carlos del Jesús Benedicto y el sacerdote católico José Eloy Mijalchyck- los familiares de las víctimas se retiraron de la sala. Los gritos en repudio al fallo, las lágrimas y la angustia contrastaban con el festejo por parte de algunos parientes de los imputados.
Al finalizar la sentencia, Marta Rondolleto, histórica militante tucumana que tiene a cinco miembros de su familia desaparecida, habló con Infojus Noticias y dijo: “Absolutamente benevolentes los jueces tucumanos, parece ser que ellos no vivieron en Tucumán cuando pasaron los hechos que juzgaron”.
“Es peor que la sentencia de Jefatura I”, agregó. “Es una cobardía los jueces, es una burla al pueblo”, sostuvo otra de las familiares de las víctimas que presenció la audiencia. “Se ha garantizado la impunidad. La complicidad de la iglesia otra vez ha sido blanqueada y la de los civiles que han sido parte también”.
Presenciaron el fallo Susana Trimarco y su nieta Micaela, que acompañaron a los familiares de las víctimas.
A pesar de no estar de acuerdo con las pesnas, los querellantes rescataron como positivo que el tribunal haya dispuesto que el cumplimiento se realice en el penal de Villa Urquiza. Valentina García Salemi, miembro de ANDHES – Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales – tiene a su cargo la representación de cuatro víctimas. “Van a cárcel común, siguen en Villa Urquiza. Hay cárcel común en estos juicios”, dijo. Otro que se mostró optimista y emocionado fue Pablo Gargiullo, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos. “Estoy conmocionado. Hemos conseguido un número elevado de condenas. Todavía esto no termina del todo”, dijo.
Los miembros de la fiscalía también hicieron su balance. Pablo Camuña dijo a Infojus Noticias que “el monto de la pena no atrapa la magnitud del daño causado por estos delitos. Es muy difícil entender cómo se le aplica 14, 16 años a una persona que tiene imputado 79 homicidios agravados”. Luego añadió: “tenemos confianza que la cámara de casación dé vuelta lo que a nosotros nos parece que se quedó corta la sentencia”.
Patricio Rovira señaló: “No terminamos de entender el criterio del tribunal cuando ayer (en la sentencia Toledo de Ygel) por un hecho de dos privaciones ilegítimas, a Menéndez le dio 12 años y hoy cuando estamos hablando de homicidios triplemente calificados el mismo tribunal le dio 10, 12, 14 años”.
Los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán.
En la mayoría de los casos, se resolvió con el voto en disidencia de Reynaga, quien estaba a favor de la prisión perpetura para numerosos condenados y pidió que tanto Mijalchiyk como Benedicto sean enviados a prisión. Reynaga pidió 10 años de detención para Mijalchiyk y 15 para Benedicto, al consideralos autores materiales del delitos de asociación ilícita. También consideró que los civiles fueron partícipes secundarios de los delitos de prisión ilegitima de la libertad con apremios, en el caso del sacerdote, y triple homicidio agravado, en el caso del escribano.
Julia Vitar, abogada querellante, además de coincidir en el balance de sus colegas sostuvo: “estamos convencidos que la casación penal va a revocar este pronunciamiento del tribunal y va a acoger la posición del doctor Reynaga, cuyo fallo es el norte a seguir en este juicio”. Cabe recordar que fue el vocal Juan Carlos Reynaga quien votó en disidencia en la mayoría de las condenas apuntando siempre a lo solicitado por querellas y fiscalía. Además fue el único que no apoyó ninguna de las absoluciones.
Uno de los testimonios más conmovedores escuchados en estos trece meses de audiencia fue el de Juana Peralta de Pedregoza. Los golpes recibidos por esta sobreviviente, mientras estaba embarazada, dejaron graves secuelas en su hijo. Con profunda emoción, Juana dijo: “No esperaba semejante injusticia. Creía que iba a haber otra condena. Soy una sobreviviente y me duele mucho. Esperamos 37 años y ha habido gente que no merecía la condena que le han dado”.
Carolina Frangoullis, militante de la agrupación H.I.J.O.S – Tucumán, también se refirió a la sentencia, “más allá de eso (la sentencia) me quedo con que 41 genocidas han sido juzgados a lo largo de estos 13 meses. Me quedo con que a pesar de las absoluciones la gran mayoría duerme en Villa Urquiza. Me quedo con la gran cantidad de gente que nos ha acompañado. Me quedo con el trabajo invaluable de los querellantes y la fiscalía. Me quedo con mis compañeros, con los 30 mil compañeros presentes. Sin dudas que no nos han vencido, seguimos de pie. Y serán 37 más y serán multiplicados y serán 74 más y seguiremos acá de pie. Hasta que no quede ningún genocida libre. Con todo eso me quedo”.
La megacausa fue el primer proceso oral por delitos de lesa humanidad que logró sentar a 44 sospechosos en el banquillo, aunque tres de ellos fueron separados al inicio del debate por cuestiones de salud.
El proceso se desarrollo durante 13 meses, lapso en el cual desinflaron más de 400 testigos que dieron sus testimonios y permitieron recopilar parte de la historia en la se cometieron crímenes de lesa humanidad contra 215 víctimas.
Los testigos, además, recorrieron 10 centros clandestinos de detención que funcionaron en aquella época, donde muchos de ellos estuvieron presos y sometidos a vejaciones y torturas.
Las penas impuestas por el tribunal son las siguientes: