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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, junto con la agrupación de docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Unidad en la Diversidad, realizó hoy la cuarta y última jornada de debate sobre la Reforma del Código Procesal Penal de la Nación, en el marco de una serie de encuentros que se llevaron a cabo en esa unidad académica.

La actividad se dividió en dos paneles. En el primero, denominado “La investigación penal: del modelo inquisitivo al modelo acusatorio”, tuvo como expositores a Julio Maier, abogado y profesor titular consulto de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires; Omar Palermo, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza; Nicolás Guzmán, abogado especialista en Derecho Penal y profesor adjunto de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal; y Ernesto Kreplak, subsecretario de Coordinación y Control Registral del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En el inicio del debate, Kreplak destacó que “es muy favorable que se produzca este hito en el proceso de enjuiciamiento pero, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que es un proceso y, en este camino, falta mucho para que se pueda afianzar el sistema acusatorio”. Agregó: “Es muy importante que se tomen este tipo de decisiones políticas. Aunque sean estructuras y culturas que llevan mucho tiempo modificarlas es un paso fundamental hacia ese cambio”.

En el segundo panel, llamado “Ejecución de la pena”, disertaron Alejandro Slokar, juez de la Cámara de Casación Penal; Diego García Yomha, titular de la Unidad Especial de Secuestro Virtual Ministerio Público Fiscal; y Silvia Martínez, defensora pública oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional  del Ministerio Público de la Defensa.

Slokar destacó que “la criminalización de un sujeto siempre es un acto de poder y, por lo tanto, un acto político, porque se concreta en actos de gobierno y responde a cierto marco ideológico. La regulación de la prisión preventiva es fundamental para para entender esta reforma del Código Procesal Penal”.

“En la actualidad, en la Argentina, tenemos más presos preventivos que condenados: el 60% de las personas privadas de la libertad no están condenadas sino sometidas a medidas cautelares”, indicó Slokar. Y sostuvo que “nadie puede negar que el término medida cautelar es un claro eufemismo, que forma parte de un lenguaje encubridor propio de todo proceso inquisitorio”.

“La prisión preventiva se define en base al grado de peligrosidad. La peligrosidad siempre responde al grado d responsabilidad que puede tener el juez si excarcela a esa persona. El preso, entonces, debe optar entre admitir una pena u optar por un tribunal que lo condene a una pena mayor”, agregó.

“El modelo inquisitivo, que es el modelo actual, está plagado de presos sin condena y de condenados sin juicio. En este proceso o se sacrifica la libertad o se sacrifica el juicio (por juicios abreviados) y lo que se sacrifica en definitiva es el derecho”, completó Slokar.

El objetivo de las jornadas fue difundir en la comunidad académica, especialmente en los jóvenes estudiantes de Derecho, las principales problemáticas del sistema de enjuiciamiento penal vigente en el orden federal, que se aplica también en la Capital Federal para delitos cuya competencia no ha sido transferida a la Ciudad de Buenos Aires, y presentar el proyecto elaborado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su conocimiento y discusión.