Al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, se lo acusa de haber integrado la Alianza Anticomunista Argentina. Dos testigos lo ubicaron dentro de esa organización paramilitar. El dictamen que se aprobó para iniciarle juicio político debe ser ratificado por el plenario del cuerpo.
La comisión de Disciplina y Acusación aprobó iniciar el juicio político al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, quien está acusado de haber integrado la Triple A. También se emitió un dictamen a favor de enjuiciar al juez federal de Quilmes, Luis Armella, por favorecer a empresas vinculadas con familiares. Ahora el plenario deberá ratificar ambas decisiones para que se puedan iniciar efectivamente los procesos cada uno de los magistrados. Para ello necesita el voto de las dos terceras partes de su integración.
La recomendación para iniciar el jury contra Montezanti fue votada por el secretario de Justicia, Julián Álvarez -quien presentó el dictamen que se aprobó-, los legisladores Héctor Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Ángel Rozas; y el académico Jorge Candis. El juez Luis Cabral se abstuvo de votar y su par Leonidas Moldes rechazó iniciar el jury. La abogada Adriana Donato votó igual que Moldes.
El dictamen aprobado ahora ira al plenario del Consejo, donde se deberán reunir los votos de las dos terceras partes de los consejeros que lo integran para abrir el procedimiento de enjuiciamiento para un juez.
La semana pasada el juez bahiense presentó su descargo donde negó haber integrado la Triple A, más allá de que dos testigos lo relacionan con esa organización paramilitar, e intentó minimizar su actividad como personal civil de inteligencia (CPI) en el Destacamento de Inteligencia 181 aludiendo que sólo “asesoramiento sobre los conflictos con Chile y la guerra de Malvinas” pero “no incluían ningún tipo de actuación operativa”.
A esta decisión se sumó que el Consejo citó a que den explicaciones a otros dos jueces bahienses. Se trata de Pablo Candisano Mera y Ricardo Plantes, camaristas bahienses que firmaron en su momento la designación del polémico juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez quien debió presentar su descargo por retrasos en las causas de lesa humanidad cuando él era subrogante en el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca.
En este caso, también los jueces Cabral y Moldes se mostraron contrarios a la citación de los jueces. Cabral sostuvo que “no ha habido irregularidades en la designación” y Moldes que no había “mérito para ello” porque “la actuación había sido correcta”.
Empresas y familiares
“¿Si esto no es choreo, que es?”, dijo el secretario de Justicia al fundamentar el dictamen que aprobó la comisión de Disciplina de Disciplina y también propone abrir el juicio político al juez federal de Quilmes, Luis Armella. Aquí la votación fue más reñida: finalizó cuatro a cuatro y fue el presidente de la comisión, Candis, quien debió desempatar. Esta propuesta de inicio de juicio político también pasó al plenario.
Álvarez detalló los causales por mal desempeño de Armella que se incluyen en el dictamen entre los que se pueden mencionar, entre otros, el no haberse excusado en la causa “Mendoza” cuando había “personas vinculadas comercialmente con su cónyuge” que obtuvieron contratos; y relacionado con esto el incumplimiento de la Ley de Ética Pública y del deber de los jueces de tener una “conducta irreprochable”.
En 2012, Armella fue apartado de ese expediente por la propia Corte Suprema de Justicia a raíz de irregularidades detectadas por la Auditoria General de la Nación (AGN), que derivó en una causa que tramita en la Justicia Federal que investiga el supuesto favorecimiento de empresas vinculadas con familiares para la contratación de obras de saneamiento.
“Traes a tu tío, a tu papá y vos y armás una empresita; y Rodríguez Da Silva es nuestro testaferro”, ironizó el secretario de Justicia sobre Armella y dijo: “¿Vamos a dejar que siga siendo juez federal?, es joda esto”. Las palabras de Álvarez tenía destinatarios porque el otro dictamen que había estado en juego era el del consejero juez Leónidas Moldes y que contó con el apoyo de Cabral, el diputado Rozas y la abogada Adriana Donato.
“No lo veo igual”, replicó Moldes y sostuvo que “se está cargando una culpabilidad ajena porque el juez no contrataba” algo a lo que adhirió Rozas. “El informe de la AGN está firmado Leandro Despouy”, recordó Recalde y Álvarez concluyó: “Que se hagan cargo de la votación porque ni si quiera piden una sanción, muchachos”. La diputada Fernandez Sagasti completó: “Tenemos colegas que defienden su corporación”. El final lo marcó la votación y ahora se deberá analizar en el plenario.
Por otra parte, la comisión también aprobó un dictamen –que pasó al plenario- donde se desestima una denuncia contra el juez de la Seguridad Social, Luis Herrero, quien fue denunciado por el diputado y ex consejero Carlos Moreno que lo acusó por mal desempeño en sus funciones, por declaraciones que dio al diario Página/12. La denuncia fue desestimada por un dictamen presentado por el diputado Recalde.
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