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El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, faltó a la cita con la justicia federal que tenía hoy a las once de la mañana, en la que debía rebatir las pruebas que lo vinculan a la Triple A bahiense y al Destacamento de Inteligencia 181 durante la última etapa de la dictadura cívico militar. En el escrito que presentó para justificar su ausencia, Montezanti alegó que había recusado a los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia y al juez subrogante Alejo Ramos Padilla. Pero además de eso, Montesanti opuso razones de agenda: tenía un acto que tenía que tomar la jura de un abogado en la Cámara, un evento que no pudo suspender.

“Entendemos que las razones que dio Montezanti son excusas muy débiles, nimias, que no hacen otra cosa que demostrar su intención de sustraerse a un acto trascendente del proceso”, dijo a Infojus Noticias el fiscal Miguel Palazzani, quien junto a José Nebbia representa al Ministerio Público Fiscal en la causa. Los fiscales dejaron su descontento por escrito, en el acta que rubricó el juez Ramos Padilla, y pidieron que se corra vista al Consejo de la Magistratura y se lo cite a una nueva declaración indagatoria lo más pronto posible.

Montezanti está imputado en una causa judicial donde se investiga al menos 22 crímenes entre los años 1974 y 1975, cuando el terror lo sembraba la Triple A. Esa organización paraestatal, en Bahía Blanca, fue liderada por el entonces diputado nacional y secretario general de la CGT de Bahía Blanca, Rodolfo Antonio Ponce —ya muerto— y el rector interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Remus Tetu. En sus presentaciones, los fiscales la habían definido como “una organización criminal que operó entre los años 1974/1975 en la ciudad de Bahía Blanca y alrededores, con el propósito de eliminar, a través del uso de la violencia, toda expresión de activismo político”.

La triple A bahiense tuvo, como en otros lugares del país, dos objetivos prioritarios: los sindicatos y los estudiantes. Tetu, que desembarcó en la UNS con el ministro de Cultura y Educación Oscar Ivanissevich, creó un Departamento de Seguridad formada por una patota sindical, provista con armas recibidas del Ejército y un gran despliegue logístico.

La Unidad Fiscal por delitos de lesa humanidad de Bahía Blanca asegura tener pruebas de que Montezanti fue parte de esa organización criminal. En la sentencia de la causa n° 1457/04, en la que el juez querella a Alberto Manuel Rodríguez, cinco testigos relataron una reunión en la UNS en la que un grupo de estudiantes de la UTN les dijeron que había hombres armados en la facultad. Cuando los acompañaron, vieron unas siete o diez personas “vestidas con camperas que estaban armadas y las exhibieron amenazadoramente a la vez que los invitaban a ingresar en forma provocativa y burlona. En ese grupo se encontraba un hombre de traje y corbata que por su vestimenta se distinguía claramente del resto, y se trataba del doctor Néstor Montezanti, docente del establecimiento y de la UNS”.

Un secuestro en la UOM

Jorge Omar Riquelme Esparza nació en Curacautin, una comarca del sur de Chile en 1953. En Argentina, era enfermero del hospital municipal de Bahía Blanca, militante territorial en el Barrio 17 de Agosto y pertenecía a la Juventud Peronista. También era enfermero del sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), donde Montezanti era abogado. Promediaba 1977 cuando en un operativo del Ejército se lo llevaron detenido con otros empleados del hospital.

En la guardia del comando del V Cuerpo de Ejército un soldado joven le preguntó cómo quería morir, mientras lo encañonaba con un fusil. Esa noche lo tiraron en un calabozo chico donde tenía que estar de pie. Al día siguiente, un sargento lo vendó y lo llevó a una sala donde percibió a tres o cuatro personas. Le preguntaron por su pertenencia ideológica y partidaria, y por personas que supuestamente eran comunistas. También por Quiroga, el secretario general del gremio.

Los interrogatorios se reiteraron durante varios días. El último fue novedoso. “En el último interrogatorio, sin vendas, me hicieron firmar unos papeles, apuntándome con una pistola en la cabeza. La personas que me apuntaba me dijo que no lo mirara, porque si lo hacía me iba a tener que matar. Me llamó la atención que tenía un anillo grande, de oro, de sello”. Cuando volvió a su casa, la habían saqueado completamente. En esos días, durante una reunión en la UOM, uno de los colaboradores le preguntó si había reconocido a quien lo había “tenido preso”. Esparza les miró las manos. “Llevaba puesto un anillo similar al que yo había visto en oportunidad de mi interrogatorio, cuando tuve que firmar la declaración. La persona que llevaba en anillo en la reunión de la UOM era el abogado del sindicato”, declaró Esparza. Los fiscales pidieron que se lo indague también por su secuestro y torturas.

El empleado del Batallón 601

Su vinculación a las tres A —que Palazzani y Nebbia califican como una asociación ilícita—, sin embargo, no es la única imputación en la causa. También deberá explicar qué hizo mientras estuvo contratado como Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el Destacamento de Inteligencia Destacamento 181, que reportaba para el Batallón 601. El actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca trabajó allí entre el 1 de enero de 1981 y el 14 de junio de 1982.

Desde que un decreto presidencial desclasificó la lista de agentes de inteligencia de la dictadura y apareció su nombre, el camarista se defendió diciendo que su rol en ese periodo fue el de “asesor universitario” y que las tareas para las que colaboró fueron inocuas: conflictos personales de sus empleados, “asesoramiento sobre los conflictos con Chile y la guerra de Malvinas”, pero que sus prestaciones “no incluían ningún tipo de actuación operativa”.

Sin embargo, su legajo muestra algunos indicios que le confieren a esas afirmaciones algo de suspenso. Quién le dio el aval ideológico que todo espía necesitaba para entrar al cuerpo, fue José Osvaldo “Balita” Riveiro, a quién conocía desde 1975. Cuando “Balita” le tomó juramento, el 25 de septiembre de 1980, su pupilo se comprometió a “guardar el secreto más absoluto de las mismas aún después de haber cesado en sus funciones”.

Montezanti obtuvo una categoría A1, que equivale a la de un oficial superior del Ejército. Según el decreto llamado “Ley 19.373”, que regía las funciones de los espías, los A1 cumplían “funciones o tareas contribuyentes al cumplimiento de la misión específica de Inteligencia”, a diferencia de meros asistentes o analistas de escritorio. Además, fue el único “asesor universitario” entre los 80 civiles de inteligencia que operaban en la región.

Otro de los argumentos que expone Montezanti es que en la época que se incorporó como servicio la represión era de muy baja intensidad. Sin embargo, dos directivas secretas —la 604 del año 1979 y la 704 de 1983— ordenan “intensificar la lucha contra la subversión”. Aquella reglamentaciones, poco evocadas en la reconstrucción de la burocracia del terrorismo de Estado, figuran entre la prueba aportada por la fiscalía para demostrar que el rol del bahiense no fue menor. Pero no es todo. Rastreando en los informes de inteligencia, encontraron pruebas de que en aquella época, el Destacamento espiaba ilegalmente a los familiares de una decena de desaparecidos de la Universidad del Sur. Entre otros, mencionan a Horacio Russin, Cora Pioli, Néstor Grill y Daniel Carrá. Los fiscales plantean que eso abona la teoría del delito permanente, ya que el espionaje sobre los familiares tenía el objetivo de impedir que los secuestrados fueran encontrados.

Descargo en el Consejo

Además de la causa penal, Montezanti tiene siete denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura —algunas por su participación en la represión ilegal— y está en la antesala del juicio político. Ayer, presentó un descargo en dos de ellas. Descalificó al ex diputado nacional por la UCR y ex apoderado de la UTN, Juan Pedro Tunessi, quien había contado que a mediados de los ’80 visitó su despacho y vio “un diploma enmarcado que colgaba de la pared de una ‘Liga Anticomunista Argentina’ o algo así y que se encontraba firmado por Suárez Mason”. Dijo que ésas eran “declaraciones testimoniales que no resisten el más tenue análisis”.

Sobre su apoyo explícito a la pena de muerte, del que había presentado prueba el consejero Julián Álvarez, en un informe reciente, dijo que esas posiciones “tienen una edad promedio de 35 años”, y agregó que “se supone que, en tanto tiempo, uno cambia”.

LB/RA