Infojus Noticias

En el marco de la Ley de Salud Mental, que busca la ampliación de derechos de una parte de la sociedad históricamente vulnerada, se firmó en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación una resolución conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación para la puesta en funcionamiento de la Comisión Permanente para el desarrollo de estándares de habilitación y supervisión periódica de los servicios de salud mental públicos y privados.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, la directora de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud, María Matilde Massa, y la subsecretaria de Equidad y Salud, Laura Silvina Waynsztok, firmaron la resolución que da curso a lo estipulado en el artículo 34 de la Ley Nacional de Salud Mental.

Allí se estipular que ambos organismos del Estado deben “conformar una comisión permanente, la cual trabajará en conjunto con las jurisdicciones provinciales y elevará al secretario de DDHH y a la autoridad de aplicación propuestas elaboradas para su aprobación, las que deberán garantizar el cumplimiento de todos los derechos establecidos en el artículo 7”.

La comisión dará asistencia técnica y seguimiento permanente para la implementación de los estándares elaborados referidos a: habilitación, supervisión, acreditación, certificación, monitoreo, auditoría, fiscalización y evaluación; y estará conformada por dos representantes de la Dirección Nacional de Salud Mental y dos de la Secretaría  de DDHH, quienes trabajarán en conjunto con las jurisdicciones provinciales. 

Fresneda manifestó que esta resolución implica “poner en relieve no solo los estándares en materia de derecho y salud mental, sino también la concepción integral de la salud, que implica incorporar al marco normativo puntos relativos a la ley de Derecho del Paciente, y de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

El funcionario aseguró que “durante muchos años, las personas que padecían problemas de salud mental carecían de derechos”, y agregó que con la firma del acuerdo “se pondrá en marcha una Comisión permanente para el cumplimiento de los estándares de derechos humanos que protege la Ley de Salud Mental”. Fresneda resaltó que esta acción “forma parte del compromiso que asumimos para transitar el puente de la ampliación de derechos”.

Massa resaltó que “hoy el Estado está presente, ya no es el Estado que delegaba en las organizaciones”. En  tanto, aseguró que “si tenemos una Ley de Salud Mental es porque hubo decisión política y el compromiso de la sociedad civil”. La funcionaria también dijo que “los directores de hospitales generales tienen resistencia, pero deben entender que la Salud Mental es en los hospitales generales como el espacio de, por ejemplo, la Obstetricia o la Pediatría”.

Waynsztok expresó que “una ley tan compleja y garantista como la Ley de Salud Mental requiere de mucho esfuerzo y compromiso.”

También se sumó a la mesa Soledad Pavesi, directora nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos, que expresó que “la ley de salud mental que va a cumplir cinco años, viene a reemplazar una ley de la dictadura” y que estas acciones concretas de ampliación de derechos tienen como objetivo garantizar la mayor institucionalidad posible y darle cuerpo al marco legal.

La comisión además de presentar hará seguimiento y asistencia técnica. A partir de septiembre realizarán encuentros regionales para discutir y convenir la implementación de estos instrumentos, que contemplan un modelo de abordaje interdisciplinario, intersectorial, la formación de profesionales, prestación de atención 365 días del año, garantizar la atención integral de la salud, y articulación de distintos niveles de complejidad vinculados a los problemas de la salud mental.

JB/RA