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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa firmaron un convenio que permitirá costear los gastos de traslado y alojamiento de ciudadanos que por razones económicas no puedan asistir a los tribunales durante un proceso judicial.

El acuerdo se rubricó en la cartera de Justicia y Derechos Humanos, en un acto encabezado por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y por Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación. También estuvieron presentes la defensora pública oficial de la Defensoría General de la Nación, María Fernanda López Puleio; y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral, Ernesto Kreplak.

La medida conjunta tiene por objeto garantizar que la “igualdad ante la ley” consagrada en la Constitución Nacional tenga su debida contrapartida en la “igualdad de posibilidades”, y garantizar el efectivo ejercicio de la defensa en juicio por parte de todos los imputados.

A partir de la puesta en funcionamiento de este convenio la Defensoría podrá solventar los gastos de traslado de aquellos ciudadanos que son requeridos por la justicia y que, por no contar los medios para hacerlo, muchas veces terminan siendo declarados en rebeldía y agravando su situación judicial. Según lo establecido en el documento firmado, los fondos serán provistos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La iniciativa se inscribe además en el marco de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, puesto que contribuye a crear las condiciones necesarias para que la tutela de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico sea efectiva, mediante la adopción de medidas que se adapten a cada condición de vulnerabilidad.