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Pensar que lo ocurrido en Córdoba es simplemente una protesta policial por una cuestión de salarios sería un error. Lo que vimos en los últimos días es parte de la profunda crisis en la que se encuentra la política de seguridad de José Manuel De la Sota. Lo absurdo es que esa misma estrategia de seguridad es parte fundamental de lo que el gobernador cordobés llamó “cordobesismo”, modelo que pretende exportar a todo el país.

El acuartelamiento se veía venir. Primero porque los sueldos de los policías cordobeses pueden llegar a ser miserables; segundo porque a raíz del “narcoescándalo” fueron pasados a retiro todos los policías que habían sido formados para conducir la institución; y la tercera razón se ata a las primeras dos: la cadena de mandos estaba rota.

Los saqueos, por otra parte, no deben ser vistos simplemente como el ataque de “delincuentes” a la sociedad, sino como un reflejo de una realidad social que el gobierno de la provincia pretende resolver con una ciudad policializada, antes que con políticas sociales.

Desde su llegada al poder en 1999 De la Sota optó por ser el abanderado de las políticas de mano dura en la Argentina. Para llevar adelante esa estrategia desde un principio empezó a destinar la mayor parte del dinero dedicado a la seguridad a aplicar una buena estrategia de prensa. Desde entonces los cordobeses nos acostumbramos a que De la Sota realizara grandes actos para presentar nuevos móviles policiales o lanzar espectaculares grupos especiales que, supuestamente, venían a resolver los problemas de seguridad de los cordobeses. No importaba que los elementos comprados sirvieran, sino que lo importante era que los cordobeses vieran muchas sirenas, muchos vehículos policiales y por ende, se sintieran más seguros.

Un antecedente fueron las camionetas del CAP, que según los policías eran inútiles para patrullar por la ciudad, pero que como eran más imponentes que los móviles comunes, igual fueron compradas. El ejemplo extremo fue la adquisición de las motocicletas con Sidecar: 250 motos con un carrito como las de la Segunda Guerra Mundial que, pintadas de un hermoso azul marino, produjeron varios accidentes hasta que, cinco meses después, debieron ser sacadas de circulación: no había repuestos en el mercado.

Cuando los efectos de los anuncios y compras rimbombantes se esfumaron, De la Sota recurrió a una víctima de la inseguridad y siguió los consejos de Juan Carlos Blumberg que, a esa altura, estaba más a la derecha que él. En 2004, cuando el padre de Axel organizaba marchas multitudinarias reclamando mano dura, lo llevó a Córdoba y con él viajaron integrantes de un instituto norteamericano llamado Manhatan Institut, cuyo director (Carlos Medina) aseguró que los limpiavidrios y las prostitutas eran “terroristas urbanos”. Con ellos, De la Sota firmó un convenio de cooperación.

Fue el nacimiento de una nueva etapa que entró en crisis en 2005 cuando la situación con los policías se volvió insostenible y éstos organizaron un acuartelamiento policial muy similar al de estos días.

En agosto de aquel año un cabo se encadenó en una plaza reclamando mejores sueldos y en horas se le plegaron todos los policías produciendo un acuartelamiento que dejó a toda la ciudad capital sin policías a lo largo de 11 horas. A diferencia de lo que pasó ahora, en aquella oportunidad había un líder y eso permitió que las cosas no explotaran.

Después de esa rebelión De la Sota removió a la cúpula y puso al frente a un jefe interino hasta poder nombrar a su delfín, un policía que estaba lejos de tener el rango que necesitaba, pero reunía los sueños del gobernador. Alejo Paredes había sido formado en Estados Unidos, era jefe del grupo de Elite Eter (una especie de Swatt mediterráneo) y resultaba heredero de la misma Policía que durante la última dictadura se convirtió en uno de los órganos represivos más crueles de la provincia. Por una cuestión de rangos y jerarquías, para poder nombrar a Paredes, De la Sota debió pasar a retiro a casi 100 oficiales jefes, que eran los que podían hacerle sombra.

El resultado fue “exitoso” para De la Sota. Entre 2007, cuando asumió Paredes, y 2013, cuando tuvo que renunciar (siendo ya ministro de seguridad) salpicado por el narcoescándalo, la policía cordobesa pasó de detener a 15 mil chicos al año por el Código de Faltas a capturar 75 mil. La idea era sencilla: detener a inocentes provenientes de barrios marginalizados, para que la clase media cordobesa y conservadora, sintiera que estaba más segura.

Luego del narcoescándalo, se ha repetido que la Policía de Córdoba se gobernaba a sí misma. Error. La policía local ha estado en manos del gobernador De la Sota desde 1999 –entre 2007 y 2011 el gobierno de Juan Schiaretti continuó la misma línea– hasta hoy y el problema es que ha sido utilizada más como una herramienta de prensa que como un instrumento de política pública. La crisis actual es posible porque la firmeza enunciada en las campañas de prensa es meramente publicitaria.