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La escena de Rosario es el fin de la metáfora. Hemos asistido a linchamientos mediáticos, judiciales, humanitarios (encierros en cárceles inhumanas), pero el linchamiento real y concreto de pegarle entre 50 a un chico que ya está en el suelo, indefenso, constituye el advenimiento de una sociedad sin códigos.

Es inevitable preguntarse con desazón ¿qué pasa con esas personas? ¿Son monstruos?  ¿Qué buscan? Se puede pensar también que, siendo el hecho tan atroz, una vez conocido, será repudiado y condenado. Será el primero y el último. Pero no. Otro grupo de vecinos intentó replicarlo en pleno Palermo con un joven acusado de robar una cartera.  Y sucedió en La Rioja, en Córdoba y en Río Negro. Los grandes medios están en su salsa, se regodean, incluso hay voces que festejan. Lo mismo reflejan las redes sociales. Pocos días antes, la frase favorita de algunos portales surgía del repertorio de Sergio Massa contra el anteproyecto del Código Penal: “El que las hace las paga”.

Ese conjunto de conceptos que se ha dado en llamar “garantismo” –que, en rigor, no es otra cosa que la más básica defensa de los derechos humanos-- decididamente no garpa a la hora de las campañas políticas. El sentimiento popular mayoritario no quiere saber de complejidades, no quiere escuchar discursos. Quiere soluciones, quiere que ya no existan más los delincuentes y vivir en paz. Al menos parece más cómodo partir de esa suposición y ofrecer esas frases publicitarias al gran público. Por eso los discursos vindicativos, la demagogia punitiva, la promesa de soluciones es tan bienvenida. Aunque, en rigor, se trata de una construcción que se sintetiza en una palabra mágica: “gente”. Es la expresión que, según dice Raúl Zaffaroni en su libro “La palabra de los muertos”, utiliza la criminología mediática para nombrar “al conjunto de personas en las que ha logrado instalar el mundo paranoide y que luego se usa como argumento de autoridad: la gente tiene miedo, la gente quiere mano dura, la gente quiere más presos, la gente quiere pena de muerte”. La criminología mediática alude a un sistema criminal inventado por los propios medios, expertos en expandir el miedo. Los muertos de los que habla son los de las masacres y los de las muertes por goteo, que buscan justificación en la creación de chivos expiatorios a los que se les atribuyen todos los males.

 La importancia de la temática de la seguridad amenaza con ser el tema central de las próximas elecciones presidenciales de 2015. Fue utilizado como caballito de batalla por Carlos Ruckauf, Aldo Rico, Luis Patti, Francisco de Narváez y  ahora por Massa. Pero no es un asunto excluyente de la oposición al kirchnerismo; en plena campaña electoral el gobernador Daniel Sciolli decidió nombrar al frente de la seguridad de la provincia de Buenos Aires a Alejandro Granados, un típico exponente de la política de “meter bala” a los delincuentes y que incluso se jacta de haberlo hecho. Martín Insaurralde pidió bajar la edad de imputabilidad de menores.   Quien quiera que sea, estos u otros políticos, si buscan votos con ese tipo de declaraciones y posturas es porque evidentemente en una extensa y profunda capa social encuentran ansias de linchamiento.

El debate del Código Penal

El anteproyecto de Código Penal, elaborado por especialistas pertenecientes a un cuidado y amplio espectro político, pudo ser arrinconado por Sergio Massa no tanto por las falacias que lanzó al aire, sino porque sus dichos tocaron una fibra íntima y sensible de la población, asentada en una amplia cuota de paranoia artificial asentada sobre algunos datos o hechos violentos verídicos. Logró que toda la oposición se encolumnara atrás de sus diatribas porque todos saben que la realidad es compleja pero las consignas electorales deben ser sencillas.

El criminólogo Mariano Gutiérrrez, investigador del Instituto Gino Germani,  quien escribió entre otras cosas “La Necesidad Social de Castigar”, sostiene que detrás de la reacción cuestionadora al anteproyecto del Código Penal, que intentó instalar la idea de que está pensado para favorecer a quienes cometen delitos, subyace “un imaginario que construye al problema de la seguridad como el de dos sectores sociales enfrentados: una clase media supuestamente impoluta contra los chorros, los negros y los delincuentes”. “Es una forma de  construir una identidad social como antagónica a la del otro. Igual que en la guerra: es la creencia de que mi vida depende de la cancelación de la vida del otro. Ese sentimiento exacerbado se expresa en los linchamientos”.

Massa convocó a “destacados juristas” a dialogar sobre el Código y un simple repaso por las pertenencias de estos personajes resulta muy esclarecedor: Enrique Ramos Mejía asistió en su carácter de presidente  de la Corporación de Abogados Católicos. Fundada en 1934 se ha destacado en estos últimos años por tener una militancia activa en la defensa de los genocidas de la última dictadura; también se han opuesto al matrimonio igualitario y a todos los derechos civiles que las minorías sexuales han reclamado y reclaman. Le solicitaron la renuncia a todos los miembros de la Corte Suprema cuando aceptó la existencia de abortos no punibles. Otro de los personajes convocados fue Hernán Munilla Lacasa  socio principal del estudio Roberto Durrieu, quien fuera subsecretario de Justicia del dictador Jorge Rafael Videla. Munilla es un asiduo asistente a los actos de la defensora de represores Cecilia Pando. Durrie fue el arquitecto en quien se apoyó el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg para diseñar hace diez años sus propuestas de endurecimiento de penas, que quedaron plasmadas en un paquete de leyes responsables de haber transformado el Código Penal en un engendro donde un robo con armas pude ser castigado como un homicidio.

Demonizar al “otro”

Hay más de un hilo conductor entre el régimen dictatorial y lo que subyace a los linchamientos o ejecuciones sin proceso legal alguno que medie. Uno clave es el que demoniza al “otro”, al rotulado como “subversivo” o al ladrón de billeteras.   Es visible la continuidad entre la Doctrina de Seguridad Nacional que le daba apoyatura al terrorismo  de Estado, que torturó, mató y desapareció, y los discursos sobre seguridad-inseguridad esgrimidos hoy por una derecha amplificada, capaces de llegar a matar bajo la forma de linchamiento, en plena ciudad ante muchas miradas.

Hace ya veinte años, en una investigación sobre sistemas penales y Derechos Humanos en América Latina Zaffaroni  hacía referencia a las “técnicas de naturalización” de ciertos asesinatos. Hablaba de  la violencia institucional, propia de estructuras estatales, y también analizaba el asesinato de jóvenes pobres del conurbano bajo el fogoneo mediático en la era de José de Zer. Los delincuentes comunes, suele decir el penalista, se vuelven chivos expiatorios residuales cuando no hay otros “candidatos” como fueron en otros tiempos los negros, judíos u homosexuales.

A la luz de estas teorías, el especialista Rodrigo Codino señala que el asesinato en Rosario sería una “muerte para institucional, las que cometen grupos de exterminio, tipo escuadrón de la muerte o justicieros, cuyas víctimas suelen ser los sospechosos de delitos”.

La delincuencia no cesa por el aumento de las medidas represivas, solo aumenta las tasas de encarcelamiento preventivo y se hace más y más violenta. El argumento de que todo sucede por la “ausencia del Estado”, un concepto que en parte remite a la supuesta falta de acción de fuerzas policiales o de seguridad, hace agua si se advierte que el poder penal real sí está en manos de la policía, que es la que hace la selección de los más vulnerables para señalar delitos, y la que define el concepto de víctimas, siempre bajo la lógica de su estructura vertical, militarizada, de ocupación territorial y autofinanciada.

No se trata solamente de garantizar los derechos humanos de los delincuentes, como suele decirse peyorativamente, sino de humanizar los vínculos sociales. Se trata de evitar, a su vez, que el propio sistema penal se convierte en fuente de muertes y masacres, de ahí en parte la necesidad de racionalizar sus normas. Y de entender que la dimensión estatal que aquí importa no pasa tanto por su poder de policía como por sus políticas sociales. No hay medidas salvadoras y tranquilizadoras. Hay una pregunta  que sigue siendo pertinente es ¿Cómo alguien llega a delinquir? La mirada severa, totalitaria y sin empatía, lejos de traer soluciones seguramente son el huevo de la serpiente.