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El Papa Francisco envió una carta a la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) y a la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC), dos prestigiosas instituciones internacionales especializadas en Derecho Penal. Las palabras del Papa, en primer lugar y ante todo, son una declaración de principios respecto de la actual visión de la Iglesia Católica en relación a la cuestión penal. Sus líneas claramente denotan el trazado de una política criminal de corte jushumanista, que coloca al individuo como centro de atención del derecho (por contraposición a otras posturas que han colocado al “Estado” o al “Soberano” como actores principales a los cuales todos debían someterse). En consecuencia, la Justicia, para ser tal, debe debe respetar la dignidad y los derechos de la persona humana, sin discriminación, y tutelar asimismo a las minorías.

Fiel a su estilo, y procurando evitar una intromisión en la política particular de cada Estado, Francisco no emite una opinión de manera directa respecto de la problemática de un país, sino que la aborda desde una mirada general y con un discurso universal. Sin embargo, es sabido que el Papa sigue de cerca todas las cuestiones de su tierra natal, por lo que, al analizar el momento en que decide enviar su carta y los destinatarios de la misma deja ver que hay un destinatario implícito a quien particularmente el ex cardenal Jorge Bergoglio se está dirigiendo: nuestra clase política.

En cuanto al momento, no debe pasarse por alto que nos encontramos en Argentina debatiendo un anteproyecto de Código Penal que fue conformado por el acuerdo y diálogo de un amplio espectro de espacios políticos. Este anteproyecto es, a la vez, resistido por unos pocos sectores de la política que elaboran el discurso de un derecho vindicativo (vengativo) que es reproducido en escala por numerosos medios de comunicación.

A ellos, el sumo pontífice les señala que hay algo más importante que las pague el que las hizo: los conflictos no se resuelven cuando se atrapa y se condena a quien cometió un delito sino cuando se atiende a las necesidades de la víctima, cuando existe un verdadero interés en su sufrimiento y en reparar los perjuicios que padeció.

Por eso expresa que “sería un error identificar la reparación sólo con el castigo, confundir la justicia con la venganza, lo que sólo contribuiría a incrementar la violencia, aunque esté institucionalizada”, a lo que agregó de manera categórica que “endurecer las penas con frecuencia no logra disminuir la delincuencia”.

También convoca a la reflexión a esos medios de comunicación: les cabe la responsabilidad, dice, de informar rectamente y no contribuir a generar alarma o pánico social cuando dan noticias de hechos delictivos. Esa actitud de los medios, continúa el Papa, los convierten en morbosos casos publicitarios que condenan a los presuntos culpables al descrédito social y fuerzan a las víctimas, con fines sensacionalistas, a revivir públicamente su dolor.

En cuanto a los destinatarios de su carta, Francisco ha emulado a sus papas predecesores Pio XII y Paulo VI, quienes en el pasado también se habían dirigido por correspondencia a la Asociación Internacional de Derecho Penal, que es la institución especializada más antigua en esa rama del derecho. Pero también decidió enviársela a la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, cuyo presidente es Raúl Zaffaroni.

Este no es un dato menor: Zaffaroni fue quien presidió la Comisión de Reforma Actualización e Integración del Código Penal. Se trata de una clara demostración de respaldo a la labor que realizó junto a Carlos Arslanián, María Elena Barbagelata, Ricardo Gil Lavedra y Federico Pinedo; respaldo que ya se había comenzado a mostrar cuando en el mes de marzo de este año recibió en su despacho de la Santa Sede al coordinador de la comisión reformadora, Roberto Carlés.

En aquella ocasión, le había expresado al asesor de Zaffaroni en la Comisión, que una de sus primeras reformas al arribar al Vaticano fue la de eliminar la prisión perpetua y fijar su tope en 35 años (apenas cinco años más que el Anteproyecto local). Con la carta dada a conocer el domingo, Francisco refuerza aquel pensamiento al dejar planteado que la prisión perpetua es inhumana ya que imposibilita la materialización de una justicia humanizadora, que es aquella que lleva al autor de un delito a su rehabilitación y total reinserción en la sociedad.

El pensamiento expresado por el Pontífice se enrola en la misma línea seguida por los miembros de la Comisión al redactar el Anteproyecto de Código Penal. Por este motivo Francisco los alienta a que sigan adelante en este sentido, pues justamente ahí “radica la diferencia entre una sociedad incluyente y otra excluyente, que no pone en el centro a la persona humana y prescinde de los restos que ya no le sirven”.

Vaya con nosotros su reflexión final: “Cuanto bien se obtendría si hubiera un cambio de mentalidad para evitar sufrimientos inútiles, sobre todo entre los más indefensos”.