A 10 años de la inundación, una sola causa penal espera sentencia
El 29 de abril de 2003, la defensa hídrica del río Salado de Santa Fe falló y no pudo controlar el agua acumulada de meses de lluvia. Como en las inundaciones de La Plata, la cifra de muertos generó enfrentamientos judiciales y varias versiones. Unos hablaron de 18, otros de más de 100. Solo una pareja arremetió penalmente contra un gobierno esquivo y este año quizás consiga su sentencia a fin de año.
“Lo peor viene después de la inundación”, cuenta Jorge Castro, uno de los querellantes en la causa penal. El hombre nunca pudo cobrar la indemnización por los daños sufridos y espera que en el juicio sea citado a declarar como imputado el exgobernador y actual senador nacional Carlos Reutemann, que durante una década logró esquivar a la Justicia.
-Andate porque te tapa el agua- le dijo el padre Axel a Jorge.
Era la una del mediodía del 29 de abril de 2003. El Negro Jorge Castro había cruzado la vía que separa a Roma, su barrio, de Santa Rosa de Lima, donde ya había llegado el agua. El cura se acababa de bajar de una canoa. En un par de horas el río iba a adueñarse de la ciudad.
El Negro volvió a su casa y con su mujer, Milagros Demiryi, juntaron a los cuatro de sus siete hijos que estaban con ella, cargaron algo de ropa en un bolso y abandonaron la casa.
Hoy, cuando se cumplen diez años de aquel día, Jorge Castro y su mujer Milagros Demiryi son los únicos actores civiles –una figura similar a la de querellante- que tiene la causa penal. Para ello debieron desistir de cobrar las indemnizaciones que el exgobernador Jorge Obeid fijó para 27 mil familias –unas 140 mil personas-, que fue calculado caso por caso en base al daño sufrido. Las 20 mil familias que aceptaron el subsidio –que promedió entre los 8 y los 16 mil pesos por casa- fueron obligadas a firmar un escrito en el que renunciaban a iniciar acciones legales en el futuro. Actualmente, la Justicia tiene en su poder unos cinco mil reclamos administrativos por el cobro del resarcimiento económico.
La defensa hídrica que protegería a la ciudad de Santa Fe ante una crecida del Salado había sido inaugurada en 1997. Seis años después, el tercer tramo del terraplén seguía inconcluso. Fue por ahí que, en la noche del 29 de abril de 2003, empezó a entrar el agua acumulada durante tres meses de lluvias en Santiago del Estero y en el norte de Santa Fe.
El Negro Castro y Milagros formaron parte de los más de cien mil evacuados. Perdieron todo: muebles, ropa, fotos, electrodomésticos. A ella nada de eso le dolió tanto como la destrucción de la biblioteca de 3 metros y medio de alto por dos de ancho en la que tenía, además de 800 libros, los proyectos de investigación que había acumulado durante su carrera como docente universitaria y terapeuta ocupacional. Nunca más quiso volver a esa casa.
La versión oficial dijo que 23 personas murieron ahogadas. Un decreto posterior redujo la cifra a 18. La Casa de los Derechos Humanos sostiene que hubo 158 muertes como consecuencia de la inundación. “Ellos cierran sobre los ahogados. No cuentan las personas que murieron después de un ataque al corazón o por enfermedades, la gente que se murió al volver a su casa”. Según un informe del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), cuatro mil santafesinos perdieron sus puestos de trabajo y en 10.700 casas el agua superó los tres metros de altura. En su peor momento, el río Salado llegó a crecer 7,8 metros.
La causa penal estuvo en etapa de instrucción durante 5 años. Desde el comienzo, los abogados de Jorge Castro y Milagros Demiryi pidieron que el exgobernador Carlos Reutemann fuera citado a declarar. En julio del 2006 ofrecieron seis pruebas contra el ex piloto de Fórmula Uno que el juez Jorge Patrizi rechazó. Los actores civiles sostienen que Reutemann sabía, al menos 24 horas antes, que la ciudad se iba a inundar. Pese a ello, nunca se dio la orden de evacuación.
En abril de 2010, la causa fue elevada a juicio. El exministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Edgardo Berli, el director de Obras Hidráulicas provincial, Ricardo Fratti y el exintendente Marcelo Álvarez están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por las 18 muertes.
“La causa está elevada a juicio, en la etapa de producción de pruebas”, explicó a Infojus la abogada Georgina Stratta, representante del matrimonio Castro. Los exgobernadores Carlos Reutemann y Jorge Obeid deberán declarar en calidad de testigos. Reutemann, protegido por los fueros parlamentarios, podrá hacerlo por escrito. El matrimonio Castro insiste en que los ex funcionarios sean citados en calidad de acusados.
Stratta cree que antes de fin de año podría haber una sentencia. En esta etapa del juicio no hay posibilidad de que se incorporen nuevos imputados. Si aparecieran nuevos elementos de prueba se abriría otra Instrucción y Reutemann y Obeid podrían ser llevados a juicio. “Continuamos en el intento de que la instrucción que está desdoblada opere en contra de ellos. Tenemos muchas expectativas”, dijo Stratta.
Hace varios años, Jorge Castro se mudó de nuevo al barrio Roma. “A una casa de dos pisos”, dice. En Santa Fe el agua bajó hace diez años pero los reclamos de justicia siguen en pie. A casi dos meses de los desastres de La Plata y Capital Federal queda abierta una pregunta: ¿Cuánto tardará la justicia en responderle a los afectados?
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