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El fiscal Marcelo Hidalgo pidió la elevación a juicio de la causa en la que están imputados 15 barras del club Instituto de Córdoba. El 15 de mayo del año pasado, los violentos interceptaron el colectivo del plantel a la vuelta de un partido en Chaco para amenazarlos. Se les imputa el delito de privación ilegítima de la libertad calificada y agravada, coacción calificada, amenazas, daños, entorpecimiento de los medios de transporte y tenencia ilegal de arma de fuego.

Catorce de los hinchas pertenecen a la facción Los Ranchos de la barra del club, y el restante acusado es el que contrató el colectivo para trasladarse a Corrientes, para presenciar el enfrentamiento del equipo con Boca Unidos. Los barras consumieron drogas y alcohol durante el transcurso del viaje, y esgrimieron un arma de fuego –un revólver calibre 22-, frente a menores de edad que también se trasladaban en el ómnibus.

El partido terminó 3-2, a favor de Boca Unidos, y los barras de Instituto se fueron enojados. Al volver al micro que los había llevado hasta Corrientes, amenazaron al chofer con el arma para que desviara el colectivo y lo detuviera en la ruta, y así cometieron los delitos de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad. Además, en el viaje destruyeron todo el interior del colectivo en el que viajaban.

Ya en territorio chaqueño, cortaron la ruta y esperaron al ómnibus del plantel, en el que también viajaba la comisión directiva. Pero venía custodiado por la policía de Chaco, y se produjo un enfrentamiento. Los barras arremetieron a piedrazos, y amenazaron a los jugadores con dos frases categóricas: “ascenso o muerte” y “hay balas para todos”. La policía logró disuadir a los violentos y detener a varios de ellos. Tras los hechos, el fiscal imputó a cuarenta personas e incautó el revólver. Varios de los detenidos ya tenían antecedentes penales por otro tipo de hechos delictivos.

Según relató el fiscal Hidalgo a Infojus Noticias, “la investigación fue muy trabajosa por los códigos de silencio que imperan entre los barras”. Hidalgo determinó que 15 de los imputados son responsables por los hechos de violencia, y pidió que la causa se eleve a juicio. Además, al comienzo de la instrucción remitió algunas actuaciones a la justicia federal, a la que le corresponde tratar lo respectivo a la tenencia y consumo de estupefacientes.

Las penas a las que se enfrentan por el expediente que lleva Hidalgo podrían superar los dos años y medio de prisión, porque “concurren” varios delitos en el mismo hecho. Mientras continúe el proceso, se aplica sobre los imputados una prohibición de asistir  todo tipo de espectáculos públicos, además del derecho de admisión del club cordobés.

El fiscal consideró que “si existe un nuevo registro único de personas que cometieron delitos contra la integridad sexual, podría crearse uno para los que cometen delitos en el marco de los espectáculos deportivos, y procurar que se mantengan los espectáculos dentro de los canales de seguridad normal”. Agregó que “la cultura del tablón debe adaptarse a las necesidades de una sociedad cada vez más compleja. Sería interesante que haya cámaras en todos los accesos a los estadios, que no se use pirotecnia en las canchas, así cada fin de semana no sería de luto”.