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Catorce médicos declaran ante la justicia de Catamarca en el marco de un proceso por “fraude en perjuicio de la administración pública”. Los profesionales emitían órdenes presuntamente falsas de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) cuyos costos luego eran afrontados por el Estado. Hoy se conoció que tres de esos médicos en realidad no tenían título habilitante, aunque estaban matriculados y ejercían la profesión.

Los médicos falsos están acusados de facturar órdenes apócrifas a varias obras sociales. La investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales que encabezan los fiscales Marcelo Sago y Miguel Mauvecin revisa miles de órdenes para determinar su legitimidad. Los imputados fueron citados para prestar declaración indagatoria ante los investigadores ayer, hoy y la semana próxima.

Por cada orden firmada, los médicos cobraban sus honorarios a la obra social, aunque realmente no hubieran atendido a ningún particular. La obra social del Estado remitió a la fiscalía las órdenes emitidas durante todo el último año, que superan los 800 mil documentos. Se estima que son sólo cincuenta las órdenes fraguadas, a razón de tres a cinco por cada médico acusado. Por ese delito podrían pasar hasta seis años en prisión.

Una nueva ramificación de la causa podría haber surgido ahora, a partir de la presunción de que tres de los catorce médicos no tenían título habilitante. En caso de comprobarse, podrían enfrentar una nueva imputación por falsificación de título. Habían llegado a Catamarca como supuestos graduados de la Universidad Nacional de Córdoba. El presidente del Colegio Médico de Catamarca, Gregorio Aldolfo Antoni, consultó a las autoridades de la institución universitaria y le respondieron que los acusados “no figuran como egresados”, informó Telam.

El Consejo Directivo del Colegio de Médico de Catamarca decidió suspender las matrículas, y el Círculo Médico realizará la denuncia ante la Justicia Federal. Sólo uno de los tres supuestos médicos falsos se presentó ante la justicia para declarar en la causa por las órdenes apócrifas. Se trata de Nelson Walter Silva, que se distinguió de los otros dos acusados que no tendrían título profesional, Oscar Tapia y Miriam Argañaraz.