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El celular del juzgado en turno de los tribunales provinciales de Rosario sonó insistentemente la mañana del 29 de diciembre. Luis Medina -un empresario acusado de ser uno de los jefes narcos más importantes de Rosario- había sido acribillado a balazos junto a su novia en el acceso sur de la ciudad. Si la jueza María Luisa Pérez Vara hubiera atendido el teléfono, esta habría sido una de sus últimas investigaciones: su renuncia ya ha sido aceptada por la Corte Suprema de Justicia provincial y por el gobernador Antonio Bonfatti y cesa en sus funciones en marzo.

La ausencia de la magistrada en la escena del doble crimen narco motivó un pedido de jury y abrió el debate: ¿puede ser sancionada pese a que su renuncia ya fue aceptada? Según indicó una fuente de la Corte Suprema a Infojus Noticias, el máximo tribunal aprobaría el pedido del procurador general de la provincia y designaría un fiscal de cámara para investigar el accionar de la jueza.

El 29 de diciembre, el cuerpo de Medina había quedado cruzado sobre los asientos delanteros del Citroën DS3 con 20 orificios de calibre 9mm en el cuerpo. Había recibido tres disparos mientras manejaba el auto y otros 14 por la espalda a modo de ejecución, cuando ya se había desmoronado sobre el volante. A unos metros del auto, sobre los pastizales que bordean el asfalto de la avenida de Circunvalación, estaba tendido el cadáver de su novia, Justina Castelli Pérez. Los policías de Homicidios llamaron al celular del juzgado de turno, un aparato que cada semana cambia de manos. Como nadie atendió, los agentes llamaron al juzgado subrogante, a cargo de Raquel Cosgaya.

Al día siguiente del doble crimen, el gobernador Bonfatti firmó un decreto aceptando la renuncia que Pérez Vara había presentado ante el Ejecutivo el 29 de diciembre. Otro pedido similar ya había sido aceptado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia en noviembre, por lo que la jueza cesará en sus funciones el 1 de marzo de 2014. Además, la acumulación de una licencia le permitirá a la jueza no trabajar durante el mes de febrero, por lo que ya no volverá a su cargo.

A pesar de que ya no está en funciones, hay varios planteos para que Pérez Vara sea sancionada. Uno de ellos es el informe presentado el 30 de diciembre por la Cámara Penal de Rosario ante la Corte Suprema. Allí se detalla lo ocurrido el día del doble homicidio y se agrega otro detalle: en la caja del celular del juzgado en turno, que la jueza devolvió, estaba el cargador pero faltaba el aparato, lo que obligó a comprar uno nuevo.

El procurador general de la provincia, Jorge Barraguirre, se refirió a la situación de Pérez Vara: “Es una situación inexplicable. Vamos a investigar esa particular situación porque creemos que está más allá de lo opinable”, dijo. Y agregó que las medidas disciplinarias alcanzarían el “enjuiciamiento político”. En base al informe de la Cámara Penal el procurador elevó el planteo al máximo tribunal provincial, que en las próximas horas daría el visto bueno para que se inicie una investigación durante la feria judicial.

“Para poder evaluar la posibilidad de un juicio político hay que hacer una investigación administrativa. Hay que correr un traslado a la jueza, no es automático. Se va a disponer un fiscal de Cámara para que inicie la investigación”, indicó una fuente del máximo tribunal a Infojus Noticias.

La diputada provincial Alejandra Vucasovich llevó el pedido de jury de enjuiciamiento a la Legislatura provincial. La discusión ahora giro en torno a si corresponde o no sancionar a una jueza a la que se le aceptó la dimisión al cargo. El gobernador Antonio Bonfatti ya opinó sobre el tema: “Ha presentado la renuncia al cargo, pero creo que también le cabe un jury”, dijo.

Para la fuente de la Corte Suprema, independientemente de que la renuncie haya sido aceptada, es importante que se lleve a cabo la investigación. “Si hay sanción disciplinaria se irá con la sanción. Eso no es nada grato”. Además, el funcionario judicial planteó un caso hipotético: que en la investigación surja que la magistrada incurrió en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. “Eso derivaría en una investigación penal. Tiene muchas consecuencias, hasta simbólicas”, explicó.