Justo Ilaraz está acusado de abusar sexualmente de al menos 50 seministaristas de entre 10 y 14 años entre l984 y l992 en Paraná, Entre Ríos.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) anuló la decisión de la Sala I de la Cámara de Crimen que declaró prescripta la causa contra el ex prefecto del seminario de Paraná, Justo Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de al menos 50 seminaristas de entre 10 y 14 años entre l984 y l992.
La decisión fue tomada con el voto favorable de los jueces Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia, mientras que la otra integrante del tribunal, Claudia Mizawak, se abstuvo de votar.
La resolución del STJ dejó sin efecto lo decidido por los integrantes de la Sala I de la Cámara del Crimen Hugo Perotti, Miguel Ángel Giorgio y Elbio Garzón.
El planteo contra la prescripción fue impulsado por el Procurador General del STJ, Jorge Amílcar García, junto con el fiscal Francisco Ramírez Montrull y los abogados querellantes.
El fiscal Ramírez Montrull explicó hoy que el STJ "decretó la nulidad de la resolución y por lo tanto el cuestionamiento que tuvo la resolución del juez (Alejandro) Grippo tiene que resolverse nuevamente".
Al anular la resolución de la Sala I, la causa vuelve a foja cero y ordena que el tema de la prescripción sea analizado por la Sala II.
En tanto, la oficina de prensa del arzobispado local aclaró que el titular de la diócesis, monseñor Juan Puiggarí, desconoce el paradero del cura Ilarraz, quien actualmente reside en Monteros, provincia de Tucumán.
"Monseñor Puiggari no sabe ni conoce el paradero" del cura, afirmó el escrito de la Iglesia Católica, que desmintió las versiones que indicaban que el sacerdote estaba en Roma a pesar de la prohibición judicial de salir del país.
El comunicado aclaró que a monseñor Puiggari "no le corresponde (conocer el paradero del cura) debido a que el padre Ilarraz no depende de esta arquidiócesis".
“Le corresponde conocer a la diócesis en la que el sacerdote está incardinado", señaló el escrito.
En el documento se señaló también que la investigación religiosa sobre el caso Ilarraz está en Roma, siendo evaluada por las autoridades religiosas del Vaticano.
En setiembre pasado, uno de los abogados querellantes en la causa confirmó que decidió abandonar el caso luego de sufrir un atentado con artefactos explosivos en su vivienda.
Milton Urrutia, un abogado que fue seminarista en los años en que Ilarraz estuvo al frente de ese instituto religioso y que tuvo que abandonar la vocación porque, según dijo, le "arruinaron la vida", tomó la decisión luego de que explotaron dos bombas caseras en el garaje de su casa.
El abogado, que representaba a varios exseminaristas que reconocieron ante el juez de Instrucción de Paraná, Alejandro Grippo, haber sido abusados por el cura, responsabilizó del atentado a "un grupo organizado de cuasi terroristas".
En tanto, el vicario de justicia del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, presbítero Alejandro Bovero, inició a pedido del Vaticano una investigación previa sobre las acusaciones que pesan contra el cura Ilarraz quien, hasta que estalló el escándalo de los abusos en setiembre del año pasado, se desempeñaba como párroco en la localidad tucumana de Monteros.