Durante más de un año los agentes de la División Judiciales de la policía santafesina manejaron la causa más importante de la justicia provincial. Hasta el miércoles, cuando fueron relevados, eludieron y acumularon denuncias por sus investigaciones relacionadas con el narcotráfico.
Parecían indestructibles. Sobrevivieron a las fuertes críticas por irregularidades en varios operativos en Rosario. Hasta cuando fueron más allá de su jurisdicción -y trataron de allanar sin orden judicial la casa de un narco asesinado en un country de Pilar- salieron ilesos. Tampoco los puso en jaque la fuga de un sicario de la banda Los Monos, que estaba bajo su custodia. Los jefes de la División Judiciales de la policía de Santa Fe se movían con la confianza que infunde saberse protegido. Hasta que después de una nueva cadena de escándalos -cámara oculta y amenazas a periodistas- el gobierno provincial decapitó al titular y a su núcleo duro.
El miércoles, mientras tres mil agentes –de Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y federal- realizaban un megaoperativo anti narco en la ciudad, el ministerio de Seguridad provincial anunció el desplazamiento de siete policías dela División Judiciales. Entre ellos estaba su jefe, el comisario rafaelino Cristian “Carancho” Romero.
“Carancho” Romero había asumido su cargo en febrero del año pasado, tras la designación de Omar Odriozola como jefe de la Policía provincial. Antes había pasado por la ex Drogas Peligrosas, había estado a cargo de una comisaría en la localidad de Armstrong y había sido jefe de las divisiones de Investigaciones de Venado Tuerto y Policía Científica de Rosario. Con la llegada de Romero a Judiciales en 2013, la división se transformó. Pasó de ser “una oficina donde se picaban papeles” -como la definió un ex policía a Infojus Noticias- a tener un rol operativo.
La banda de Carancho
Creada para asistir a la justicia, la división que comandaba “Carancho” Romero quedó a cargo del trabajo policial en la causa más importante de la justicia santafesina: la banda criminal Los Monos. Liderada por la familia Cantero, se la empezó a investigar a partir del crimen de Martín el “Fantasma” Paz, ex contador del clan, asesinado en septiembre de 2012. Las escuchas a algunos de los contactos que figuraban en el celular del Fantasma desnudaron una compleja trama de complicidades policiales. Al punto que el juez Juan Carlos Vienna y el grupo especial de fiscales designaron un equipo policial de confianza.
Al poco tiempo la División Judiciales de la policía era la mano derecha del juez. “La lógica indica que en la causa Los Monos debería haber investigado la Agrupación de Unidades Especiales (AUE), a través de la brigada de Homicidios, no Judiciales”, contó el ex policía. En la causa hay 36 procesados –entre jefes, sicarios y policías- por asociación ilícita y tenencia de armas. “Es un expediente por un crimen y no hay ningún detenido por homicidio”, dijo.
En los catorce meses que “Carancho” Romero lideró el grupo, la división acumuló denuncias judiciales, sumarios administrativos y críticas por su accionar. A fines de 2013, el supuesto narco Luis Medina y su novia, la joven modelo Justina Pérez Castelli, fueron acribillados en un Citroën DS 3 mientras circulaban por la zona sur de Rosario. Millonario -dueño de una concesionaria de autos, un boliche nocturno y un lavadero de autos-, 42 años, perfil bajo, Medina fue rematado cuando ya había caído frente al volante: tenía más de 17 balazos.
Días después del doble crimen, tres agentes de Judiciales llegaron al country Haras del Pilar con el padre de Justina, la joven modelo muerta con Medina. Los custodios del barrio cerrado les exigieron una orden de allanamiento. Los uniformados no la tenían, pero dijeron que estaban autorizados por la jueza rosarina Alejandra Rodenas, a cargo de la investigación por el doble crimen. La mentira duró poco. Hubo llamados entre los guardias, la Policía Bonaerense y el juzgado. Los tres policías quedaron detenidos.
La jueza Rodenas citó al “Carancho” Romero: quería saber si los tres agentes habían recibido órdenes “de arriba” o habían actuado por su cuenta. Sorpresivamente, el ministerio de Seguridad de la provincia le dio al jefe de Judiciales un mes de vacaciones y la declaración se postergó hasta febrero. Los tres policías terminaron acusados de abuso de autoridad en la Justicia bonaerense.
Como en una partida de ajedrez, la división de Judiciales coronó –apenas una semana después del frustrado intento de un allanamiento trucho- una jugada magistral que inclinó el tablero a su favor.
Juan Domingo Argentino Ramírez era la obsesión del juez Vienna. A través de las escuchas, el magistrado sabía que era uno de los sicarios de Los Monos y la mano derecha de “El Ariel” Cantero, padre de la familia, a quien le manejaba varios búnkers de drogas en la zona suroeste de la ciudad. Vienna había ordenado seis allanamientos para capturar a Ramírez, uno de ellos en su domicilio. Allí se secuestraron cuatro vehículos y tres motos. En todos los operativos el sicario logró escapar.
La noche del 11 de enero la suerte de Ramírez cambió. Un policía de Judiciales avisó a sus superiores que el prófugo había sido capturado después de una persecución por los techos de la casa de su padre. Era de madrugada y los jefes prefirieron esperar unas horas para avisar al juez. Ramírez quedó alojado en una dependencia de Judiciales en la Jefatura de Policía. “Lo dejaron esposado a una escalera de hierro de una mano, para que con la otra pudiera tomar agua y comer”, contó una fuente de esa área a Infojus Noticias.
Un error estratégico volvió a inclinar el tablero. Obsesionados en el ataque, los jefes de Judiciales descuidaron la defensa. A las siete de la mañana (nueve horas después de su captura), Ramírez escapó de la dependencia policial. Por la fuga –sumada a una denuncia de la mujer de Ramírez por extorsión- cinco policías terminaron presos. Uno de ellos, Germán Almirón, saltó a la fama tiempo después, cuando unas escuchas ordenadas por un juzgado federal revelaron un supuesto plan para asesinar al juez Vienna, al fiscal de Cámaras Guillermo Camporini y al subcomisario de Judiciales Luis Quevertoque.
La derrota final de los siete policías de Judiciales relevados el miércoles se inició en un canal de televisión porteño. El programa Tercera Posición, de América, publicó una entrevista con el prófugo Ramón Machuca, alias “Monchi Cantero”, hijo de crianza de la familia Cantero y uno de los jefes de Los Monos. El hombre más buscado de Santa Fe denunció que el jefe de Judiciales Romero y el subjefe Quevertoque le habían querido “vender” la investigación por 500 mil pesos. Además, se difundió un video en el que aparecen dos policías de Judiciales. Uno de ellos es Ariel Lotito, hombre de confianza de “Carancho” Romero. Las cámaras captaron el momento en que, junto a una camioneta oficial, los agentes recibían un bolso de manos de un narco. Según denunció Monchi Cantero, se estaba pagando una coima.
Al día siguiente de la difusión de la cámara oculta, Cristian “Carancho” Romero se presentó espontáneamente en Tribunales y se inició una investigación en Asuntos Internos de la policía provincial.
Unas semanas después, la División Judiciales volvó a estar en jaque. Con la supuesta intención de demostrar la falsedad del video en un encuentro con periodistas, un agente le pidió a uno de ellos que le alcanzara la riñonera que estaba en una silla. El periodista lo hizo mientras el policía lo grababa con un celular. Después le mostró a todo el grupo de trabajadores de prensa otro video en el que se veía una mano colocando dinero en la misma riñonera. De esa manera, explicó el policía, él podría publicar los dos videos y demostrar que el periodista había recibido una coima. Desde el Sindicato de Prensa denunciaron la maniobra como un intento de amenaza.
El video de la riñonera fue la última jugada de Romero y su equipo en Judiciales. Coronó una larga serie de errores y maniobras poco claras. El miércoles, finalmente, el Ministerio de Seguridad hizo el anuncio. Siete policías de Judiciales fueron relevados de sus cargos: el comisario inspector Cristian Romero, el comisario principal Raúl Saccone, el subcomisario Quevertoque, el oficial subayudante Néstor Quirós, los suboficiales principales José Luis Ramonda y Ariel Lotito, y el agente Matías Joel Lotito. A esa hora, en una jugada preparada hace tiempo, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, sobrevolaba la ciudad en helicóptero coordinando el megaoperativo “más grande de la historia”.