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En sus 16 años, la única vez que Luciano Arruga registró sus huellas digitales fue después de una tortura en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Paradójicamente estas mismas impresiones dactilares fueron fundamentales para que lo encontraran después de cinco años y ocho meses de estar desaparecido. Se cruzaron con las del joven enterrado como NN y así se logró la identificación. El próximo 25 de marzo uno de los policías que lo golpeó durante esa detención, Julio Diego Torales, deberá enfrentar un juicio. Será la primera causa vinculada al adolescente de La Matanza que llega a una instancia de debate oral.

A Luciano lo detuvieron el 22 de septiembre de 2008, tres meses antes de que desapareciera, por la figura conocida en la jerga policial como “Doble A”: averiguación de antecedentes. Cuando salió, la paliza fue tan fuerte que sus amigos lo vieron volver al Barrio 12 de octubre colgado de su madre, Mónica Alegre. No podía caminar por sus propios medios.

Había estado más de 9 horas en un lugar que no tenía permitido alojar presos. La dependencia, que hoy es un Espacio para la Memoria, fue instalada por el reclamo de los vecinos que exigían mayor “seguridad”. Funcionaba bajo la órbita de la comisaría 8va de La Matanza. Tras la desaparición de Luciano tuvieron que cerrarla por el reclamo de familiares y amigos.

-Vos me pegaste mientras dos me sostenían- le dijo Luciano cuando su mamá y hermana lo fueron a buscar. Al que señaló, fue a Torales.

Además de golpearlo, le dieron un sándwich escupido. “Esto es lo que tenés que comer vos, negrito”, le decían los policías. También lo amenazaban con llevarlo a la 8va, “con todos los violines”.

Luciano no quiso hacer la denuncia penal porque tenía miedo de las represalias. “Negrito a vos nadie te hizo nada acá”, “Vos vas a terminar en un zanjón”, le habían advertido en el destacamento. Su hermana, Vanesa Orieta, lo convenció para ir al Policlínico de San Justo y certificar las heridas. “Luciano se negó a hacer la denuncia en ese momento. También eso habla de la repercusión que podía tener contra ellos mismos y el contexto de violencia en el que estaba viviendo. No hay que olvidar que se trataba de un menor de edad”, dijo a Infojus Noticias la abogada María Dinard, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Dinard es una de las personas que más conoce la causa que llega a juicio. Junto con Maximiliano Medina y Juan Manuel Combi, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) representan a la familia.

Las cosas por su nombre

El expediente, que es un desprendimiento de la causa por “averiguación de paradero” inicial, estaba caratulado como “vejámenes”. En febrero de 2013 el CELS pidió el cambio a “torturas” para que se tengan en cuenta no sólo por los tormentos físicos sino también los psíquicos. “A los funcionarios les cuesta mucho llamar las cosas por su nombre. Pedimos al fiscal la ampliación de la imputación por la gravedad de los hechos. El fiscal volvió a indagar a Torales e hizo lugar. La tortura implica más que los golpes. Es el daño físico y psíquico que se le aplica a Luciano”, explicó Dinard.

Torales enfrenta la posibilidad de ser condenado con la misma pena que tiene un homicidio simple: de 8 a 25 años. Llega a juicio con prisión preventiva. En enero de 2013 el juez Gustavo Banco-el mismo que enfrenta un jury por entorpecer la búsqueda de Luciano-ordenó su detención. Hasta ese momento se desempeñaba en la comisaría 2da de Laferrere. Cuando lo indagaron, el oficial rechazó los cargos y se declaró inocente. “Para nosotros Torales es responsable, lo que queremos es que en el juicio se ventile cómo fueron los hechos y se condenen”, dijo la abogada del CELS.

Además de Torales, ese 22 de septiembre de 2008, al menos dos policías más golpearon y torturaron a Luciano. Todavía no fueron identificados. “La investigación tiene que seguir adelante. Quizás del juicio puedan conseguirse otras pistas. Este caso, en su conjunto, tuvo un problema que es que no se investigó bien de entrada”, opinó Dinard.

Un historial de violencia

Los testimonios recopilados por la investigación judicial demuestran que Luciano fue víctima, de manera constante, del hostigamiento de agentes de la policía bonaerense. Esa violencia fue in crescendo. “Este no fue un hecho aislado. Luciano sufrió el hostigamiento previo”, dijo la abogada.

En 2007 un adulto que solía relacionarse con los jóvenes del barrio le ofreció a Luciano participar de asaltos en supermercados con el visto bueno de la policía. Luciano se negó y ahí empezó la persecución. El 22 de julio de 2008 lo detuvieron por primera vez por averiguación de antecedentes. Durante de esa detención en la Comisaría de Don Bosco de La Matanza lo golpearon.

Tiempo después esos mismos efectivos alentaron una pelea entre dos grupos de jóvenes. La policía detuvo a los adolescentes del Barrio 12 de octubre, entre ellos estaba Luciano. El otro grupo les tiró piedras, mientras la policía no hacía nada.

En otra oportunidad, a Luciano y sus amigos, los mismos agentes de Don Bosco los pararon en la calle y los pusieron contra la pared. “No contestes que si no te vuelo el pecho”, le dijeron al joven apuntándolo con un arma.

“Para los familiares el juicio es muy importante. Hace mucho que esperan una instancia así”, opinó Dinard. El debate comienza el próximo 25 de marzo y está pautado, en principio, en cinco audiencias. Los jueces serán Diana Nora Volpicina, Gustavo Omar Navarrine y Liliana Logroño del Tribunal en lo Criminal N° 3 de la Matanza. La madre y la hermana de Luciano, sus amigos y el médico que lo atendió en el Policlínico de San Justo aportarán sus testimonios. Es la primera posibilidad que tiene la Justicia de que los hechos que llevaron a la desaparición y muerte del adolescente de 16 años dejen de estar cubiertos de impunidad.