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Fabián Gorosito, de 22 años, apareció muerto el 15 de agosto de 2010 con signos de tortura en un zanjón junto a las vías de la ex línea Belgrano Sur de la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo. Actualmente el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de Morón  lleva a adelante un juicio contra once policías y una civil. Hoy separaron a seis de esos efectivos de sus cargos y pasaron a disponibilidad del Ministerio de Justicia y Seguridad de Buenos Aires.

Después de la muerte de Fabián, sus padres fueron a la comisaría sexta de Merlo, para preguntar por su hijo. Les dijeron que ahí no estaba. Después los policías dijeron que había muerto por una intoxicación y más tarde que apareció ahogado. La familia de Gorosito siempre dijo que lo buscaron porque habría estado vinculado con la pareja de un policía. Días antes, incluso, tres amigos de Gorosito fueron detenidos en la misma comisaría y golpeados para que dijeran dónde encontrarlo. “Esos tres chicos ya declararon en la causa y por esto también se imputa a los policías”, dijo Jaque.

La familia denunció que el retiro del cuerpo del lugar y la autopsia fueron realizados por funcionarios policiales, lo cual resulta violatorio de la resolución 1390 de la Procuración provincial.

La imputación a los 11 policías es por privación ilegal de la libertad y tortura, seguida de muerte. Cinco de ellos están detenidos en la Unidad 9 de La Plata y en el penal N°39 de Ituzaingó. Son los oficiales Luis Alberto Fernández, Ramón Fortunato, Adrián Giménez, Raúl Alejandro Ortiz y Pablo Nieva.

Hasta la semana pasada, los otros seis permanecían en actividad policial a pesar de las denuncias que había sobre ellos. Sus identidades son Rubén Daniel Villalba, Hernán Horacio Oviedo, Leonardo Natalio Ose, Gabriel Alejandro Sánchez, Víctor Gonzalo Cuelli y Marcos Emanuel Dipierro.

Apedido de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que actúa como veedora en el juicio, fueron separados del cargo hasta que se esclarezca su rol en el crimen de Gorosito.

“Cuando sucedió el hecho, a los policías los dejaron cesante tres meses y cuando nadie hablaba del caso los volvieron a incorporar”, sostuvo Margarita Jarque, del área de Litigios de la CPM aInfojus Noticias.

Además, hay una mujer civil imputada, Aixa Soledad Sosa, que es la pareja de uno de los policías, Fernández.

La semana pasada, los padres de Fabián junto a Adolfo Pérez Esquivel, presidente del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), denunciaron que el Tribunal actúa de manera parcial en el proceso. “Mientras los policías imputados pueden entrar armados al juicio, los testigos y los familiares reciben amenazas y no pueden ingresar. Es un debate oral totalmente viciado", dijo el premio Nobel de la Paz.