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Con la declaración de testigos y el rechazo en forma unánime al pedido de la defensa de que se confirmen las absoluciones de los acusados comenzó un nuevo juicio por el asesinato de Julián Antillanca. El joven, de 19 años, murió hace cinco años a manos de policías de Trelew, en Chubut. La decisión del tribunal no hizo más que confirmar lo que había resuelto el Supremo Tribunal de Justicia provincial –y que avaló la Corte Suprema de Justicia- que revocó el proceso realizado en primera instancia y ordenó hacer un nuevo juicio.

Los jueces Adrián Barrios, Daría Arguiano y Marcelo Nieto De Biase se tomaron tres días para resolver el pedido del defensor de los imputados Fernando Gabalachis, que se basaba en lo que técnicamente se conoce como “ne bis in idem” (no se puede juzgar dos veces) a una persona por el mismo hecho. Pero su pedido fue rechazado en línea con lo resuelto el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Según fuentes consultadas por este medio, los magistrados estuvieron unos 40 minutos leyendo los votos de los integrantes del tribunal con sus argumentos para rechazar el pedido de la defensa de los diez imputados. También la fiscal del caso, Mirta Moreno, pidió que declare como testigo al precandidato a intendente de Trelew, Adrián Maderna.

Después comenzaron a declarar los testigos. Cesar Antillanca, padre de Julián, fue el primero en sentarse ante los jueces, luego fue el turno de la madre, Sandra Tolosa. La tercera, y ultima de la jornada, fue una vecina del lugar donde  encontraron el cuerpo de Julián.

Cesar le contó a los jueces cómo tuvo que “ponerse a trabajar para buscar a los testigos” de lo que le pasó a su hijo Julián, contó a Infojus Noticias después de haber declarado ante los jueces. Es que el trabajo era mayor porque “la fiscalía toma datos de la propia policía para investigar en un primer momento”.

Recordó cómo fue la policía provincial la primera en llamar a la fiscal de turno aquella noche/madrugada en que se encontró el cuerpo de Julián y cuando comenzó a minarse una supuesta idea de coma alcohólico. “Tomaron los datos de los testigos que conseguimos”, contó Cesar en lo que fue el inicio de las audiencias.

Los policías imputados por el asesinato de Julián son, Martín Solis, Jorge Abraham y Laura Córdoba, el oficial Pablo Morales, contra quienes pesa la acusación por delito de homicidio agravado. Otros cuatro que serán juzgados por el delito de encubrimiento agravado son Carlos Sandoval, Analía Di Gregorio, Mario Bascuñán y Valeria Zabala y la civil Gabriela Bidera, mientras que contra el oficial Diego Rey pesa el cargo de privación ilegal de la libertad.

En 2010 en la zona de boliches de Trelew, Julián fue interceptado por policías a metros de una rotonda, donde fue brutalmente golpeado. Los policías redujeron en el piso a Julián, uno le pisó la cabeza y el otro las piernas, y comenzaron a golpearlo. Despues, cargaron el cuerpo en un patrullero y lo tiraron en la calle, con el objetivo de hacer desaparecer todos aquellos vestigios que pudieran involucrarlos en tal situación.

La historia oficial atribuía la muerte de Julián a un coma etílico pero esos mismos policías, horas antes de golpear al joven, habían sometido a una golpiza a los hermanos Sergio y Denis Aballay a la salida de un boliche. Ambos denunciaron lo ocurrido y los agentes tuvieron una condena leve por apremios ilegales. Los Aballay, que iban a ser testigos de este nuevo juicio, fueron fusilados a principios de 2014.

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