Infojus Noticias

En un pabellón especial para policías, en la Alcaidía de Rosario, los 34 ex agentes detenidos tenían ocho heladeras, dos freezer, hornos pizzeros, televisión por cable, DVD y un exhibidor de helados, entre otros privilegios. En el otro extremo, las más de 1300 personas alojadas en dependencias policiales del sur de la provincia estaban hacinadas, sin acceso a la luz natural ni ventilación. En algunos casos se turnaban para dormir y carecen de agua potable. Esta situación quedó reflejada en un informe de la Defensoría Provincial Penal de la Provincia de Santa Fe. En base a este documento el organismo presentó un hábeas corpus en la Justicia y el Ejecutivo provincial se comprometió a reducir el número de alojados en comisarías y construir una alcaidía nueva para trasladar a los detenidos.

El acuerdo, ratificado por la jueza Roxana Bernardelli, establece un máximo de 230 detenidos en comisarías. Además, establece el 6 de agosto como plazo para la construcción de la Alcaidía Regional que alojará 100 mujeres y 200 varones.

“Santa Fe adhiere a la ley nacional, que establece que no debe haber detenidos en comisarías, deberían estar todos bajo el régimen del Servicio Penitenciario de la provincia”, explicó a Infojus Noticias el Defensor Regional de Rosario, Gustavo Franceschetti.

En la práctica la cosa es distinta. Según el relevamiento de la Defensoría, en enero de 2014 en la Circunscripción Judicial N° 2 de Santa Fe –que abarca Rosario y otros siete departamentos del sur provincial- había 1379 personas alojadas en dependencias policiales (alcaidías y comisarías), un 47 por ciento del total de detenidos. Estas cifras superan incluso los de la provincia de Buenos Aires, “que tiene 30 mil presos y solo dos mil en comisarías”, según detalló el Defensor General de la Provincia, Gabriel Ganón.

“Ese número es sumamente irregular. La mitad está en el Servicio Penitenciario y el resto en la policía. La causa es la desconexión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. El Ejecutivo desatendió la cuestión, no desarrolló políticas de construcción de penales. Paralelamente, el Poder Judicial encarcela sin preocuparse si hay espacio”, sostuvo Franceschetti.

Hacinamiento, falta de higiene y alimentación

En las 78 dependencias policiales de la circunscripción hay 682 plazas y 1379 reclusos: una superpoblación del 100 por ciento. Además del hacinamiento, en las comisarías no hay luz natural, lugares específicos para la alimentación, no tienen patios donde practicar deportes ni posibilidades de ejercer un oficio. Tampoco hay lugares para que reciban visitas íntimas.

“La suciedad general, el olor nauseabundo, los desperdicios de comida tirados en el piso, son una postal común”, sostiene el Informe de la Defensoría. Y agrega: “Prácticamente no hay camas ni provisión de colchones”. “Ninguno de sus derechos están satisfechos”, explicó Franceschetti.

“También hay otros inconvenientes”, explicó una fuente de un juzgado a Infojus Noticias. “Los condenados atraviesan cuatro etapas: observación, tratamiento, prueba y libertad condicional. Se trata de un tránsito progresivo, que permite que el detenido se vaya adaptando y trabaje con un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y abogados. En las comisarías nada de esto existe”, agregó.

En la práctica, cuando se detiene a una persona queda alojada en una comisaría, excepto que se trate de un detenido peligroso –como el caso de la banda Los Monos, que están en el Penal de Piñeiro- o que tenga problemas con otros. Hasta que se desarrolle la audiencia de juicio están a cargo de la Unidad Regional de Policía. Si se la condena pasa a la órbita del Servicio Penitenciario y del único Juzgado de Ejecución Penal que hay en Rosario.

Las dos secretarías del Juzgado de Ejecución tienen a su cargo 1300 detenidos. “Es una locura que funcione así, es una estructura muy pequeña”, explicó la fuente judicial.

Penales VIP

Una de las oficinas de la seccional 27 de Arroyo Seco, a unos 25 kilómetros de Rosario, funcionaba como celda. Los tres detenidos, entre los que se encontraba el ex jefe de la barra de Newell’s, el “Panadero” Diego Ochoa, tenían aire acondicionado, heladera propia, televisión y teléfonos celulares. La puerta de la celda VIP solo se abría de adentro. Si algún policía quería entrar debía pedirles permiso a los reclusos.

El fiscalGuillermo Apanowicz, que imputó a dos policías por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, investiga si los presos pagaban una cuota a cambio de los privilegios.

En el pabellón de la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario ocurría una situación similar. “Los detenidos y los abogados nos contaban que ahí adentro todo se arreglaba con plata. Desde un colchón hasta otros privilegios”, contó la fuente judicial. El caso más claro es el de los 34 policías, que tenían hasta una heladora exhibidora de helados.

En octubre del año pasado, tras las denuncias de corrupción y el reclamo de la Defensoría, el gobierno provincial decidió traspasar la Alcaidía de la órbita de la Unidad Regional II a la del Servicio Penitenciario provincial.

“En enero de 2014 había 1379 personas en comisarías. Con el traspaso de la Alcaidía, que se convirtió en la Unidad Penal VI, 450 detenidos pasaron al Servicio Penitenciario. Paralelamente fueron trasladando personas de las comisarías”, explicó el defensor regional.

En el último relevamiento de noviembre había 509 detenidos en dependencias policiales. “Las nuevas alcaidías, que albergarán 100 mujeres y 200 varones, no sumarán plazas para detenidos. La idea es que alberguen a los que están en las comisarías. Además, eso satisface las demandas de ellos, porque estarían en Rosario, cerca de sus familias”, agregó Franceschetti.