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El ex comisario de la Policía de Córdoba Pablo Márquez fue condenado hoy a tres años de prisión efectiva y seis de inhabilitación a ejercer cargos públicos. Esposado, fue retirado de la sala de la Cámara 6° del Crimen luego de que el jurado popular lo consideraron culpable de los delitos de “coacción y abuso de autoridad”. Mediante un sistema de premios y castigos, Márquez ordenaba a sus subalternos a detener personas inocentes usando el Código de Faltas, con el único propósito de aumentar las estadísticas y mostrar falsa eficiencia. Hasta que lo denunciaron. Este fallo es considerado histórico ya que podría poner un freno a las detenciones masivas que son rutina en las calles de Córdoba. Sin embargo, en la sentencia de hoy no se hizo mención al pedido para que se investiguen las privaciones ilegitimas cometidas en esos años.

De acuerdo con las pruebas vertidas en la audiencia, bajo las órdenes de Márquez los efectivos del CAP 8 de barrio Panamericano, al norte de la ciudad, privaron de su libertad a 6750 personas, sólo entre febrero y agosto de 2011. En Córdoba, un joven es detenido cada 7 minutos por artículos como “merodeo” y las aprehensiones a mansalva son una práctica sistemática para los uniformados. Por eso, los jueces hicieron lugar al pedido de del Ministerio público Fiscal y la querella, para que se abran nuevas investigaciones para determinar la responsabilidad de la cúpula policial, bajo la que actuó el imputado.

En sus alegatos, los fiscales Marcelo Hidalgo y Marcelo Fenoll habían pedido una pena de 5 años de prisión efectiva e inhabilitación por 8 años, mientras que el abogado querellante Carlos Nayi exigió 6 años de cumplimiento efectivo y 12 de inhabilitación. Por su parte, el abogado defensor Justiniano Martínez pidió la absolución y la nulidad del juicio. "La principal amenaza a la sociedad cordobesa fue la Policía de Córdoba, que rompió el contrato social y en lugar de combatir el delito, usó el Código de Faltas, para detener inocentes y engañar a todos", dijo Nayi a Infojus Noticias.

Antes de que el jurado pasara a deliberar, Márquez pidió hacer uso de su derecho a última palabra. Sacó una hoja y leyó, compungido: “Nunca ordené detenciones. Estoy impotente, me hacen sentir como represor de la dictadura". Y dijo sentirse “preso de una situación judicial y política donde yo no debería estar”.

En base a las pruebas que no fueron sólo testimoniales el fiscal Hidalgo sostuvo que Márquez violó sistemáticamente las constituciones Nacional y Provincial, el Código de Procesamiento Penal y aún el Código de Faltas provincial invocado en las detenciones ilegales. Fenoll por su parte sostuvo que el exjefe policial impartía órdenes ilegales en perjuicio de las víctimas directas y de la comunidad en general, a la que ofrecía una seguridad ficticia.

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Márquez dirigía su comando con las mismas lógicas de un McDonalds. Recomendaba detener a personas por “merodeo” o los aleccionaba en la práctica de provocar “resistencia a la autoridad”. La patrulla que realizaba más detenciones era reconocida con una foto tamaño A4 que colgaba de la guardia, con la frase “dupla del mes”. Si los subordinados se negaban a seguir estas prácticas, los castigaba con días de recargo y arrestos.

De acuerdo con la causa, el comisario exigía un piso mínimo de “aprehensiones o detenciones” por guardia “hubiera o no motivos”. A veces, los pedidos eran directos. Otras, solapados. “Traten de hacer el colchoncito antes de las ocho de la noche, así se pueden ir a sus casas tranquilos”, les decía. Lo contó César Calvo, uno de los denunciantes, a esta agencia.

Según Calvo, también instruía a los subalternos para “no abusar del merodeo” (por esos días una figura contravencional muy cuestionada). “Sugería provocar resistencia a la autoridad y daba consejos para que el futuro detenido reaccionara”, contó Calvo, que aún sigue en funciones y sufrió varios traslados después de atreverse a denunciar. En el expediente, los declarantes le atribuyen textuales mucho más directos: “A vos te pago por llevar detenidos. Si no te presionaba ayer a la tarde no llevabas a ese puto mugriento”, le habría dicho a uno. “Este año quiero ser protagonista, tengo el aval de los superiores”, sostenía.

El ex policía dio clases en la escuela de Suboficiales entre 2005 y 2012. Enseñaba las materias Prevención Policial y Código de Faltas. En ese periodo las detenciones por Código de Faltas treparon un 810 por ciento. De acuerdo con los números oficiales entregados por la Policía, en 2005 hubo 8.968 contraventores detenidos, 54.782 en 2009 y la escalada siguió hasta llegar, en 2011, a los 73.100. En agosto de ese año Márquez fue denunciado: la Policía no volvió a entregar cifras de contraventores.

En la única entrevista que dio a la prensa al sitio Cosecha Roja, Márquez negó todo: “Juro por mis hijos que nunca en mi vida policial hice eso. Fui siete años profesor en la escuela de Suboficiales. ¿Sabés que enseñaba? Prevención Policial y Código de Faltas. Les enseñaba a los policías como debían comportarse, peleaba por los derechos de las personas”. Y aunque negó los cargos en su contra, él mismo sostuvo que el “la Policía de Córdoba no sabe usar el Código de Faltas. Se detiene primero y se pregunta después”, dijo.

Desde hace nueve años, cada octubre en Córdoba participan miles de jóvenes de la ya tradicional Marcha de la Gorra. “No es merodeo, es paseo”, cantan mientras protestan contra el abuso policial, que el transito cotidiano de la mayoría de los jóvenes varones de barrios humildes. Pese a los innumerables reclamos en contra de la ley contravenciones que habilita a la policía a detener por “portación de rostro” y a los comisarios oficiar como jueces, hubo solo dos medidas judiciales en contra del Código de Faltas. Un habeas corpus preventivo del juez de Controles Gustavo Reinaldi que cuestiona el uso discrecional de la figura de merodeo. La otra es la condena contra un oficial de rango, como es Márquez, por ordenar detenciones ilegales.

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