Infojus Noticias

La primera causa que llega a juicio oral por los saqueos cometidos en Córdoba durante las jornadas del 3 y 4 de diciembre, será un proceso abreviado cuyas penas para los dos únicos imputados ya fueron acordadas entre las partes, y se celebrará mañana en la Cámara 11 del Crimen, de la capital mediterránea.

Los hermanos Ciro Oscar Giménez y Lucas Santiago Giménez llegan a esta instancia acusados del delito de robo calificado, penado con 3 años de cárcel como mínimo, pero podrían ser condenados –si la Jueza de Cámara homologa el pacto– por los delitos de hurto calamitoso y coacción, que prevé una mínima de 2 años, según confirmó una alta fuente judicial a Infojus Noticias.

La diferencia en la calificación legal se debe a que el fiscal de Cámara, Diego Albornós, no estaba de acuerdo con la acusación efectuada por la instructora Adriana Abad, una de los cuadros fiscales provinciales que tratan de dilucidar lo ocurrido en diciembre pasado. Entre el martes 3 y el miércoles 4 de ese mes, Córdoba vivió 36 horas de caos y violencia en las que fueron asaltados más mil comercios, aprovechando la ausencia de la mayoría de los policías, que se encontraban acuartelados por un reclamo salarial. Al menos 82 personas todavía siguen tras las rejas por aquellos hechos, y muchos enfrentarán juicio oral en las próximas semanas. Una de las causas tiene a 16 policías imputados y presos en Bouwer, por instigar a la protesta.

El hecho por el que mañana serán juzgados Lucas y Ciro Giménez ocurrió a las nueve y media de la noche del 3 de diciembre, en un supermercado de la cadena Cordiez. En pocas horas, el local fue destrozado y vaciado por completo, por una cantidad incierta de personas. Su dueño, el empresario Darío Brasca, decidió no volver a abrirlo porque, dijo, “se rompió la confianza con los vecinos”. Ciro y Lucas, vivían casi en frente, en la calle Agustín Garzón, del barrio San Vicente.

“Llegaron para las latas”

Lucas Giménez tiene 34 años y hasta antes de ser detenido, el 7 de diciembre pasado, trabajaba como soldador. Su hermano Ciro tiene 24 y hacía changas. Nunca antes habían sido detenidos por ningún delito y – posiblemente– no sabían lo que era robar. Ahora sus nombres rotulan un grueso expediente junto al sello: “robo calificado”. A diferencia de los saqueos ocurridos en 2001, la sucesión de asaltos sucedidos el año pasado tuvieron como principales objetivos casas de venta de electrodomésticos, de implementos informáticos, de vestimenta, zapatos y colchones. Sin embargo, el botín con el que se hicieron los hermanos Giménez, era menos valioso y más esencial. Constaba de algunas latas de tomate, palmitos, durazno al natural, frutillas, una botella de aceite, yerba y otros alimentos. “Para mí, estos chicos llegaron para las latas”, interpretó una fuente de la causa. “A eso de las nueve y media, cuando entraron, la puerta del local ya había sido reventada, y el comercio ya había sido saqueado varias veces. Solo habían dejado algunas conservas”, agregó.

 De acuerdo con el expediente, el robo sucedió así, de la manera más inocente: Lucas, el mayor de los hermanos, se asomó al mercado desbastado y fue sacando la mercadería que tenía a su alcance. Cruzaba la calle y se la pasaba a su hermano Ciro, que esperaba en la otra vereda. Este la guardaba en su casa. Todo eso era visto por Marcela, la hermana de ambos, que –con la intención de frenarlos– tomó el teléfono y dijo que llamaría a la policía. En su acusación, Abad afirma que “mientras se hacia la red furtiva, a fin procurar su impunidad, los acusados realizaron amenazas contra su hermana”.

En cordobés, la frase que figura en el expediente es: “Cállate conchuda. Te vamos a matar. Más vale que no llames a la policía, eh!”. Al menos eso declaró Marcela ante la fiscalía, cuando fue citada.

Diferencias entre fiscales

Para la fiscal Adriana Abad, ambos delitos –el robo y la amenaza– están relacionados, por eso decidió imputarlos por robo calamitoso (una variante de calificado), que es el patrón aplicado por los cuatro fiscales que investigan saqueos. Pero el fiscal de la Cámara 11 del Crimen, Diego Albornós, no lo interpretó de la misma manera. “El intento de llamar a la policía para evitar el robo era estéril, porque, en realidad, aquella noche prácticamente no había policías. Por ende, las amenazas no fueron para garantizar su propia impunidad”, dijo a InfojusNoticias el secretario de Cámara, Daniel Carrió. Una prueba de estos es que los hoermanos fueron detenidos cinco días después, y no “en flagrancia”, como hubiera sucedido si la fuerza de seguridad hubiera acudido a los miles de llamados efectuados esa noche.

Albornos considera que la imputación debe ser por hurto calificado, que prevé una minina de 1 año, y coacción, con una mínima de 2. También cree que Ciro Giménez, el menor de los hermanos, no fue “coautor” (como sostiene Abad) sino participe secundario.

Esa será la acusación que mañana llevará a la primera y única audiencia del juicio oral y la abogada defensora Vilma Seck, aceptó el acuerdo. Como en todo juicio abreviado, donde los acusados confiesan y aceptan su culpabilidad, el Juez no puede condenarlos por una pena mayor a la acordada por las partes. Lo que hace el magistrado, en rigor, es homologar el pacto. Eso es lo que haría mañana la jueza Graciela Bordoy, a cargo de la Cámara 11 de Crimen.

Según pudo saber Infojus Noticias, la pena sería de cumplimiento efectivo. En caso de que Ciro y Lucas mantengan buena conducta durante su presidio, en ocho meses podrían recobrar la libertad.

82 detenidos

Las causas generadas por los saqueos están distribuidas entre los fiscales Raúl Garzón, Adriana Abad, José Mana y Jorgelina Gutiez. Muchos expedientes ya fueron resueltos, mientras que otros siguen investigándose, como es el caso del único muerto de las jornadas, Javier Rodríguez, que recibió un disparo –según su familia, de un policía– en barrio Ciudad Evita.

Durante la última navidad, 154 cordobeses brindaron tras las rejas, acusados por distintos hechos relacionados a los saqueos. Pero luego esa cifra descendió y a la fecha se contabilizan s 82 personas detenidas, dos pedidos de captura y cinco prisiones domiciliarias, entre las cuatro fiscalías. Raúl Garzón es quien ordenó la mayor cantidad detenciones, unas 33 con prisión preventiva, distribuidas en 12 causas. “Yo elevé a juicio varias causas, incluso tres de ellas llegaron a Cámara”, dijo a Infojus Noticias el fiscal. Muchos de los expedientes, son por delitos menores, como encubrimiento.

Además hay 16 miembros de la Policía de Córdoba detenidos, confirmados por la Cámara de Acusación de Córdoba todos de baja jerarquía. La instrucción de ese expediente también está a cargo de Garzón. Se trata de los primeros uniformados que, en la madrugada del 2 de diciembre, pararon de trabajar. Se los acusa de instigar al abandono de tareas a sus compañeros.