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El gobernador cordobés Juan Manuel de la Sota anunció el reemplazo de la norma contravencional que rige desde 1994 en la provincia por un “Código de Convivencia” que “amigue a los cordobeses”. Lo hizo en una reunión que mantuvo con empresarios el miércoles, pero no dio mayores detalles. Habló también de “la posible limitación del derecho de huelga para algunos prestadores de servicios esenciales (seguridad, salud, etcétera), con el objetivo de disminuir los conflictos a favor de la paz social”.

Por esa norma contravencional, en esta provincia una persona puede permanecer hasta 59 días en prisión por decisión de un comisario (y de un subcomisario en el interior de Córdoba), sin control judicial ni actuación de un abogado defensor. El último monitoreo del Observatorio en Derechos Humanos de la Universidad de Córdoba para la Comisión por la Memoria dice que entre 2005 y 2011 las detenciones registradas por el Código de Faltas se incrementaron de 8968 a 73100 (según los últimos datos oficiales, ante la falta de respuestas de las autoridades provinciales).

Sobre la propuesta que el bloque oficialista Unión por Córdoba ingresó en la comisión para la reforma del código que habilita este tipo de abusos, el abogado e integrante del Observatorio de Derechos Humanos, Lucas Crisafulli, dijo que es “puro maquillaje”. El académico señaló a Infojus Noticias que la propuesta mantiene “la figura polémica e inconstitucional del merodeo”, la prescindencia de abogado defensor en el fuero contravencional, y continúa habilitando la “detención preventiva, que es el núcleo central que transforma funcionarios policiales en pequeños dictadores”. Como novedad a partir del proyecto, las penas de arrestos se podrían reducir a 15 días como máximo salvo excepciones (por ejemplo, quien explote whiskerías para las que contempla hasta 20 días de arresto).

En sus declaraciones, de la Sota no abundó en precisiones sobre la reforma que empezaría a cobrar forma en el mes de febrero. Pero a fines de 2013 –el mismo día en que la policía provincial se acuarteló en reclamo de mejoras salariales–, el Ejecutivo provincial ingresó “informalmente” un borrador a la comisión que desde hace dos años estudia el tema en la legislatura provincial. Desde que se creó en 2011, esta comisión cuenta con presupuesto propio, pero los presidentes de todos los bloques que la integran se reunieron poco (en 2013 solo una vez) y no hubo acuerdos.

El legislador socialista Roberto Birri dijo a Infojus Noticias que durante 2012, la comisión -donde presentó un proyecto de reforma- convocó a “expertos, a especialistas, a representantes del Ministerio de Seguridad y de la propia policía” pero el bloque oficialista “nunca tuvo la voluntad de avanzar en la reforma”. En octubre pasado, se conoció que pese a no haberse reunido, en lo que iba del año 2013 la comisión había gastado $ 431 mil, entre ellos $ 224 mil de combustible. “En diciembre, cuando ingresaron el borrador, verbalmente informaron que el dinero se había gastado en consultas que se hicieron en el interior de la provincia”, dijo Birri y aclaró que espera que el oficialismo dé los datos de la ejecución presupuestaria del último trimestre de 2013 para “corroborarlo”.

“A partir de los 60 días, es necesaria la intervención de un juez. Por eso la mayoría de las condenas por el Código de Faltas son de hasta 59 días”, dijo Birri. Y señaló como fundamental trabajar en la reforma de una norma que da lugar a los abusos policiales. “Planteamos como umbral irrenunciable que se deroguen figuras como la detención por merodeo, por prostitución escandalosa y la obligación de identificarse ante la policía, que son las más y arbitrariamente aplicadas en toda la provincia”, agregó.

Una de las figuras más cuestionadas de este código es el “merodeo”, que le otorga una facultad discrecional al policía para que determine quién es el “merodeador”. En el marco de esta normativa, se producen 200 detenciones diarias sólo en la ciudad de Córdoba. Con casi veinte años de vigencia, hay una cultura policial internalizada en el modus operandi de las fuerzas de seguridad. Desde hace 7 años, cada 20 de noviembre, miles de cordobeses de movilizan en la llamada “Marcha de la gorra”, en contra de la norma que permite a la policía detener “personas por la forma de vestirse” o con el solo justificativo del “olfato policial”.

Denuncian abuso policial

En la provincia, las denuncias de abuso policial han dado lugar a diversas actuaciones judiciales. En el valle de Punilla, de poco más del 10.000 habitantes, el conocimiento de la muerte de Jorge Reyna en una celda policial desató una ola de denuncias de corrupción y abuso policial. Al reclamo de Justicia de familiares y amigos de Jorge, se suman los de Facundo Rivera Alegre, un joven de 19 años desaparecido desde febrero del año pasado, y los de Juan Molinari, que a los 22 años apareció ahorcado en 2009 en una comisaría de Alta Gracia, entre otros. Se suma una causa que instruye el fiscal de la cuarta jurisdicción de la capital provincial, Pablo Molina, que en diciembre pasado elevó por segunda vez el pedido de juicio por abuso de autoridad y coacción contra el comisario Pablo Márquez, acusado de ordenar detenciones arbitrarias para mejorar las estadísticas del comando que estaba a su cargo en la comisaría de Barrio Alto en Córdoba capital. “Márquez fue reasignado a otra comisaría”, señalaron a Infojus Noticias fuentes judiciales a cargo de la investigación.

Desde la Comisión por la Memoria, denunciaron que pese a los reiterados pedidos de informes al Ejecutivo provincial, no consiguieron los datos sobre la “cantidad de sentencias dictadas por el comisario ni el tiempo promedio de duración de dichas detenciones”. Pero advirtieron que de una investigación realizada durante el año 2012 por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de La Rioja (España) surge que “los jóvenes detenidos por la aplicación del Código de Faltas pasan un máximo de dos días detenidos, en el caso de los sectores altos; un máximo de dos meses en el caso de los sectores medios y hasta seis meses tras las rejas en el caso de los sectores bajos”.