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El 13 de septiembre de 2003 un agente de la policía de Córdoba - su identidad se encuentra en reserva- estaba de franco. Vestido de civil, se presentó en la puerta de una vivienda del barrio Villa El Libertador en la capital provincial, se identificó como policía y sacó su arma. Entró a los gritos: dijo que allí vivía alguien que había vendido droga a su hijo. Era un asunto personal. El agente acusó de narcotraficante a un hombre. Este se asustó y en el intento por escapar se refugió en casa de otros vecinos. Ahí vivía una mujer embarazada que ante el susto se descompensó y perdió el bebé.

Las personas que habían sido amenazadas por el policía iniciaron una demanda. En 2011 el juez Gustavo Orgaz ordenó que el agente debía pagar $35.004 al vecino acusado de vender drogas y otros $10.000 a la familia vecina. El fallo absolvía al Estado de responsabilidades. Los demandantes apelaron esa sentencia. El 25 de marzo la Cámara de Apelaciones 5ª en lo Civil y Económico instó al policía y al Estado a pagar la indemnización. La sentencia, firmada por los vocales Rafael Aranda y Abraham Ricardo Griffi, tomó como referencia la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“La entrega del arma reglamentaria por la fuerza de seguridad y la obligación de portarla que se impone al agente, acarrea la responsabilidad del Estado por las secuelas dañosas derivadas de su utilización; y que si la protección pública genera riesgos, es lógico que esos riesgos sean soportados por toda la comunidad”, dice la sentencia. En su voto el camarista Rafael Aranda explicó: "el ejercicio del poder de policía de seguridad estatal impone a sus agentes la  preparación técnica y psíquica adecuada para preservar racionalmente la integridad física de los miembros de la sociedad y sus bienes”. Del fallo se desprende que el Estado podría haber prevenido el exceso del policía y es por eso que ahora debe hacerse cargo.