La Cámara del Trabajo dejó sin efecto una resolución del Ministerio de Trabajo que rechazaba la inscripción gremial del sindicato de policías y agentes penitenciarios de la provincia de Córdoba.
Los jueces de la sala II, Miguel ángel Pirolo y Graciela González dejaron sin efecto la resolución 662/2007 del Ministerio de Trabajo que rechazaba la inscripción gremial de la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina Cordoba (U.P.P.A.C.) llamada “7 de Agosto”.
Según explicaron fuentes judiciales, la sentencia, dictada en los últimos días además de dejar sin efecto el mencionado decreto, también actúa sobre el decreto 353/2012. Un decreto firmado en marzo del año pasado que desestimó el “recurso jerárquico” presentado por la agrupación de policías para que se reconsidere la decisión del ministerio y confirmó la resolución ministerial.
La Cámara del Trabajo revirtió las prohibiciones que planteaba la resolución ministerial y que luego confirmaba el decreto presidencial. Por lo que podría decirse que dejó allanado el camino para que el sindicato pueda ser anotado como entidad gremial. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo puede apelar la sentencia por lo que el caso llegaría a la Corte Suprema.
Las causas pendientes en la Corte Suprema
En la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya hay dos causas sobre la sindicalización de la policía pendientes de resolución. Una de ellas está en el máximo tribunal desde hace tres años y cuenta con un dictamen de la Procuración General que rechaza la agremiación de los uniformados.
Se trata de una causa iniciada por el autodenominado Sindicato Policial de Buenos Aires (SIPOBA) que intentó inscribirse como gremio en el Ministerio de Trabajo. El expediente ya pasó por 5 de los 7 integrantes de la corte, y en diciembre del año pasado la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, emitió un dictaminen.
La procuradora recomendó que se rechace el recurso de queja “ante la ausencia de una ley expresa”. La procuradora, haciendo referencia al convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostuvo que “la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio".
La otra causa que se encuentra en manos de la Corte Suprema llegó en agosto de este año, a raíz de una presentación del llamado Sindicato de Policías y Penitenciarios (SIMNPOPE). Emparentada con la CGT de Hugo Moyano -el hijo de este Hugo Antonio Moyano (Jr) es su representante legal y quien llevó la causa al máximo tribunal- este grupo intentó inscribirse como gremio y el Ministerio de Trabajo rechazó el pedido en diciembre del año pasado. Luego la Cámara del Trabajo confirmó el rechazo y ahora la causa está en el Máximo Tribunal.