Infojus Noticias

Los policías de Huinca Renancó, un pueblo cordobés de 8 mil habitantes, notaron movimientos raros. Estaban en la Estancia “Laguna El Cuero”, denunciada por la ONG Mallul Mapu por desmontes ilegales. Los empleados del latifundio estaban a la defensiva, como escondiendo algo.

“Se movían de un lado para otro, nerviosos. Temían que encontremos lo que finalmente encontramos”, dijo uno de los policías que participó del allanamiento.

Durante la recorrida por las 7 mil hectáreas que tiene el predio, los policías comprobaron que había al menos 260 hectáreas afectadas por el desmonte. No se imaginaron, sin embargo, que en un rincón lejano de la estancia iban a encontrar unas chozas armadas con silo bolsas y palos, en las que dormían cuatro jóvenes que trabajaban como hacheros.

“Ellos estaban descansando de su trabajo y se sorprendieron. No entendían nada de lo que estaba ocurriendo”, explicó Claudio Mazuqui, secretario de la fiscalía de instrucción penal de Huinca Renancó, que se encuentra a 420 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba.

Según el secretario, los jóvenes –entre los que habría, por lo menos, un menor- vivían en condiciones “de esclavitud”, en colchones raídos, sin baños, sin alimentación, sin más que un techo de nylon. El precario campamento estaba en una zona despoblada, rodeado de campo.  “Lo que me llamó la atención es que no eran de la zona, sino del norte de Córdoba. Eso podría ser la punta para averiguar una pista por la trata de personas”, dijo Mazuqui.

La fiscalía de Huinca Renancó derivó la investigación al juzgado federal de Río Cuarto y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Consultada por Infojus Noticias, la secretaria penal Lucía Storani dijo que “todavía no hay una causa armada” por el caso de los hacheros y que se enteró de la noticia por un diario local. “No fuimos informados en tiempo y forma por la fiscalía y recién estamos abriendo la investigación. Desconocemos si los jóvenes regresaron con sus familias así como también quién los contrató”, dijo Storani, que priorizó la pesquisa en torno a averiguar la existencia de una trata de personas.

Mario Campos, periodista e integrante de la ONG Mallul Mapu, le contó a Infojus Noticias que la explotación laboral no es algo excepcional en el sur de Córdoba. “Hace seis años venimos denunciando que los dueños de los campos hacen desmontes para plantar soja. Y contratan a hacheros en condiciones infrahumanas para talar los bosques”, explicó.

Huinca Renancó, que forma parte del departamento de General Roca, integra el Corredor Biográfico del Caldén, una reserva que se creó hace diez años por decreto del gobernador José Manuel de La Sota. Allí hay un bosque nativo. Pronto, según Campos, se convertirá en un desierto. “Hay cerca de 50 mil hectáreas que se la reparten entre pocos dueños -explicó-a los que sólo les interesa obtener ganancias rápidas con la soja. Hace poco, uno de ellos realizó un incendio intencional para quemar el monte. Y compran máquinas topadoras y contratan trabajadores para talar los árboles con absoluta impunidad”.

A Campos no le extrañó que en la Estancia “Laguna El Cuero” hubiera trabajadores viviendo casi a la intemperie. Contó que fue un gaucho vaqueano del lugar quien le armó un croquis a la policía para acceder a las chozas. De otro modo, no los hubieran encontrado: los hacheros suelen vivir en zonas desérticas, donde habitan los salvajes chanchos jabalí. La zona está protegida por la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Esa ley tampoco se cumple.

Los dueños de los campos son propietarios por lazos de sangre. Son estancias de principios de siglo, con escasa población. Tierras que se repartieron por la Conquista del Desierto. “El satélite no toma imágenes de los desmontes. Queda poco bosque y si sigue acentuándose ese modelo, nos quedaremos sin agua. Los propietarios son sanguinarios por donde se los mire: explotan el bosque y explotan a personas. Dicen que todo es culpa de los cazadores. No les importa nada”, dijo Campos.

La ONG presionará a las autoridades para que el desmonte y la explotación laboral “tomen un nuevo rumbo político”. Creen que el gobierno provincial es el máximo responsable.