Allanaron un horno de ladrillos e investigan explotación laboral
Lo ordenó el juez federal Fernando Poviña a pedido de la PROTEX. En el predio había 30 personas, entre ellos cinco menores, que declararán entre hoy y mañana en Cámara Gesell. La investigación empezó a partir de unas planillas anónimas que llegaron desde un centro de salud y describían cómo vivían las familias y sus condiciones de trabajo.
A unos doscientos metros la ruta provincial 305, en la localidad tucumana Las Talitas, se levantan los hornos para fabricar ladrillos de Héctor D., que ayer fueron allanados por orden del juez federal Fernando Poviña para determinar si las personas que trabajan allí lo hacen en condiciones de explotación. Entre hoy y mañana, las autoridades judiciales escucharan los testimonios de las 30 personas que encontraron en el predio, a eso de las nueve de la mañana.
La investigación empezó a principios de abril, cuando los representantes tucumanos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) que encabeza Marcelo Colombo, recibieron una planilla de un centro de salud de la zona. “En esas planillas, que recibimos de manera anónima, se describen las viviendas y situaciones muy precarias de trabajo”, explicó a Infojus Noticias Daniel Weisenberg, funcionario de la PROTEX tucumana. La instrucción está a cargo del fiscal federal Pablo Camuña.
Ayer, cuando llegaron al lugar -a unos 10 kilómetros de la capital tucumana- encontraron a unas 30 personas, entre hombres, mujeres y niños, en el predio. Los hombres eran los únicos que estaban trabajando. El fuego ya ardía en las bases de las torres -como pirámides- donde el ladrillo se cuece. A metros, una mujer que como su marido y algunos de los ladrilleros vive en el predio, preparaba a sus cinco hijos para mandarlos más tarde a la escuela.
“Coordinamos de tal manera que los chicos pudieran ir”, dijo Mariana Schvartz, la directora general de la Fundación María de los Ángeles que por pedido del juzgado federal 2 de Tucumán intervino asistiendo a las posibles víctimas de explotación laboral. Schvartz contó que a falta de gas, los trabajadores del predio compran sus propias garrafas para cocinar y calentarse y que el único baño es un agujero improvisado sobre el piso y resguardado con chapas.
Del delito de trata, que incluye el traslado y acogimiento de personas para ser explotadas, Weisenberg consideró configurado el acogimiento. Aunque aclaró “todavía no hay imputados en la causa”, en principio será llamado a declarar el dueño de la ladrillera que trabaja para los constructores de la zona.
El funcionario judicial mencionó además que en el operativo tuvieron la asistencia de Migraciones para la protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros. “De hecho diez de ellos son ciudadanos bolivianos, otros son nacidos en Argentina de padres bolivianos, y aún no pudimos determinar si vienen de otras provincias”, puntualizó Weisenberg. Y la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia tucumana intervino con posterioridad para asistir a las familias.
Mil ladrillos para cobrar 500 pesos
Entre hoy y mañana, comenzarán a declarar los primeros trabajadores en cámara Gesell, con la asistencia de profesionales especializados en casos de trata para avanzar en la descripción de lo que sucedía en la fábrica de ladrillos. Al lugar, despejado de árboles, se llega por un camino de tierras que ahora, por disposición del juez, resguarda Gendarmería.
En los alrededores otras chimeneas se levantan y al calor de los hornos guardan extenuantes jornadas de trabajo. “Nos dijeron que para cobrar 500 pesos tienen que producir 1000 ladrillos”, dijo a esta agencia la directora de la Fundación María de los Ángeles y señaló que fueron los propios ladrilleros quienes les contaron que por semana llegan a hacer 2.5000 y los que más 5.000. Pero ese proceso, según dijo, incluye armado, corte y secado de cada ladrillo.
MB/LC
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