Infojus Noticias

Un día antes de la jornada Nacional Contra la Violencia Institucional -que se recuerda el 8 de mayo-, miles de personas marcharon por las calles de Córdoba en respuesta al operativo de saturación policial en el que fueron detenidos más de 350 jóvenes durante el último fin de semana, por supuestas contravenciones al Código de Faltas. “Estamos muy preocupados por lo que está pasando en la provincia, las políticas de seguridad lejos de bajar el delito están matando y encerrando jóvenes sin ninguna causa”, dijo a Infojus Noticias,Magdalena Brocca, del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

La movilización partió poco después de las 17 desde la esquina de Colón y General Paz hacia la Gobernación. “Cese inmediato de los operativos de saturación en los barrios pobres”, “destitución del Jefe de la Policía Julio César Suárez”, y “basta de abuso policial y gatillo fácil” fueron las tres consignas consensuadas entre las más de 50 organizaciones políticas y sociales que convocaron a la marcha.

“Esta problemática la venimos viviendo desde hace 10 años o más en la provincia de Córdoba. En el último tiempo se incrementó. La policía ha desplegado toda la fuerza en los operativos de saturación”, explicó Lucas Bruno, representante de la Campaña Contra la Violencia Institucional en Córdoba. “Las fuerzas más duras de la policía salen a la calle. Estigmatizan a los pibes, reprimen y se los llevan”, agregó.

“Este el resultado del autoritarismo y el abuso policial. La policía tiene órdenes de liberar algunas zonas y al mismo tiempo encerrar otras”, explicó José María “Bichi” Luque, referente del Colectivo Jóvenes por Nuestros Derecho. “Acorralan, limitan y controlan salidas de los barrios y las villas. Esto los habilita a tener un control social sobre los jóvenes y las clases más humildes, con la excusa de que lo que hacen es prevención”, agregó.

Operativo de saturación en los barrios pobres

La policía catalogó como “exitoso” el operativo en el que participaron 1500 uniformados, entre los que se contaban los efectivos de la fuerza de elite ETER. “Estamos trabajando con una fuerte ocupación territorial en todo el ámbito de la ciudad. Son operativos sorpresa. La mayoría de los detenidos han evadido los controles, se han hecho persecuciones, y por ello se los ha puesto a disposición del juez de faltas”, dijo entonces el subjefe de la Policía, Mario Tornavaca.

En realidad se trató de una razzia que pasó por diecisiete barrios pobres de la ciudad y el Gran Córdoba y dejó un saldo de al menos 350 jóvenes detenidos según cifras oficiales y más de mil según las organizaciones sociales. En su mayoría eran varones, que pasaron entre 12 y 20 horas hacinados en calabozos.

“Cuando preguntaba por qué estaba preso, me hacían callar con un chirlo”, contó Diego Marcer, una de las víctimas del operativo. Antes de ser liberados recibió una advertencia: “Pórtense bien, no salgan a la calle, porque estos operativos van a seguir hasta las elecciones”. “Hubo allanamientos masivos sin ordenes, fue un fin de semana de terror”, denunció Magdalena Brocca.

El megaoperativo surgió como respuesta al reclamo de grupos de vecinos por mayor seguridad en la capital. El jefe de la fuerza, Julio César Suárez -imputado por amenazar al periodista Dante Leguizamón por cubrir uno de esos operativos, en octubre pasado- coordinó los movimientos de sus hombres. La herramienta legal utilizada fue el Código de Faltas, eje de la política de seguridad provincial, que avala las detenciones por “merodeo”. En muchos casos se utiliza esta figura para aumentar estadísticas con detenciones masivas a jóvenes inocentes. 

“Este tipo de operativos se vienen desarrollando desde hace tiempo. Hay más de 80 mil detenidos al año por infracciones al Código de Faltas, con políticas de ocupación de los barrios, allanamientos masivos, corralitos en los que detienen a los pibes por horas para sacarle fotos para los diarios”, contó Brocca.

Una audiencia en la Justicia

Ayer las organizaciones sociales que luchan contra la violencia institucional presentaron un pedido de audiencia al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesin, y al titular de Fiscalía General de la Provincia, Alejandro Moyano. Los funcionarios judiciales se comprometieron a recibirlos la próxima semana.

“Los jueces y fiscales de turno han declarado que no libraron órdenes de allanamiento ni detenciones masivas”, contó Magdadalena Brocca, “queremos conversar con las máximas autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público para ver las acciones que están pensando y las investigaciones que va a llevar adelante la Justicia en relación con estos operativos”.

SO/LC