Infojus Noticias

Las mujeres tenían 18 y 19 años y habían llegado desde Encarnación, Paraguay, hasta Posadas. De allí tuvieron que viajar hasta Rosario, donde tomaron un micro hasta Cruz Alta, en Córdoba, al límite con la provincia de Santa Fe. Ahí las esperaba un remis. Pensaban que iban a trabajar de mozas en un bar, pero cuando el remisero las dejó en “El Quincho”, se dieron cuenta que las habían engañado. El dueño del lugar les exigía que pagaran los pasajes, el alojamiento, los gastos de comida y de limpieza. Eran obligadas a prostituirse, al igual que 15 mujeres más. Todas dormían en la misma  cama, en la que eran sometidas sexualmente. No tenían un baño privado. Si no hacían buena recaudación, el dueño les apagaba la calefacción de noche. La menor de las mujeres paraguayas envió un mensaje de texto a un amigo. Quería volver a Paraguay pero no tenía plata para hacerlo. El mensaje llegó al padre de la chica que hizo la denuncia en la Justicia Federal de Posadas.

La denuncia desencadenó un allanamiento el 25 de febrero de 2009 y a mediados de julio de este año comenzó el juicio oral ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 de Córdoba que determinará la responsabilidad de Oscar Cacho Desábato, de 61 años, y Alicia Vargas Leulián, paraguaya de 32 años, en la captación y engaño de dos jóvenes para ser explotadas sexualmente. Pero el proceso judicial no solo apuntó contra los proxenetas. Las declaraciones de los testigos pusieron de relieve la complicidad política en el funcionamiento del prostíbulo. Hoy fue el último día de declaraciones. El lunes habrá alegatos y podría conocerse la  sentencia del TOF 2, cuyo tribunal preside José María Pérez Villalobo.

“En este caso, a diferencia de otros juicios en los que se juzga por trata de personas, ha habido prueba testimonial de personas vinculadas al prostíbulo dando detalles de las relaciones que tenía el lugar con las autoridades locales. Es decir, la tolerancia institucional en el funcionamiento del lugar se puso de relieve”, dijo a Infojus Noticias el fiscal interviniente en el caso, Maximiliano Arbaderian.

Esta mañana testimoniaron tres personas. Juan Carlos Ferroni, que trabajó como encargado de “El Quincho” entre 1996 y 2002,  expuso ante el Tribunal que durante el tiempo que trabajó ahí Desábato le había indicado que en el caso que llegara un control policial al prostíbulo invocara a Domingo Carvonetti, un puntero político cercano al gobernador Juan Manuel De La Sota.

También manifestó que en 2008 el prostíbulo habría financiado a la municipalidad de Cruz Alta con una deuda que tenía  en el pago de los aguinaldos de sus empleados.  En ese momento Daniel Passerini era gobernador de Cruz Alta. Lo fue entre 1999 y 2005 y su hermano Diego lo sucedió hasta 2011. Passerini hoy es ministro de Desarrollo Social de la provincia.

“Desábato  se jactaba siempre de que era amigo de los políticos. Los lunes se juntaba a comer en una parrillada de la calle Córdoba al 800, cerca de las vías. Con el intendente Diego Passerini, iba el bioquímico que les hacia los análisis a las chicas. Este hombre era de apellido Loiacono y era el jefe de gobierno de la municipalidad. Era claro que el local estaba políticamente protegido”, dijo Ferroni.

Ferroni, que trabajaba en “El Quincho” de seis de la tarde a seis de la mañana, acusó a Passerini, que es médico, de ser el nexo entre el proxeneta y una clínica privada en la que las mujeres explotadas sexualmente eran sometidas a controles de salud. Según se desprende de la instrucción de la causa, las mujeres eran sometidas a análisis periódicos en dos clínicas de Cruz Alta: la Clínica Médica Del Sol Privada SRL y la Clínica Integral Médica Cruz Alta Privada SRL.

Passerini es socio fundador de la Clínica Integral Médica Cruz Alta Privada. “Ahí les hacían análisis. Ésta puede trabajar, aquella no. Ésta parámela dos días. A esa ponéle dos óvulos; uno hoy y otro mañana”, había declarado Passerini ante la Justicia de Dean Funes cuando se enteró del allanamiento. En ese entonces, Ferroni temió quedar involucrado en la causa y se acercó espontáneamente a declarar en calidad de testigo de identidad reservada.

Ante el Tribunal, Ferroni también dijo que las mujeres eran esclavizadas, no la dejaban salir del lugar. “No manejaban dinero. No podían tener ni una moneda para la fonola”, dijo el testigo.

Según su testimonio a las mujeres se les pagaba la mitad de lo recaudado pero se les descontaba todo lo que consumían (comida, aspirinas, remedios, toallitas femeninas) y muchas veces se quedaban sin cobrar. Ferroni también declaró  haber visto a Desábato viajar a Paraguay a buscar una chica.

El ex encargado de “El Deseo” manifestó el miedo que impuso el proxeneta en el lugar. “Después de trabajar con esta persona no conseguí un empleo nunca más. Con el temor que infunde en el pueblo, nadie me atendía. Era preferible que desapareciera”, dijo ante el Tribunal.

Además de Ferroni declararon tres personas. Adolfo Paredes, testigo civil del allanamiento de 2009; Juan Carlos Monserrat, abogado del imputado en causas laborales con ex empleados y  Marcelo Belli, ex concejal vecinalista. Paredes dijo que mientras se allanaba vio dos mujeres llorando y pidiendo a gritos que no querían estar ahí. También destacó que las mujeres hablaban guaraní.

En paralelo a la causa que investiga el TOC 2 de Córdoba, la Procuraduría de Trata del Ministerio Público Fiscal a cargo de Marcelo Colombo, abrió otra investigación paralela en la que busca investigar a los responsables políticos del caso, por pedido de la procuradora general Alejandra Gils Carbó.