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Las mujeres tenían 18 y 19 años. Habían llegado desde Encarnación, Paraguay, hasta Posadas. De allí tuvieron que viajar hasta Rosario, donde tomaron un micro hasta Cruz Alta, en Córdoba, al límite con la provincia de Santa Fe. Ahí las esperaba un remis. Pensaban que iban a trabajar de mozas en un bar, pero cuando el remisero las dejó en “El Quincho”, se dieron cuenta que las habían engañado. El dueño del lugar les exigía que pagaran los pasajes, el alojamiento, los gastos de comida y de limpieza. Eran obligadas a prostituirse, al igual que 15 mujeres más. Todas dormían en la misma cama en la que eran sometidas sexualmente. No tenían un baño privado. La menor de las dos envió un mensaje de texto a un amigo. Quería volver a Paraguay pero no tenía plata para hacerlo. El mensaje llegó al padre de la chica que hizo la denuncia en la Justicia Federal de Posadas.

La denuncia desencadenó un allanamiento el 25 de febrero de 2009. Hoy, cuatro años después, el fiscal federal Maximiliano Hairdabedian elevó la causa a juicio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 de Córdoba. Oscar “Cacho” Desabato, dueño del lugar en el que se explotaba sexualmente a las mujeres, y la ciudadana paraguaya Alicia Concepción Vargas Leulián, están imputados como coautores del delito de trata de personas. Se espera que la sentencia se conozca después de la feria judicial. Durante algunos meses, Desabato estuvo prófugo hasta que arregló su entrega por medio de un abogado. Los últimos dos años estuvo con prisión domiciliaria. En su casa, espera que lo juzguen.

El año pasado la causa se complejizó cuando se conoció la existencia de una denuncia radicada en la fiscalía federal de Bell Ville donde se relacionaba a Oscar Desabato, dueño del prostíbulo, con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Passerini. La Procuraduría de Trata del Ministerio Público Fiscal a cargo de Marcelo Colombo, abrió una investigación paralela a la causa que juzga el TOC 2 de Córdoba. Busca investigar a  los responsables políticos del caso, por pedido de la procuradora general Alejandra Gils Carbó.

Un testigo de identidad reservada, que trabajó durante siete años en el prostíbulo, detalló la connivencia de Passerini con el proxeneta, ligando también a Diego Passerini, hermano del funcionario. Según la denuncia, Desabato le daba dinero al municipio cuando surgían problemas para pagar sueldos y aguinaldos a los empleados de la comuna.

Daniel Passerini gobernó Cruz Alta entre 1999 y 2005 y su hermano Diego lo sucedió hasta 2011.  En la denuncia se lo acusa a Passerini, que es médico, de ser el nexo entre el proxeneta y una clínica privada en la que las mujeres explotadas sexualmente eran sometidas a controles de salud. Según se desprende de la instrucción de la causa, las mujeres eran sometidas a a análisis periódicos en dos clínicas de Cruz Alta: la Clínica Médica Del Sol Privada SRL y la Clínica Integral Médica Cruz Alta Privada SRL.Passerini es socio fundador de la Clínica Integral Médica Cruz Alta Privada. “Ahí les hacían análisis. Ésta puede trabajar, aquella no. Ésta parámela dos días. A esa ponéle dos óvulos; uno hoy y otro mañana”, declaró el testigo de identidad reservada.