Infojus Noticias

Tomás Méndez, el periodista que investigó los vínculos entre policías y narcotraficantes, denunció que no tiene el apoyo del gobierno de Córdoba. El conductor del programa ADN, emitido por la señal de televisión universitaria, recibió amenazas y dijo sentirse desprotegido. 

Méndez canceló una movilización que había convocado para el miércoles por el centro de la ciudad, porque "no están dadas las condiciones de seguridad para poder realizar una marcha", anunció por facebook.  "Estamos con poco apoyo institucional, con muchas presiones y  por momentos desorientados", remarcó el conductor del programa que se difunde por Canal 10 de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

El periodista, quien ha denunciado también vínculos de políticos con el comercio de la droga, había convocado a una manifestación "sin consignas partidarias", bajo el lema #SimplementeBASTA. Sin embargo, al considerar que no se dan las condiciones para su realización, decidió cancelarla.

A sus seguidores, que en forma masiva le manifiestan su apoyo, les dijo Méndez que "espero que entiendan esta marcha atrás, pero no quiero poner en riesgo la integridad de nadie". "Hay mil maneras de provocar disturbios y no vamos a arriesgar lo que mostramos hasta ahora", advirtió.

Hasta el momento, como consecuencia de la investigación que impulsa el fiscal Enrique Senestrari a partir del testimonio del colaborador encubierto´ policial, Juan Francisco `El Francés´ Viarnes, ofrecido al programa ADN, hay nueve imputados, de los cuales cinco son efectivos policiales de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico que están detenidos. 

Los detenidos son el hasta hace tres semanas titular del área, el comisario Sosa; el comisario Alberto Saine; el oficial Franco Argüello; los suboficiales Fabián Peralta Dátoli y Mario Osorio, quienes en todos los casos ya fueron indagados por el Fiscal. 

El escándalo político e institucional que enfrenta el gobierno de José Manuel de la Sota derivó en las renuncias del 
ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y del jefe de Policía, Ramón Frías, quienes fueron reemplazados por Alejandra Susana Monteoliva y César Almada, respectivamente.