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En San Esteban, un pueblito cordobés de poco más de 800 habitantes, comenzó ayer el velorio de Jorge Reyna. El chico que tenía 17 años apareció ahorcado en una celda de la comisaría de Capilla del Monte, a 7 kilómetros de allí. Tras su muerte, otros cuatro jóvenes denunciaron que la policía local los reclutaba para robar y que los habían amenazado. La madre de Jorge, Olga Tallapietra habló con los medios locales: “Yo sé que mi hijo no se ahorcó”, dijo. Por la noche, unos trescientos vecinos se enfrentaron con la policía, rompieron los vidrios de la sede municipal, de la comisaría local y del Banco de Córdoba.

El clima se empezó a caldear el sábado, pasadas las nueve de la noche, cuando un amigo de Jorge llegó hasta la casa de su familia y les contó que lo habían encontrado muerto en la celda. La versión policial es que lo detuvieron por un supuesto intento de robo a un turista y que se suicidó. “Les dijeron que tenían que velarlo a cajón cerrado”, lamentaron fuentes cercanas a la familia; pero la madre después de muchos intentos, logró que el personal de la funeraria que pertenece al intendente, Gustavo Sez, abriera el cajón. “Tenía moretones en la cara y los brazos, los labios y la oreja y el ojo izquierdo lastimados”, dijo a Infojus Noticias Liliana Fontán, la abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que acompaña a la familia.

La noche en la que detuvieron a Jorge, en la comisaría había otros detenidos. La abogada dijo que vieron llegar al camión en el que lo llevaron hasta la seccional, que lo bajaron tirándole el pelo y lo entraron a las patadas, que lo llevaron a la celda que está cruzando el patio y da al geriátrico. A la familia le llegaron versiones sobre lo sucedido, pero por ahora son anónimas. “Hay testigos que todavía no se animan a declarar”, dijo Fontán. La abogada, aun no tuvo acceso a la causa que ahora quedó en manos de la fiscal de Cosquín, Alejandra Hillman.

A Hillman le llegaron las actuaciones que durante las primeras horas estuvieron en manos del fiscal que la subrogaba, Martín Bertone. La noche en la que falleció Jorge, Bertone llegó a la comisaría a pasadas las diez de la noche. Afuera unas sesenta personas, entre amigos y familiares del chico, esperaban una respuesta. Cinco horas después, el fiscal aceptó recibir a una de las hermanas de Jorge, a una vecina, al concejal del Partido Solidario Omar Grillo y a Fontán. “Se comprometió a garantizar la autopsia; pero no quiso salir a hablar con la gente”, dijo la abogada.

“A la madre le dijeron que se ahorcó con un buzo”, explicó Fontán. Pero, para la familia que aún no tiene precisiones sobre la autopsia, ni las circunstancias en la que encontraron a su hijo, fueron los propios agentes de la seccional los que bajaron el cuerpo de Jorge. “No esperaron que llegara la policía judicial”, lamentó la abogada.

En mayo, Jorge había salido de un instituto de menores. Estaba en “rehabilitación, con una familia sustituta”, dijo Fontán. Y agregó que una de la hermanas del joven le contó que estaba por presentarles a su novia y que en el juzgado le habían dicho que “andaba muy bien”. En el velorio, Olga, visiblemente afectada pidió protección para sus otros hijos. Unos días antes de su dentención en Capilla del Monte, Jorge les había contado que los reclutaban para robar “para que quede bien el comisario”.

El domingo, tras la intervención del fiscal Bertone, tres agentes fueron removidos pero el comisario Juan Castro, seguía al frente de la seccional. Ayer, mientras el velorio tenía lugar en el pueblo de San Esteban, otra vez los vecinos se empezaron a reunir frente a la comisaría, esperaban explicaciones porque otros cuatro chicos habían sido amenazados por la policía. “Les pidieron que fueran a robar otra vez, para que ello después encontraran las cosas. Y los chicos se negaron, pero tienen miedo”, dijo Fontán.

Pasada las ocho de la noche se acercó el intendente, Gustavo Sez, y el clima volvió a caldearse. “¡Cómplice!”, le gritaron cuando les pidió que se fueran a su casa a esperar lo que tuviera para informar el comisario Castro. Entonces algunos vecinos decidieron cortar la ruta 38. Ya estaba llegando a su fin el día, cuando algunos de los manifestantes se enfrentaron con la policía y, en medio de las corridas, rompieron las ventanas de banco, la comisaría y la municipalidad.

Fontán se enteró de lo sucedido esta madrugada, cuando regresaron de la Unidad Judicial en La Falda, donde acompañaron a declarar a los jóvenes que están amenazados. Estas actuaciones, también fueron remitidas a la fiscal Hillman. “Esto se asemeja a la esclavitud. Los pibes cuenta que de chiquitos los mandan a vender droga y después los tienen atados”, lamentó Fontán.