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​El 15 de junio de 2008, el último día de su vida, Atahualpa Martínez Vinaya, de 18 años y fanático de River, sólo quería comer una pizza. Estaba en el pub Miloca con un amigo, Juan Pablo Guachinchail, y un momento, su amigo fue al baño. Cuando volvió Atahualpa se había esfumado. Su cadáver apareció al día siguiente, en un descampado a 5 kilómetros, ejecutado por la espalda con una bala calibre 22. En la única puerta había dos patovicas y dos policías provinciales. Todos dijeron no haberse movido de sus puestos esa noche, pero ninguno lo vio salir. La investigación judicial comenzó al día siguiente. Hoy, con 5.000 fojas acumuladas y elevada a juicio oral, la pesquisa no le cierra a Julieta Vinaya, su madre. “Ata medía 1,80 y pesaba 100 kilos, ¿cómo no lo van a ver salir? O liberaron la zona o pasó algo”, se pregunta desde Viedma, al otro lado de la línea telefónica. Por esos días, su hijo participaba de una toma de tierras en las afueras de la capital rionegrina. “No vamos a participar de ese juicio, porque no vamos a avalar esa investigación”, completa.

Después de seis años, la madre de Atahualpa pidió se cree una comisión de legisladores para revisar la investigación, como pasó con el caso Candela. Los diputados provinciales Pedro Pesatti y Susana Diéguez (FpV) recogieron el guante. “Es importante la participación del CELS y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) porque tienen miradas desde afuera, no contaminadas con el proceso de investigación realizado”, dijo Diéguez a la agencia Télam. El proyecto plantea convocar al EAAF, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), y a la Asociación Gremial de Abogados, que asiste a la familia desde que decidieron cambiar de abogado, en 2013.

Los impulsores de la comisión citan un antecedente del 13 de marzo de 1989, muy parecido: el doble crimen de Raquel Laguna y Sergio Sorbellini, en Río Colorado. El caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La investigación de la comisión descubrió que las pruebas contra los tres condenados habían sido fraguadas por la policía y convalidadas por el juez, y la Cámara de Apelaciones revirtió el fallo y los absolvió.

Las dudas en la investigación

“En el relato de los hechos de la acusación fiscal, dice que el hecho fue entre las 4 y las 9, no dice dónde, si es 22 calibre corto o largo”, dice Verónica Heredia, representante de la Gremial de Abogados, que junto a Eduardo Soarez asesoran jurídicamente a Julieta desde fines del año pasado. Cuando fueron convocados por Julieta, advirtieron que había perdido su condición de querellante porque su abogado anterior, Diego Sacchetti, no había hecho la acusación cuando la causa fue a juicio. “Es algo insólito, que nos preocupa mucho”, dicen.

“Cuando leímos el expediente, vimos una causa con muchas fojas, pero sin una investigación real. La acusación de la fiscal era muy grosera en errores. Por ejemplo: le imputa el crimen en calidad de autor a tres personas, cuando Atahualpa tenía un solo tiro”.

Hay una máxima en el universo judicial: en los delitos complejos –homicidios con una firma mafiosa- los primeros días son vitales para esclarecerlos. Si el tiempo pasa, la verdad se aleja. El segundo día de investigación, a la fiscal del caso, Daniela Zágari, la mandaron a Bariloche a hacer un curso. El fiscal subrogante –que se mantuvo 48 horas al frente de la pesquisa- fue Ricardo Falca. En ese momento, según pudo confirmar Julieta, el fiscal Falca era el hermano de la ex esposa de uno de los dos propietarios del bar Miloca.

Después de cuatro años, recién a mediados de 2012, se ordenó la detención de Melisa Belén Fernández Barrientos, Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo por el homicidio de Atahualpa. Fue un policía -según leyó Julieta en los primeros cuerpos del expediente- quien dijo haber visto pasar a los tres imputados delante del pub Miloca la madrugada del crimen. En un allanamiento en la casa de Felipe Carrasco la policía encontró la campera de Morales Toledo. Él mismo aceptó que era suya. Los resultados de las pericias demoraron cuatro años en decir que había sangre de Atahualpa. Cuando la fiscal –a pedido de la querella- preguntó al policía con quién estaba de turno esa noche, no supo responder. Julieta está convencida de que los detenidos saben lo que pasó, pero no fueron los ideólogos del crimen. Y sus abogados también. “Entendemos que no hay pruebas para la acusación que se hizo, no tenemos dudas de que los imputados haya habido algún tipo de participación, pero creemos que otras cosas detrás”, afirma Heredia.

Durante el primer año hubo varias marchas pidiendo justicia por Atahualpa, un pibe muy querido en su comunidad. Antes de tener auto, hacía en bicicleta los diez kilómetros entre su casa y la escuela. Todos los días, durante tres años, llevó en el manubrio a un vecino que se movía en silla de ruedas.

Cuando la presidenta Cristina Kirchner fue a inaugurar una obra a Viedma, la historia de la muerte de Atahualpa reverberaba por todas partes. La Presidenta se entrevistó con la madre.

-¿De quién desconfiás?- le preguntó a Julieta.

-De todos.

La Presidenta le habló del caso Bulacio y de las sospechas sobre la policía provincial. Al día siguiente, Aníbal Fernández le ofreció a la familia una comisión de Gendarmería. Los gendarmes hicieron un informe sobre la investigación. Y ubicaron al hombre que había encontrado el cadáver, de apellido Muñoz. El testigo –al ver fotos y filmaciones- aseguró que el cuerpo estaba boca abajo y como salía en los diarios, tras la llegada de la policía. En ese informe de Gendarmería, dice Julieta, la médica forense explicó por qué no cumplió el protocolo para estos casos. “La forense se excusa diciendo que estaba sola”. Julieta sigue dudando. “Dentro de la policía hay un pacto, acá en Rio Negro, y es muy fuerte: la corporación y el silencio”.

La línea del Sur

Dos años antes de morir, Atahualpa hizo un viaje a Bolivia que lo marcó para siempre. Recorrió, junto a su tía y sus primos la zona oriental y el altiplano. Una vieja camioneta Traffic los llevó hasta pueblos remotos en la selva y la montaña. En ese recorrido visitaron a la familia de su madre, de sangre aymara, nacida en un pueblo de Oruro. “En ese viaje vio la pobreza extrema. Volvió decidido a estudiar medicina”, recordó su madre.

Bolivia le hizo acordar a la línea del sur, el corredor ferroviario que une Viedma con Bariloche. A sus casitas de esas heredades ventosas en la Patagonia. En uno de esos pueblitos, Yaminué -una cuadra de largo por dos de ancho, escuela-, vivía parte de su familia, la sangre mapuche de su padre.

Cada verano, Atahualpa viajaba a Yaminué a visitar a su tío abuelo y a su bisabuela, que murió a los cien años. Pasaba con ellos desde el primer hasta el último día de vacaciones. “Era un pacto: si no se llevaba materias, al otro día se iba a la línea sur. Volvía siempre para el 26 de enero, el día de mi cumpleaños, con un cordero. Después, volvía a irse”, recuerda su madre. Para ayudar a sus abuelos, desde los diez años aprendió a hacer el pan, a buscar la leña y a cocinar. Llevaba a carnear los corderos y los arreaba a pastar a las planicies.

En febrero de 2008, Atahualpa saludó uno por uno a los 92 habitantes de Yaminué –la mayoría ancianos- y les advirtió que no lo verían por seis años. Estaba tramitando una beca para estudiar Medicina en Cuba.​ Fue la última vez. Desde que lo mataron, su madre tiene un latiguillo: “voy a seguir buscando la verdad, para que Ata descanse en paz”.