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El fiscal general federal de Bahía Blanca volvió a solicitar que se cite a declarar al arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, y a un apoderado, en el marco de la causa del ex capillán del Ejército Aldo Vara, actualmente en proceso de extradición de Paraguay y acusado por crimenes de lesa humanidad.

El fiscal Alejandro Cantaro se encuentra subrogando a su par Antonio Castaño. En los últimos días volvió solicitar al juez federal ad hoc Santiago Martínez que el arzobispo Garlatti y el apoderado Leopoldo Bochile prestén declaración indagatoria "por haber ayudado a Vara a evadirse de la Justicia". Se trata de una causa por la cual se investiga si Vara percibió, en momentos en que se encontraba prófugo de la Justicia, una jubilación que pagaba el arzobispado local a Bochile.

Fuentes judiciales señalaron a Télam que "se cobraban unos 2400 pesos por subsidio por edad para mayores de 68 años a través de la Conferencia Episcopal Argentina a través del Fondo de Solidaridad (FIDES)"."Es un sistema de seguridad previsional en el cual se encuentran los sacerdotes seculares de nuestro país", agregaron.

Para los investigadores, Bochile fue designado por Vara para poder cobrar el denominado subsidio FIDES desde el año 2001. Entre los elementos de prueba que se encuentran en la causa están autorizaciones que fueron secuestradas durante un allanamiento efecutado en la Curia local.

En el marco de la causa, el fiscal Cantaro tomó testimonio de integrantes de organizaciones de los derechos humanos de la ciudad, quienes brindaron nuevos datos a la pesquisa. Según se indicó, Cantaro tomó declaración al secretario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Hidalgo, a Rocío Galindo, por Red por el Derecho a la Identidad y a la referente de HIJOS Alejandra Santucho.

Fuentes judiciales comentaron que el delito que se les imputa al arzobispo bahiense y al apoderado está previsto en el artículo 277 del Código Penal de la Nación, que estipula penas de seis meses a tres años de prisión a quien, entre otras cosas, "ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta".

Vara fue detenido por Interpol en Paraguay y aguarda su extradición a la Argentina, imputado por su participación en secuestros, torturas y homicidios de los que resultaron víctimas un centenar de personas que pasaron durante la última dictadura cívico militar por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede del Cuerpo V del Ejército.