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En noviembre del año pasado, sucedía algo impensado en Bahía Blanca. Vicente Gonzalo Massot, el empresario mediático más poderoso de la ciudad, con vínculos muy estrechos con la Marina, caminaba por segunda vez por los Tribunales federales para explicar sobre el apoyo explícito de La Nueva Provincia al terrorismo de Estado y sobre la desaparición de dos obreros en 1976: Enrique Heinrich, maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato, y Miguel Ángel Loyola, esterotipista y tesorero.

Fue hace sólo siete meses, pero desde entonces todo parece haber ido marcha atrás: el juez que lo citó, Álvaro Coleffi, está cesanteado, Massot obtuvo un fallo por falta de mérito y hoy, la designación de los fiscales ad hoc Miguel Palazzani y José Nebbia fue declarada nula por el juez subrogante –que en realidad no es juez sino secretario- Ulpiano Martínez. “Vamos a apelar la decisión ante la Cámara de Apelaciones y luego Casación Penal, porque nuestras designaciones son legítimas. Y vamos a seguir  profundizando nuestras investigaciones porque nuestra única obligación es terminar con la impunidad en Bahía Blanca”, dijo Miguel Palazzani a Infojus Noticias.

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“La justicia federal de Bahía blanca es la vergüenza nacional”, dice Anahí Jorquera, integrante de la sede local de Hijos. “Nosotros veníamos previendo esta escalada desde noviembre. Es una sanción disciplinadora para el único juez y los fiscales que avanzaron en la investigación de la complicidad civil en esta ciudad”, completó. “No van a parar hasta sacarlos del medio”, dijo.

Para entender este desenlace, es necesario remontarse a la segunda mitad de 2013. Las causas por delitos de lesa humanidad en la ciudad del sur bonaerense recibían el impulso del Ministerio Público Fiscal. Miguel Palazzani y José Nebbia habían sido nombrados ad hoc en la fiscalía que investiga al terrorismo de Estado, después de que el fiscal anterior Abel Córdoba fuera ascendido a la Unidad especializada en violencia institucional. En ese momento, una de las investigadas, Gloria Girotti, ex secretaria de Guillermo Madueño –juez que llegó a estar preso y prófugo por su complicidad con la dictadura y murió en 2010-, denunció que habían sido nombrados de manera irregular, apoyándose en un fallo de la Corte que decía que había declarado nula la designación de una fiscal subrogante (no ad hoc, como el caso de Palazzani y Nebbia).

El juez subrogante del juzgado 1, Ulpiano Martínez, dejó paralizada la denuncia hasta la semana pasada, en que decidió actuar: hizo lugar al pedido de Girotti y declaró nula la designación, justo después de que los fiscales enviarán al Consejo de la Magistratura sus argumentos a favor de que Martínez deje el juzgado, ya que en realidad había sido secretario del juzgado 2 hasta la renuncia de su antecesor, Alcindo Álvarez Canale.

"Una jurisdicción que manejan ellos"

Martínez, antes de la resolución que se conoció hoy, ya había denunciado penalmente a los fiscales. “Martínez y el secretario de derechos humanos de su juzgado, Mario Fernández Moreno están extorsionando con las denuncias penales que nos hacen en una jurisdicción que manejan ellos”, denuncia Palazzani. Ni los fiscales saben en qué consisten esas denuncias penales porque no han sido notificados. En caso de prosperar, Nebbia y Palazzani hasta podrían ir presos.

El juez que investigó a Massot

La caída del juez subrogante Álvaro Coleffi fue, incluso, peor. Coleffi había reemplazado a Santiago Martínez cuando pidió una licencia, justo cuando los fiscales Palazzani y Nebbia pedían la declaración indagatoria del cura prófugo AldoVara y del arzobispo Guillermo Garlatti por encubrirlo. Coleffi no sólo motorizó las indagatorias, sino que indagó a Massot y allanó La Nueva Provincia. Pronto comenzaron las tragedias para él: fue obligado a apartarse de la causa por haber presuntamente filtrado una escucha telefónica en la causa judicial en la que se investiga por narcotráfico al novio de la vedette Mónica Farro. En su lugar fue nombrado Claudio Pontet, un abogado particular de la matrícula, que fue cuestionado por los fiscales por “posible imparcialidad”. Como el Consejo de la Magistratura no resolvió el pedido de los fiscales, en marzo, con una celeridad asombrosa, Pontet decretó la falta de mérito de Massot y el sobreseimiento de Hugo Sierra, que había sido (como Girotti) secretario de Madueño. La semana pasada, Coleffi recibió la estocada final: la Cámara Federal lo dejó cesante fundando la decisión en la “pérdida de confianza”.

“Nosotros con José Nebbia, aprendimos de los sobrevivientes, las víctimas y los familiares a resistir, y no nos podemos dar el lujo de abandonar esto”, concluyó Palazzani, y resaltó que se siente “muy respaldado por Jorge Auat (coordinador de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad) y la Procuradora (Alejandra) Gils Carbó”. El Consejo de la Magistratura tiene la próxima palabra: deberá resolver si el abogado Pontet fue declarado irregularmente y si nombra un juez titular en lugar del subrogante Ulpiano Martínez, que en ese caso debería volver a ser secretario del juzgado 2 en el que fue designada Gabriel Marrón. Un enriedo de cargos y vacancias que por ahora favorece la impunidad. 

LB/LC