Infojus Noticias

Desde los ocho y hasta los diez años -en 1980, 1981 y 1982- Julieta Añazco pasó parte del verano en los campamentos que el sacerdote Héctor Ricardo Giménez organizaba en una estancia en Bavio, a 30 kilómetros de La Plata. El año pasado, corroboró que Giménez está involucrado en otras dos denuncias penales por abusos cometidos contra niños y niñas, en 1985 y 1996. Hace un mes lo denunció penalmente y, por nota, pidió información de las actuaciones por los casos en los tribunales  eclesiásticos del arzobispado platense. La respuesta, escueta y sin precisiones, llegó ayer: “le envío estas líneas para ofrecerle asistir personalmente a este Arzobispado y compartir un encuentro donde tratar el asunto”.

Enviada el 20 de octubre a la casa de Julieta, la nota lleva la firma del vicario judicial del arzobispado, el presbítero Javier Fronza. En las primeras líneas el sacerdote refiere que “habiendo conseguido su dirección particular” y estando monseñor Aguer al tanto de su denuncia y reclamo, le recuerda que “como comprenderá, la situación delicada referida exige una reflexión serena y completa entre las partes interesadas, que faciliten el bien de las personas damnificadas y también el bien de la Iglesia”. Y manifestándole “vivos deseos de cercanía y oración” le propone un encuentro para “tratar el asunto que usted plantea y que también ocupa a la Iglesia aclarar según justicia y, eventualmente, iniciar nuevas instancias canónicas”.

Nada dice la nota, como oportunamente solicitó Julieta, sobre las otras denuncias que involucran a Giménez y, por las que “el arzobispado debería haber iniciado actuaciones en sus tribunales canónicos”, según explicó Carlos Lombardi, el abogado especialista en el tema que acompañó la presentación en el arzobispado platense. “En el caso de Julieta, al haber pasado el tiempo y caer en la prescripción según el derecho canónico, la alternativa que tiene es un pedido de informes al obispado para que diga si inició un procedimiento luego que el cura fuese denunciado, en este caso en distintas oportunidades y por distintas víctimas”, dijo Lombardi.

En 1985, el sacerdote que hasta el año pasado dio misa en el hospital San Juan de Dios, fue denunciado por abuso deshonesto ante el Juzgado en lo Penal Nº 1 de La Plata. En la causa, a la que tuvo acceso Infojus Noticias, nueve niñas, de entre 8 y 10 años, relataron que se estaban preparando para la comunión cuando Giménez las hacía pasar a un “cuartito” para confesarlas y describieron los manoseos. En agosto de 1986, el sacerdote fue provisoriamente sobreseído por el juez Eduardo Hortel, que consideró que “insuficientes” como prueba las “versiones de pequeñas niñas” y como “muestras de afecto” los “besos y caricias que se le atribuyen (a Giménez) y él mismo reconoce”. La abogadas del colectivo La Ciega, que asisten a Julieta en la instancia penal, Lucía de la Vega y Estefanía Gelso, calificaron esa sentencia como “lamentable”, “arbitraria” y “vergonzosa”.

En la localidad rural de Magdalena, once años después, Giménez actuaba como párroco en Magdalena, cuando en marzo de 1996, una mujer lo denunció en la comisaría por tocarle los genitales a su hijo y tratar de besarlo en la boca. A esa denuncia se sumaron los padres de otros cuatro niños. El juez  Emir Caputo Tártara dispuso que el cura fue preventivamente detenido; pero en enero de 1997 con la garantía –bajo caución juratoria – del arzobispado platense, en manos entonces de monseñor Carlos Galán, obtuvo la libertad con el compromiso de no obstruir la investigación, ni fugarse. Por las denuncias en Magdalena, consignaron las abogadas de La Ciega, el sacerdote “fue incluso condenado en la causa Nº 54813/96 caratulada “M., M.R. c/ Giménez por abuso deshonesto agravado”; pero, finalmente en 2001, después de marchas y contramarchas, el sacerdote obtuvo la absolución por estos hechos.

Las preguntas al arzobispado

Después de 34 años, Julieta se presentó como querellante contra el sacerdote Ricardo Giménez, en la causa que recayó y actualmente se instruye en la Unidad Funcional de Instrucción N°6 (UFI6), en La Plata. Y, por tratarse de una violación grave a los derechos humanos pidió la imprescriptibilidad de los delitos que allí se investiguen. Además, le exigió al arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, que le informe sobre las medidas adoptadas por las denuncias que involucraron al sacerdote en abusos cometidos contra niños y niñas. “Somos más de veinte los que nos hemos contactado, después de que hice pública la denuncia”, dijo Julieta a Infojus Noticias.

En la causa penal el fiscal Romero solicitó al Arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, que le informe sobre los destinos parroquiales y la actividad de Giménez a principios de los ’80, porque oficialmente, en la página del arzobispado, figura como uno de sus sacerdotes. Julieta no tiene muchas expectativas; sabe que en los tribunales eclesiásticos su causa también es considerada prescripta, pero también sabe que hacerla pública le da fuerzas.

Con el asesoramiento del abogado, Carlos Lombardi, solicitó en el arzobispado que le informen “por escrito” si de acuerdo a lo normado por el derecho canónico se llevó a cabo una investigación “a fin de esclarecer y/o juzgar en sede canónica los abusos sexuales cometidos contra mí por el presbítero Héctor Ricardo Giménez” y sobre las “medidas canónicas y/o pastorales adoptadas para reparar el daño causado y restablecer la justicia”. Presentó el escrito, el mismo día que se constituyó como querellante en la causa penal, acompañada por una nutrida columna de integrantes del equipo de Profesionales Latinoamericano/as contra el Abuso de Poder, que integra Lombardi, y militantes de la Casa de la Mujer Azucena Villaflor, la Unión por los Derechos Humanos, el Espacio de Género del Frente Darío Santillán, entre otras.

“Poder hacer la denuncia es parte de nuestra sanación. Es un camino que empecé y quiero terminar”, confió  la mujer, con la esperanza de que su testimonio allane el camino a otras víctimas, niños y niñas que como ella podrían haber sido víctimas del sacerdote. Una sentencia del año pasado de la Cámara Primera en lo Criminal de Paraná, le da un poco de esperanza, allí los jueces determinaron que resultan “imprescriptibles por configurar una grave violación a los derechos humanos” los abusos sexuales cometidos por funcionarios eclesiásticos y Julieta espera que la Justicia platense tome nota de ello. Y, de los eclesiásticos, del desplazamiento como sacerdote de José Mercau, dispuesto por el Vaticano por la condena que en 2011 lo encontró responsable del abuso sexual de al menos cinco niños, mientras fue sacerdote en el Hogar de la parroquia Juan Bosco en el Talar de Pacheco, que depende del Obispado de San Isidro, donde fueron denunciados los abusos, ocurridos entre 2000 y 2005.