Infojus Noticias

Las primeras armas de fuego detectadas como robadas del depósito del Juzgado Federal de Río Cuarto habían sido secuestradas, paradójicamente, en el marco de una causa por acopio de arma. El viernes 29 de noviembre, una comisión de Gendarmería Nacional pasó a retirar el arsenal para llevarlo a un peritaje. Pero cuando fueron a buscarlo, acompañados por la secretaria Penal de ese juzgado, Lucía Storani, se dieron con que “los fieros” no estaban. Entonces organizaron un relevamiento y el resultado fue más alarmante: faltan más de 30 armas de distintos tipos, que habían sido retenidas en diversas causas judiciales.

Hace pocos meses, cuando en Córdoba estalló el narcoescándalo, salieron a la luz varios casos de robo de droga, que debía estar bajo custodia judicial. El caso extremo fue el remplazo de 30 kilos de marihuana, por una cantidad igual de alfalfa prensada, que quedó varios meses custodiada como si fuera una sustancia ilegal en el despacho de un juez de la capital. Los hechos evidenciaron lo vulnerable y flexible que es el sistema de control sobre los elementos secuestrados. Ahora, analizan centralizar la custodia y la administración de las armas, la droga y el dinero que llega a los tribunales.

Pero en el juzgado federal de Río Cuarto sólo había antecedentes de pérdida de dinero secuestrado, pero nunca un caso así. El edificio queda en la calle Sobremonte 900, en el centro de la segunda ciudad de la provincia. La responsable del lugar (no tendría ni cámaras ni alarmas de seguridad) es la secretaria Penal del Juzgado, quien además hizo al denuncia. El viernes 13 a última hora se hizo cargo de la causa el fiscal federal de esa ciudad, Guillermo Lega, quien, en diálogo con Infojus Noticias, dijo que es “alarmante el robo de elementos dentro del ámbito que debe impartir justicia”.

Con los primeros pasos de la instrucción, Lega arriesga una hipótesis: “Pudo haber sido un trabajo de hormigas –dice– Por ahora se trata de un hurto. No hay vidrios rotos ni está violentada la cerradura. Pero cuesta imaginar que alguien se lleve todas esas armas de una sola vez, sin que sea advertido. Es posible entonces que hayan sido varios operativos”, especula. En tres días de investigación, el fiscal se encontró con otro escollo: las grabes inconsistencias en el inventario. Ni siquiera el propio tribunal sabe a ciencia cierta qué cantidad de elementos incautados tenía bajo custodia. “Cuando empezamos a cotejar con el registro de las causas, detectamos que algunas de las armas que figuraban como presentes en el depósito, en realidad estaban en otras dependencias oficiales, incluso fuera de la ciudad”, explicó el fiscal. En ese sentido, todavía qué cantidad efectiva de armas había en el depósito, y cuantas faltan. Pero el número fue subiendo con los días.

Lega intenta determinar la responsabilidad en la custodia del material sustraído y quienes pudieron ser los autores materiales, aunque la pesquisa aún no halló pruebas contundentes sobre los responsables del robo. En las investigaciones el funcionario trabaja junto a Policía Federal, la fuerza que habitualmente custodia el edificio de tribunales. “En las próximas semanas sabremos su hubo o no colaboración interna. Si alguien facilitó, o participó del robo de las armas”, manifestó el fiscal.

Los federales, “no están autorizados a palpar a las personas que entran y salen del lugar”, explicó una fuente judicial. Por ahora, en trabajo esta puesto en hacer un inventario de lo faltante, pero la misma fuente confió a Infojus Noticias que, entre lo robado, habría “pistolas calibre 32, una 9mm y hasta dos escopetas”. Otra medida procesal tomada intenta determinar si la cerradura del lugar fue abierta con “alguna llave maestra o forzada de alguna manera que no se la dañe”, explicó Lega. El fiscal también está revisando los distintos delitos cometidos en el sur cordobés, en el último mes, para determinar si alguna de las armas robadas del depósito judicial, ha sido usada nuevamente para delinquir.

Lega dijo que en principio, “hay armamento robado de expedientes ya cerrados y de causas que aún están en instrucción”. En cada caso, agregó, representa una complejidad administrativa diferente.