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En los últimos meses, vecinos y militantes de El Bolsón denunciaron atentados y acciones intimidatorias por oponerse al loteo de terrenos fiscales. Las denuncias en la Justicia están paralizadas. Río Negro está bajo el sistema inquisitorio, donde el que investiga es el juez. Estas causas judiciales están en manos del Juzgado de instrucción N° 6, a cargo de Marcos Burgos. A pesar de que los hechos más violentos fueron en agosto y octubre, fuentes judiciales informaron a Infojus Noticias que las únicas medidas que se tomaron fueron declaraciones testimoniales.

El primer hecho data del 15 de agosto, cuando en la puerta de la casa de Susana Parodi, militante de la Corriente Descamisados, un matón le incendió el auto de otro integrante de la agrupación y trabajador de la Agencia de Empleo local de Ministerio de Trabajo de la Nación, Sergio Martínez. Además, miembros de la Asamblea por el Agua de El Bolsón y militantes de Descamisados denunciaron amenazas telefónicas. Los ataques intimidatorios comenzaron a mediados de mayo, en las vísperas de las reuniones del Consejo de Seguridad Local, entidad que se ocupa de la seguridad ciudadana y compuesta por vecinos.

Los vecinos están seguros de que los responsables intelectuales del atentado son los empresarios Juan Carlos Martínez, propietario de la cadena de supermercados El Chaqueño, y Fabián Tornero, dueño de uno de los principales corralones de la localidad rionegrina. Ambos controlaban el funcionamiento del Consejo de Seguridad Provincial y fueron desplazados cuando se creó el Local, en donde participan la mayoría de las instituciones, organizaciones políticas, sociales y ambientales.

Entre los militantes amenazados también está el arquitecto Luis Martin, del partido Nuevo Encuentro. En una de las asambleas del Consejo, Martínez y Tornero lo amenazaron con “lincharlo”, frente a la mirada atónita del intendente, el juez de Paz y la comisaria local. Sus testimonios también quedaron registrados en el expediente judicial.

Junto a Martin estaba la periodista Patricia Focarazza, de la radio FM Comarca Andina, que presenció las amenazas y las grabó con su celular. Pero minutos después alguien le robó el teléfono. Ella responsabiliza a Martínez, que salió corriendo del lugar.

La madrugada del 19 de octubre un hombre con un machete entró a la casa de Martin. El ruido de vidrios rompiéndose y de patadas contra la puerta despertó al dueño de la casa. En el living los hombres se trenzaron y Martin le sacó el arma pero cayó al piso y quedó con la espalda y piernas ensangrentadas. Antes de escapar, el intruso le gritó: “A vos te tienen apuntado, te van a matar".

Los militantes señalaron que estos hechos también se relacionan con los tres incendios intencionales que sufrió entre abril y mayo el Centro Comunitario de Mallín Ahogado donde se reúne periódicamente la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, una de las instituciones protagonistas de la lucha contra la especulación inmobiliaria en la Comarca Andina del Paralelo 33 y en particular contra el loteo del Mallín Ahogado.

La apropiación del Lago Escondido

El empresario Martínez está sindicado ante la Justicia como uno de los administradores del millonario inglés Joe Lewis. El magnate está investigado en la Justicia rionegrina por la compra de 10 mil hectáreas en la zona. Además, de por bloquear desde hace años el acceso público al Lago Escondido. Parodi afirmó que “son Martínez y Tornero son los principales operadores del loteo del Mallín Ahogado, que busca construir una villa turística al pie del Cerro Perito Moreno”.

En los ‘90, Lewis compró el terreno por tres millones y medio de dólares. Durante este tiempo se trazaron senderos sobre terrenos fiscales para poder recorrer los 23 kilómetros que separan el lago del cerro. Pobladores de la zona descubrieron los caminos ilegales en 2011 y lo denunciaron en la Justicia, expediente que nunca avanzó.