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Cuatro mujeres masacradas a golpes y puñaladas. Dos procesados, uno en libertad. Drogas, celos, ADN positivo y testigos cuestionados. Pericias contrapuestas e informes telefónicos parciales. Un detenido que asegura saber la verdad y la violencia de género en el foco de la línea de investigación. Todo eso (y más) contiene la causa en la que se investiga el cuádruple asesinato en el barrio La Loma de la ciudad de La Plata, ocurrida el 27 de noviembre de 2011.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, integrada por los jueces Carlos Silva Acevedo, Alejandro Villordo y Javier Guzmán, elevó la causa a juicio oral, después de rechazar el pedido de sobreseimiento presentado por las defensas de los acusados, Javier “La Hiena” Quiroga y Osvaldo “Karateca” Martínez.

En la mañana del 27 de noviembre de 2011, en las oficinas del 911 tenían un día tranquilo, sin sobresaltos, hasta que un llamado alteró primero al call center de emergencias y luego a toda la ciudad: cuatro mujeres asesinadas a puñaladas y golpes fueron encontradas en un departamento de la calle 28 entre 41 y 42.

Los cuerpos ensangrentados de Bárbara Santos, su hija Micaela Galle, su madre Susana de Bártole y Marisol Pereyra, amiga de la familia, estaban rodeados de huellas de un calzado talle 42. La escena del crimen hablaba: furia descontrolada, violencia, ensañamiento, un ataque sorpresivo.

Las primeras declaraciones de vecinos indicaron el norte de la investigación que mantuvo el fiscal Álvaro Garganta y confirmó el juez de Garantías, Federico Atencio. En su libreta de apuntes, el magistrado se anotó un nombre: Osvaldo Martínez, novio de Bárbara. En su círculo social Martínez era y es “Alito”, pero los medios de comunicación lo bautizaron “Karateca”. Incluso un canal de televisión, en uno de sus informes, lo llamó “el karateca asesino”.

Algunos testigos aseguraron ante policías que Martínez tenía una relación tensa con su pareja, madre de Micaela, la niña de 11 años, también víctima del femicidio. “Es celoso y posesivo”, dijeron los vecinos del complejo habitacional donde se ejecutó la masacre. “Sabe karate”, dijo otro. Con esos dos datos, se ordenó la detención.

La escena luctuosa fue visitada y analizada científicamente en varias ocasiones. Igual suerte corrió la vivienda del detenido. En el trágico PH no se encontraron restos de ADN del entonces único sospechoso. En su casa, en su automóvil y en su ropa, tampoco se hallaron restos de sangre. Martínez fue detenido ese domingo al mediodía. El reconocimiento médico legal estableció que hacía más de dieciocho horas que no se bañaba. Los crímenes se ejecutaron once horas antes de su captura.

El remisero

Días después del múltiple crimen, apareció un testigo clave. El remisero Marcelo Tagliaferro aseguró haber visto a Martínez salir de la casa con el torso desnudo, y golpear la parte trasera de su auto. Lo sostuvo en su segunda declaración, cuando la foto del acusado había sido difundida. En la primera exposición realizada pocas horas después del hecho, dijo que no estaba en condiciones de reconocer a nadie.

El chofer había llevado hasta la casa de las víctimas a Marisol Pereyra, quien en la noche del 26 de noviembre de aquel año pensaba salir a divertirse con su amiga Bárbara. La pasajera, al entrar a la casa, vio la escena del horror y pagó con su vida.

Tanto el fiscal como el juez de Garantías, firmaron resoluciones en los que la “celotipia” figura como el móvil de la masacre. Para los funcionarios el caso debía enmarcarse dentro de la violencia de género, de la brutalidad machista.

En los primeros días de enero de 2012, Martínez quedó en libertad por falta de pruebas, según entendieron dos jueces de la Cámara de Apelaciones que no lo desligaron del caso. Ese dato, sumado a restos de ADN de un hombre sin identidad, ponían a los investigadores en una encrucijada de difícil resolución: ubicar al dueño de las marcas genéticas.

Ese verano se barajaron varias hipótesis: deudas abultadas, pista narco, noche, juego, vida promiscua, travestis tarotistas con HIV. Todas terminaron en foja cero.

El albañil

El 3 de mayo de aquel año Martínez fue nuevamente detenido. Esa madrugada apareció el dueño del ADN: Javier Osvaldo Quiroga, un albañil apodado “Hiena”. En su declaración indagatoria aseguró haber asesinado a las mujeres por orden del coimputado, quien lo amenazaba con un arma de fuego, que nunca fue encontrada.

Desde la cárcel Martínez rompió el silencio en tres entrevistas. Envió una carta a medios de comunicación y varios mensajes en la red social Facebook. En todas sus apariciones apuntó al remisero Tagliaferro como el cómplice de Quiroga. En septiembre Martínez recuperó nuevamente la libertad y presentó una denuncia penal por “falso testimonio” al remisero. Visitó varias veces la tumba de Bárbara. Le llevó flores y golosinas bon o bon, las preferidas de ella. Comenzó terapia, retomó sus estudios de Ingeniería y su trabajo en YPF. Mientras, la causa seguía su curso hasta que finalmente fue elevada a juicio oral.

Con el sumario de pruebas cerrados por el fiscal, un detenido envió una carta al magistrado. La firmaba Daniel Oscar Peña Devito. En la nota, detalló que compartió “ranchada” con Quiroga en la Unidad 34 de Melchor Romero y aseguró que el sospechoso se quebró dentro del penal al confesarle que fue el “único” asesino.

En la carta, el interno pidió declarar, pero la etapa procesal para hacerlo estaba clausurada. Tendrá revancha. Una vez que el expediente tenga Tribunal a cargo del juicio oral, la defensa de Martínez pedirá incorporarlo al debate como testigo, junto con un nuevo análisis de las comunicaciones telefónicas de víctimas y procesados.