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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta “corrió vista” del pedido de juicio político que se presentó contra del juez Víctor Soria. El magistrado, denunciado por impedir el aborto no punible de una menor abusada, tendrá diez días para responder el traslado.

Según confirmaron a Infojus Noticias fuentes del Poder Judicial salteño, en esta primera reunión los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento lo notificaron sobre las denuncias al titular del Juzgado de Familia N° 2, Víctor Soria. El juez tiene diez días para responder el traslado y en ese momento el jurado estará en condiciones de decidir si inicia formalmente el proceso de juicio político, y si lo suspende.

Además se pidieron los antecedentes de Soria e información pertinente para poder tratar su caso. Se le solicitó a la Oficina de Violencia Doméstica provincial información sobre si el magistrado posee alguna denuncia por violencia familiar. Esto se debe a que en el último tiempo rumores indicaban que el juez habría tenido una denuncia realizada por una ex pareja.

Por otra parte, se adjuntaron antecedentes de la actuación de Soria como magistrado en el último tiempo. Por ejemplo, se agregó una denuncia por el presunto accionar del juez en una causa con la AFIP en la que en el marco de un amparo habría hecho lugar a una medida cautelar y luego se habría declarado incompetente para actuar en esa causa. Se trata de un expediente (que actualmente está en la Corte provincial) donde el juez autorizó el trasporte de seis camiones de harina hacia La Quiaca.

Distinta a Soria se planteó la situación de la asesora de incapaces N° 2, Claudia Flores Larsen, también denunciada. Los integrantes del jurado pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles para resolver la situación de la funcionaria. Según pudo saber este medio se está analizando hacer un “desdoblamiento” de la acusación y en el caso de Flores Larsen se estudia la posibilidad de archivar la denuncia en su contra.

El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por el presidente de la Corte de Justicia salteña, Guillermo Posadas –presidente-; el juez de la Corte Guillermo Catalano; la Fiscal de Estado Mónica Lionetto; los senadores Jorge Pablo Soto (mayoría) y María Silvina Abilés (minoría); como abogado del foro designado por Senadores, Guillermo López Mirau; los diputados Manuel Santiago Godoy (mayoría) y Alejandra Beatriz Navarro (minoría) y como abogado del foro designado por Diputados, Aldo Juárez.

El caso

El 9 de noviembre de 2013, Cristina volvió de improvisto a su casa en la ciudad de Salta y se dio cuenta de que su pareja, padrastro de la menor, se encontraba encerrado en el baño con su hija de 14 años. La mujer lo increpó y el hombre las atacó a ambas. Los gritos alertaron a los vecinos que llamaron a la policía. La mujer y la niña estaban muy golpeadas y las trasladaron hospital. Los médicos constataron, además de los golpes, los abusos y que la niña estaba embarazada.
Mientras las niña permanecía internada, y los médicos habían dispuesto todo para la intervención, la información se filtró y la asesora de incapaces, Claudia Flores Larsen (una de las denunciadas) presentó un amparo para impedir la interrupción del embarazo. El 13 de diciembre el juez Soria, prohibió la realización del aborto no punible a la menor y le ordenó al Estado provincial que le asigne “un subsidio y toda terapia psicológica” para que la niña pueda “afrontar su embarazo en resguardo de su bienestar y el de su hijo”.