El trabajo de las fuerzas federales en Rosario tuvo su correlato en la Justicia. Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, la llegada de Gendarmería al territorio permitió que se abrieran 350 expedientes por tráfico de drogas en la ciudad. “Tuvimos un alud de causas”, explicó a Infojus Noticias el juez federal Carlos Vera Barros.
Dos mil efectivos de Gendarmería y Prefectura patrullaron durante ocho meses los barrios más peligrosos de Rosario y capacitaron a miembros de la policía provincial. El trabajo de las fuerzas federales en el territorio tuvo su correlato en la Justicia. Según explicó hoy el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, el Operativo Rosario permitió que se abrieran 350 expedientes por tráfico de drogas en la ciudad. “De golpe se incrementó el trabajo: tuvimos un alud de causas”, explicó a Infojus Noticias el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros.
Con el desembarco de las fuerzas federales en abril del año pasado los dos juzgados federales de instrucción penal de Rosario se abarrotaron de expedientes por narcomenudeo. En ocho meses desbarataron más de un centenar de kioscos de drogas. En muchos casos, los volvieron a levantar y fueron nuevamente derribados. “El búnker es sinónimo de impunidad. El lugar de venta de droga va cambiando; el punto de venta fijo era la evidencia de la convivencia policial”, explicó Vera Barros.
“El gobierno provincial había pedido que interviniera Gendarmería. Pero antes había que limpiar el territorio, no podían estar los gendarmes al lado de los bunkers. Entonces se hizo un relevamiento urgente de la información: las denuncias que había en los buzones de la vida, las particulares y otras pocas que había hecho la propia policía provincial. Gendarmería y la Policía Federal hicieron las constataciones de esos bunkers”, explicó el magistrado. Los jueces Vera Barros y Marcelo Bailaque firmaron 89 órdenes de allanamientos que tres mil agentes ejecutaron en simultáneo en una hora y media. Participaron cuatro helicópteros, un avión de observaciones y 50 perros de la Policía Federal.
Los allanamientos correspondían a un centenar de causas diferentes: en algunas se hicieron uno o dos operativos; en otras no se llegaron a concretar porque se comprobó que las sospechas eran infundadas. Hubo decenas de detenidos y escasa cantidad de droga secuestrada. "No vinimos a buscar narcotraficantes, vinimos a hacer un desembarco”, explicó el entonces titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Félix Crous. "No vinimos a buscar cantidad de droga, vinimos a hacer el desembarco pacífico porque no podíamos poner la Gendarmería en lugares donde había armas, gente con ametralladoras, chicos menores", agregó Berni.
El resultado fue el derribo de los bunkers y la expulsión de los transas del barrio. “Eso sirvió para limpiar el territorio y darle tiempo a la policía a que se organice”, explicó Vera Barros.
“En los ocho meses que estuvo Gendarmería se siguió actuando”, contó el magistrado. Entre 40 y 50 detenidos a cargo de su juzgado están procesados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, que prevé penas de cuatro a quince años. La mayoría de las causas están a un paso del juicio oral.
Además de los 350 expedientes por violación a la ley de drogas, los operativos de Gendarmería iniciaron numerosas causas en la Justicia provincial. En estos ocho meses, explicó Berni, "hubo más de 2.500 detenidos, controlamos más de 200 mil vehículos, se han secuestrado unos 12 mil vehículos que tenían pedido de secuestro y que estaban fuera de la ley para circular y hemos retirado de las calles más de 600 armas".
"Hemos trabajado en más de 30 barrios, conflictivos, de alta violencia, que han sido designados por la provincia, por las autoridades locales", explicó Berni. "No fue una decisión nuestra dónde ir a trabajar sino fue un requerimiento del gobierno santafesino. Hemos intervenido en todos los barrios y en muchos le entregamos la posta a la policía", agregó.