"El testimonio en un juicio no es volver a contar, sino volver a vivir"
Así lo señalaron desde el centro Ulloa, de acompañamiento a víctimas de violaciones de DDHH. Fue a partir de la revictimización a la que fue sometida una testigo en un juicio de lesa en Salta. La fiscalía pidió suspender una pericia que se ordenó, a pedido de un defensor oficial, sobre Esmeralda Guerrero, que declaró que en su cautiverio fue violada y torturada.
Télam.
La causa conocida como Metán, en Salta, es un juicio por delitos de lesa humanidad que empezó en abril, con 12 víctimas y 6 imputados. En las últimas audiencias, las partes protagonizaron una controversia que aún no llegó a su fin. Los fiscales federales Eduardo Villalba y Juan Manuel Sivila pidieron “la inmediata suspensión” de una pericia que se ordenó sobre la ex detenida política Esmeralda Guerrero, que declaró que en su cautiverio “fue reiteradamente violada y sometida a servidumbre”. A raíz de su testimonio, el defensor oficial Oscar Tomás del Campo había solicitado que la testigo sea sometida a una serie de pruebas para determinar “si miente”. Ante ello, los fiscales confirmaron a Infojus Noticias que no sólo impedirán la pericia sino que harán una presentación judicial por calificarla de “estigmatizante, revictimizante y discriminatoria”.
Por eso presentaron un recurso de queja en Casación, donde advirtieron que, si se da lugar a la medida, se “sienta un gravísimo precedente que no se ha tomado jamás en una causa de esta envergadura, en ningún lugar del país, lo que marcaría un retroceso histórico y nefasto para el desarrollo progresivo de los mecanismos de protección de derechos humanos”.
En diciembre de 1976, Guerrero fue secuestrada cuando tenía 15 años por miembros de la policía salteña en Metán. Fue torturada y violada. Estuvo detenida allí hasta noviembre de 1977. Recuperó su libertad al ser "vendida" a un hombre identificado como Fermín Chaile. Guerrero declaró y acusó a cuatro policías, entre ellos al también ex director de tránsito Eduardo del Valle del Carmen, que está siendo juzgado.
Después de su declaración, el defensor Del Campo tomó la palabra y pidió al Tribunal Oral Federal de Salta -integrado por Federico Díaz, Marcelo Juárez Almaraz y Marta Snopek- que se realizara una pericia sobre la integridad de la víctima, ya que desconfió de su reconstrucción de los hechos. De inmediato, los fiscales exhibieron su rechazo y propusieron un debate sobre la naturaleza del planteo, que no fue aceptado por los jueces.
Luego advirtieron que esta medida y los trámites que la rodean “importan una injerencia arbitraria sobre la intimidad y dignidad de la testigo víctima, constituyen prácticas estigmatizantes, revictimizantes, discriminatorias y prohibidas por la legislación vigente” además de acarrear “un grave daño de imposible reparación ulterior”. El Tribunal aún no decidió si dará lugar a la pericia.
La posición de la fiscalía recibió el apoyo del Centro de Asistencia a Víctimas “Dr. Fernando Ulloa”. Desde el organismo señalaron que estas pruebas son “invasivas del ámbito más íntimo de la vida de la víctima”. Dijeron a esta agencia que el pedido del defensor es “inédito” y repudiaron el rechazo del Tribunal a discutir cómo interpretar el testimonio de la víctima. Remarcaron, además, que Guerrero debió retirarse varias veces de las audiencias, quebrada por el llanto. “El testimonio en el juicio no es volver a contar, sino volver a vivir. Y eso trae consecuencias. Si el tribunal da lugar a hacerle pericias psicológicas como quiere el defensor oficial, se vulnerará la posición subjetiva de la víctima”, dijeron.
Los fiscales subrayaron otras razones. “El mismo Estado, que durante el terrorismo impuesto por los golpistas abusó de ella, la sometió a todo tipo de violaciones y vejaciones, hoy nuevamente intenta exponerla a situaciones extremadamente vulnerabilizantes”.
En el juicio oral y público están acusados el ex jefe de la policía Miguel Gentil; el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Mulhall; y los policías Rafael Orlando Perelló, Eduardo del Carmen del Valle, Marcos Honorio Medina y Andrés del Valle Soraire. Mulhall, que ya fue condenado en distintos juicios de lesa humanidad, al igual que Gentil, se encuentra detenido en el Hospital Militar de Ezeiza, mientras que Soraire y Del Valle cumplen prisión domiciliaria y Perelló y Medina están excarcelados.
El juicio busca dilucidar crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de Ángel y Carlos Toledo, Hugo Velázquez, Esmeralda Guerrero, Orlando Molina, Gerónimo Concha Canseco, Mario Monasterio Sánchez, Pedro Núñez Apaza, José y Luis Ortega, José Lino Salvatierra y Oscar Rodríguez. De las 12 víctimas, sólo Carlos Toledo y Guerrero son sobrevivientes y se encontraban en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Salta, mientras que el resto fueron asesinados o se encuentran desaparecidos.
Metán está a 145 kilómetros del sur de la capital salteña. La causa tiene cuatro expedientes distintos. La primera causa incluye el homicidio de Federico Toledo y la tentativa de homicidio de su hermano Carlos, mientras que otro de los expedientes contiene los hechos en los que desapareció Velázquez y en los que Guerrero fue violada, torturada y privada de su libertad durante varios meses.
El tercer expediente investiga los hechos en los que desaparecieron los secuestrados Molina, Nuñez Apaza, José y Luis Ortega, Concha Canseco y Monasterio Sánchez. Un cuarto expediente analiza los homicidios de Salvatierra y Rodríguez, quienes el 10 de mayo de 1977 viajaban en un camión marca Mercedes Benz y cuyos cuerpos aparecieron a dos kilómetros de la ruta nacional 16, a la altura del empalme de Ceibalito, en el departamento salteño de Anta.
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