Lo afirmó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Mocase-VC. Fue porque el Tribunal permitió que declaren como testigos tres niños en presencia de los acusados. Les reprocharon a los jueces "poca sensibilidad" con respecto a las víctimas. Hoy se reanuda el juicio, con los testimonios de los integrantes de la comunidad a la que pertenecía Cristian Ferreyra.
En el juicio que se realiza en Monte Quemado, Santiago del Estero, por el asesinato del campesino Cristian Ferreyra en manos de sicarios que trabajaban para el empresario agrícola, Jorge Cicciolli, se conocerán hoy los testimonios de integrantes de la comunidad a la que perteneció el joven. El juicio se reanuda después de que el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC), en una audiencia anterior, le reprochara al tribunal "poca sensibilidad" respecto de las víctimas.
En total son cinco las personas citadas para hoy, tras el cuarto intermedio dispuesto por la Cámara del Crimen de I Nominación, que preside Elida Suárez de Bravo. En la audiencia anterior, el Mocase-VC afirmó que el tribunal "prefirió privilegiar las garantías a la defensa de los imputados por el asesinato, en contra de los criterios jurídicos más elementales", al hacer que tres niños declararan como testigos en presencia de los acusados.
"Basta mencionar la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General (de la ONU) en noviembre de 1989 y que entró en vigor en Argentina en 1990" con rango constitucional, según la cual los niños tienen derecho "a ser protegidos de sufrimientos durante el proceso de justicia”, señaló la organización en un comunicado.
La organización campesina consideró esta actitud como "una nueva señal de la propensión de los integrantes de la Cámara del Crimen de I Nominación a imponer un funcionamiento procesal poco sensible a las necesidades de los sujetos menos favorecidos", informó Télam.
Este comportamiento de los jueces se sumó a la anterior "negativa a otorgarle el derecho a brindar alegato y exigir penas a (la querella de) las víctimas representadas por el equipo jurídico del Mocase, privando de una potestad importante al campesinado de la región", añadió.
"Aun así, los relatos de los niños tuvieron gran relevancia, confirmando el cobarde hostigamiento de (Javier) Juárez y su banda a los chicos que acudían a la escuela, afirmando que, mientras amenazaban con secuestrarlos y hacerles daño, mostrando sus armas, el empresario (Jorge) Ciccioli una vez les ofreció que regalaría bicicletas", pero nunca se las entregó.
Por el asesinato de Ferreyra, que tenía 23 años, están procesados Francisco Javier Juárez, como autor material de "homicidio simple, lesiones graves, amenazas y abuso de armas", y el empresario rural Jorge Antonio Ciccioli, acusado de los mismos delitos en grado de partícipe secundario.
En este proceso también son juzgados Carlos Abregú, Mario Abregú, Víctor Juárez y Walter Juárez, integrantes de la banda armada encabezada por Javier Juárez, al servicio de Ciccioli, que atacó a Cristian Ferreyra y otros integrantes de la comunidad que vivía y trabajaba en campo San Bernardo, en la localidad de San Antonio.
Un séptimo acusado, el policía retirado santiagueño Demetrio Palomo, con arresto domiciliario, fue excluido del proceso por "no encontrarse en condiciones psicofísicas" de afrontar el juicio oral y será juzgado en una nueva instancia, según explicaciones del tribunal.
Además del homicidio de Cristian Ferreyra, los acusados enfrentan cargos por "lesiones graves" en perjuicio de César Godoy y "abuso de armas y amenazas" contra César Ferreyra, Ricardo Galván, Angela Juárez y Mirta Salto.
Ferreyra fue asesinado de un disparo de escopeta el 16 de noviembre de 2011, en campo San Bernardo, localidad de San Antonio, departamento de Copo, en el noroeste de Santiago del Estero, cuando los imputados pretendían desalojar a varias familias de campesinos que vivían en el lugar y explotaban productos forestales.
En el mismo ataque, el campesino César Godoy sufrió graves heridas por disparos de arma de fuego del grupo que, según la instrucción judicial, respondía a las órdenes del empresario Ciccioli.